Quito, Ecuador | AFP | por Santiago PIEDRA SILVA / Hector Velasco

Varios miles de indígenas y campesinos de Ecuador comenzaron a marchar este miércoles en Quito contra el ajuste económico del gobierno y bajo un fuerte dispositivo de las fuerzas de seguridad.

La esperada marcha de los indígenas avanza por las calles de una ciudad militarizada y semiparalizada. Mujeres con palos van al frente de la movilización contra la eliminación de los subsidios de gasolina y el consecuente aumento de los precios, observaron periodistas de la AFP.

Los indígenas en Ecuador pondrán el máximo de presión sobre el acosado gobierno de Lenín Moreno este miércoles, con una movilización que busca coronar una semana de disturbios y protestas contra el alza del precio de los combustibles.

Moreno abrió la puerta del diálogo con la mediación de la ONU y la Iglesia católica, tras una nueva jornada de caos que incluyó el martes el breve asalto a la desocupada sede del Parlamento cuyas actividades habían sido suspendidas desde temprano.

"Ya hemos tenido los acercamientos respectivos; hemos conversado con algunos de sus dirigentes", dijo el mandatario en la víspera de la gran marcha indígena sobre Quito, una ciudad militarizada y semiparalizada por las manifestaciones.

Sin embargo, la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) no da su brazo a torcer.

Miles de sus militantes se concentran en la capital antes de sumar fuerzas con sindicatos y estudiantes en rechazo a la eliminación de los subsidios de los combustibles dispuesta por el gobierno el 2 de octubre.

La impopular medida, que disparó los precios del diésel y la gasolina hasta en 123%, forma parte de un programa de préstamos pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que alcanza los 4.203 millones de dólares destinados a cubrir déficit.

Moreno sigue el minuto a minuto de la crisis desde Guayaquil, adonde trasladó la sede del gobierno el lunes ante el acoso de los indígenas que iban llegando a Quito desde el interior. Las Fuerzas Armadas, movilizadas dentro de un estado de excepción, se mantienen leales al gobierno.

Las clases siguen suspendidas en el país y en la capital el transporte público escasea.

"La Conaie ratifica la permanencia de la movilización nacional contra las medidas económicas", señaló la dirigencia indígena en un comunicado, sin mencionar los contactos con el gobierno.

Empero, el despliegue de los militares y la medida de excepción han sido insuficientes para contener la crisis, la más grave desde la caída del entonces presidente Lucio Gutiérrez en 2005.

El martes se produjeron nuevos y violentos enfrentamientos. Un grupo de indígenas alcanzó a ocupar el Legislativo antes de que fuera desalojado por los uniformados con gas lacrimógeno.

A raíz de ello, el gobierno restringió el tránsito nocturno alrededor de instalaciones estratégicas como ministerios, puentes y antenas de comunicación.

En siete días de manifestaciones ha habido al menos un muerto, 73 heridos (incluidos 55 uniformados) y unos 600 detenidos.

Las protestas han alcanzado a la industria petrolera. Varios pozos en la Amazonia han sido ocupados por manifestantes, lo que generó una caída del 31% de la producción ecuatoriana, estimada en 531.000 barriles por día.

Moreno culpa de la agitación social a su antecesor y exaliado Rafael Correa.

Según el mandatario, Correa intenta derrocarlo en alianza con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

En el centro de una ofensiva diplomática y económica, Maduro se burló al señalar el martes que esa acusación es tan insólita como decir que puede derrocar gobiernos con tan solo mover su bigote.

En Bélgica, Correa dijo el miércoles a la prensa que será candidato "si es necesario", precisando que, como le "inhabilitaron entre comillas para ser presidente", la opción pasaría por postularse de "vicepresidente para abajo".

En consulta popular de 2018, los ecuatorianos eliminaron la reelección indefinida impulsada por Correa, quien ya había descrito el momento actual como una "grave conmoción social", negado los señalamientos de Moreno y pedido el adelanto de elecciones -previstas para 2021.

Correa enfrenta una orden de captura en Ecuador por un delito que le endilga la fiscalía desde antes de que estallaran las protestas la semana pasada.

Lo cierto es que "tenemos un problema muy serio de desajuste de la economía. Los precios de los combustibles es (un tema) muy complejo que ningún gobierno lo ha tocado en 15 años. Si es que el gobierno cede, se verá obligado a endeudarse mucho más", señaló a la AFP Simón Pachano, politólogo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Estados Unidos, la Secretaría General de la OEA y siete países latinoamericanos encabezados por Brasil, Colombia y Argentina cerraron filas en torno a Moreno.

Por Rocío Gómez.

Desde la comunidad indígena Chupa Pou, del departamento de Canindeyú, el líder Napoleón Torales denuncia supuesto hecho punible de invasión de inmueble ajeno. “Hace más de un año estamos siendo invadidos por parte de vecinos”, denuncia.

El Gobierno expropió estas tierras para la comunidad Chupa Pou ya en el año 1993. Así también Constitución Nacional en el capítulo V de los Pueblos Indígenas especifica en los artículos 62 al 67 “la existencia de los pueblos indígenas, definidos como grupos de cultura anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo”.

Sin embargo, desde el 2007 enfrentan varios casos de invasión por parte de un supuesto nuevo titular, Carlos Volnei Ricardi.

Este título había sido declarado nulo judicialmente, pero el líder denuncia que Ricardi financia logísticamente estas invasiones por parte de vecinos de los distritos 7 Montes, Curuguay, Villa Ygatimí, entre otros.

