Un grupo de ciudadanos denunció la supuesta mala utilización de víveres distribuidos en 158 bolsas por parte de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). Se hablaba de que los bienes habrían sido retirados en un camión del domicilio del director del penal de Emboscada, Carlos Irala, ayer. La vivienda se encuentra ubicada sobre la Ruta III, en el centro de Emboscada, Cordillera. En tanto, la denuncia se radicó en la comisaría 6ta de esta ciudad.
La denuncia refiere que no se hizo entrega de los víveres a las personas que precisan de los alimentos. "Los víveres son utilizados para campaña política. Estaban en la casa particular del director del penal de Emboscada. Él es operador político de ‘Colorado Añetete’. Sería un total de 7.000 kilos de víveres dentro de los kits″, expresó el denunciante Rogelio Mendieta, en contacto con La Nación.
Los pobladores agrupados en Contraloría Ciudadana de Emboscada refieren que aguardan respuesta por parte de las autoridades. Ayer, el fiscal de turno, Carlos Maldonado, dispuso que el vehículo fuera trasladado hasta la sede de la comisaría 6ta de esta ciudad como medida de seguridad hasta que los responsables presenten el título del vehículo y documentos que avalen origen de las mercaderías.
Piden auditoría
Los ciudadanos piden que la Justicia realice una auditoría de las mercaderías que fueron retiradas por parte de un asesor jurídico de la SEN. Sin embargo, personal de esta cartera estatal afirmó que los víveres serían repartidos por parte de organizaciones civiles. El fiscal Carlos Maldonado señaló que las mercaderías se retiraron de una vivienda ubicada al lado del domicilio del director del penal de Emboscada.
"La presidente de la comisión vecinal, Daisy Pereira presentó los documentos. Las mercaderías están a cargo del SEN. Las bolsas fueron retiradas del domicilio de la madre de la señora Pereira que vive al lado del domicilio del director del penal. Necesitaban embolsar los productos en este domicilio”, dijo Maldonado, en contacto con La Nación.
En el lugar se constituyó el fiscal en compañía del asesor jurídico de la Secretaría de Emergencia Nacional para retirar alrededor 5.000 kilos de víveres distribuidas en 158 bolsas.