Esta mañana, desde el Ministerio Público informaron que no darán a conocer los nombres de los periodistas supuestamente involucrados en el caso Detave, ya que los mismos no cometieron hecho punible alguno, y por ende no están dentro de la investigación fiscal.

En ese sentido, José “Pepe” Costa, periodista y analista político, sostiene que el Ministerio Público no está obligado a dar información que afecte con la investigación en curso y que eso está establecido en el Código Procesal Penal. “Solamente las partes pueden tener acceso a esa información”.

“¿La pregunta es cómo el Ministerio Público ha dado en otros casos los nombres de los imputados? Y es que la propia fiscalía tiene que saber manejar en general el interés de reserva. Si da a conocer, es porque la Fiscalía tiene un interés público o considera que se puede dar a conocer sin que ello obstaculice la investigación fiscal. Ellos son los que asumen la responsabilidad. La ley es taxativa. Ellos se pueden negar a dar ese tipo de información”, explicó en entrevista para La Nación.

Analizando un poco más sobre la situación, mencionó que en general hay que reclamar al Ministerio Público, a la Policía Nacional y a las entidades públicas el correcto ejercicio de la función en base a la Ley. Y cualquier ciudadano pueda recibir el derecho de ser protegido en su identidad, salvo que haya una prueba contundente en su contra. Insta a que entre a regir el principio de la garantía principal de la Constitución Nacional: “El derecho de la presunción de inocencia” (Constitución Nacional Paraguaya. Capítulo II De la Libertad, en su Artículo 17. De los derechos procesales se establece que: En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a: 1) Que sea presumida su inocencia. Nota de la editora).

“Muchas veces por un afán mediático o de ‘figuretti’, dan a conocer nombres o hablan a las anchas del supuesto investigado o de la supuesta coima. Nadie dice que no deban investigar o incluso llegar a imputar, lo que está mal es que eso se haga de manera irresponsable y después no se hagan cargo de posteriores aclaraciones que terminan desdibujando las acusaciones o las imputaciones que inicialmente hicieron”, sentenció Costa.

En este caso en particular del caso del Detave, sostuvo que está bien que hagan su trabajo investigativo, pero también que cuiden y preserven la información que sea necesaria. Sugiere que no solo la Fiscalía debe resguardar información, sino también los periodistas. “A veces también somos cómplices que conducen a transgresiones de la reserva de la investigación judicial, sin ningún tipo de responsabilidad. En ese caso los periodistas que sean objetos de algunas sospechas deben contar con ese derecho de presunción de inocencia, que se le confiere a todos los ciudadanos”, concluyó.

Se filtraron los nombres de los supuestos periodistas que estaban involucrados en el esquema de contrabando desbaratado el pasado viernes. Se menciona que la lista se encontraba entre las anotaciones del Gral. Ramón Benítez, ex titular del Detave, durante la incautación

Presumiblemente, los 7 comunicadores eran sobornados para no dar información acerca del contrabando, dentro del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada.

Las anotaciones eran: “Ruffo, Ñanduti; Molina, periodista; Gaby León, Víctor Pesoa, Hugo Candia, Mario Bracho, Agüero”. El cuaderno con estos datos habría sido encontrado en la vivienda del Gral. Benítez, tras allanarse su vivienda, el viernes, pero la información no fue confirmada oficialmente.

Una comitiva fiscal policial allanó el pasado la vivienda del general (SR) Ramón Benítez, ex director del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada (Detave). El allanamiento se produjo tras comprobarse que recibió dinero de recaudación ilícita.

Este dinero entregado como parte del botín, había sido previamente fotocopiado y ser señalado como dinero que habitualmente se le rendía al militar retirado, como la cabeza de esta red de coimas. Los sobornos se darían a cambio de hacer la “vista gorda” o simplemente no observar los cargamentos ilegales que ingresan al país, especialmente en la frontera con la Argentina.