Junto a esto, aseguran haber sido amenazados y amedrentados por los invasores, que en años anteriores llegaron a maltratar físicamente a adultos mayores de la comunidad.

La causa se encuentra en investigación como “Averiguación sobre hecho punible de inmueble ajeno” desde el 2018, encabezado por el Fiscal Jorge Romero, con acompañamiento de la Fiscalía de Derechos Étnicos la Abg. Dora Penayo.

Los más de 150 invasores presentaron también el justificativo de un supuesto excedente de tierras por parte de la comunidad indígena. Sin embargo, desde INFONA fiscalizaron el terreno y confirmaron “destrucción de la masa boscosa”, es decir, deforestación por parte de los “invasores”.

“A esto se suma la falta de acción por parte de las autoridades pertinentes”, lamenta el líder Torales sobre la investigación que estaba a cargo de un fiscal de Curuguaty que fue trasladado, por lo que el caso quedó en manos de otro fiscal de la unidad 3. Pero sin acompañamiento cercano del INDI, ni de la fiscalía de derechos étnicos. “Siempre los más marginados son los indígenas. Desalojo, persecución a todas las comunidades, y prácticamente estamos pidiendo socorro para llamar la atención e las instituciones correspondientes”, concluyó Napoleón.

Bogotá, Colombia | AFP |

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) pidió este martes protección "inmediata" para más de 1.600 indígenas que han sido desplazados o están confinados por combates entre grupos armados en el noroeste de Colombia.

"Más de 1.600 indígenas de 10 comunidades Embera y Wounaan son víctimas de desplazamiento forzado y confinamientos" en Juradó, del empobrecido departamento del Chocó, indicó en un comunicado Acnur, que basó las cifras en reportes de autoridades locales.

La "emergencia" se presenta desde el 26 de abril en el norte de ese municipio fronterizo con Panamá como consecuencia de enfrentamientos entre grupos armados ilegales y su presencia en los territorios indígenas.

Según la agencia, hasta el momento seis comunidades (914 personas) fueron desplazadas y cinco más están en situación de confinamiento (729 personas). Del total de la población afectada, 263 son menores de cinco años.

Por ello, solicitó al gobierno colombiano "la adopción de medidas de protección y atención humanitaria inmediata".

El selvático departamento del Chocó es el epicentro de una disputa territorial entre el ELN (Ejército de Liberación Nacional, guevarista), reconocida como la última guerrilla activa de Colombia, y el Clan del Golfo, la mayor banda narcotraficante del país que surgió a partir de paramilitares de ultraderecha desmovilizados en 2006.

Ambas organizaciones se enfrentan para controlar una zona en la que antes operaban las poderosas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) que dejaron las armas y se transformaron en partido en 2017 tras firmar un histórico pacto de paz.

Pero además Chocó, el departamento más pobre de Colombia, es uno de los puntos estratégicos de salida de cargamentos de cocaína que parten del Pacífico colombiano hacia Centroamérica y Estados Unidos.

También es un corredor para migrantes africanos, haitianos y cubanos que atraviesan Colombia con rumbo a Centroamérica, generalmente con Estados Unidos como destino final.

Aunque aliviada por el acuerdo con las FARC, Colombia vive un conflicto armado que durante más de cinco décadas ha enfrentado a guerrillas, paramilitares, agentes estatales y narcotraficantes, con saldo de ocho millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.

Hoy se cumplen cuatro días sin que los funcionarios ni la presidenta, Ana María Allen Dávalos, puedan ingresar al edificio del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI). ¿La razón?. Una manifestación de aproximadamente 20 personas de distintos pueblos indígenas del Chaco, que piden la destitución de la presidenta del INDI.

Por Rocío Gómez (rocio.gomez@gruponacion.com.py)

Los líderes presentes en la manifestación son de los pueblos Angaité, Toba Qom, Enhlet Norte (Lengua Norte) y Enxet Sur (Lengua Sur). Con un cartel que reza “Marito orehamima roñe'ê eipe’a Ana Maria Allen INDIgui roipota Abog. Elvira Montanía presidenta INDIpeguarâ”, que traducido sería “Marito, ya hemos hablamos, sacale a Ana Maria Allen del INDI y designale a la Abog. Elvira Montanía como presidenta del INDI.”

Por otra parte, líderes de pueblos indígenas de la región Oriental sostienen desconocer esta denuncia proveniente de la región Occidental.

La asistente de la presidenta del INDI, en contacto con La Nación, informó que esta mañana la titular se reunió con gente del gabinete de la presidencia, de la fiscalía y el Procurador General del Estado, para poder restablecer la apertura de la institución.

“Hay que entender los incendios y prioridades”, refirió la asistente, cuando fue preguntada por el caso de supuesto desalojo y secuestro de pobladores avá Guaraní de la comunidad Tacuara’i en el distrito de Corpus Christi, departamento de Alto Paraná.

Otro de los “incendios” que el INDI deberá resolver es la reciente renuncia del Director Jurídico el Dr. Jorge Rozzano. En contacto con La Nación, y al ser consultado por el caso Tacuara’i, el ex Director Jurídico informó que ya no está autorizado a responder por haber presentado su renuncia al cargo.

Días antes, el senador Sergio Godoy, había señalado que en los primeros 90 días de la nueva gestión, no se ve un plan definido de Gobierno y que cada uno actúa en su “campo de acción”. Esto podría verse reflejado ahora en la gestión del INDI, que no puede dar abasto a tantos “incendios” en temas agravados como supuesto secuestro y tortura de indígenas.