El Pacto Global de Migración nació desde las Naciones Unidas con la finalidad de cubrir todas las dimensiones de la migración internacional de una manera completa. El proyecto será tratado los próximos 10 y 11 de diciembre en la ciudad de Marrakech, en Marruecos.
El canciller Luis Alberto Castiglioni afirmó desde su cuenta en Twitter que en redes sociales circulan documentos falsos sobre el contenido del Pacto Global de Migraciones.
“El Pacto Mundial reafirma que los Estados tienen el derecho soberano a determinar su propia política migratoria y la prerrogativa de regular la migración dentro de su jurisdicción, de conformidad con el derecho internacional”, expresó el alto funcionario paraguayo vía Twitter.
Castiglioni señaló que os Estados podrán distinguir entre el estatus migratorio regular e irregular, incluso al decidir con qué medidas aplicarán el Pacto Mundial teniendo en cuenta sus diferentes realidades, y los requisitos para entrar, residir y trabajar en el país, de conformidad con el derecho internacional.
“Si hay dudas sobre el alcance de ciertas palabras del Pacto, el comunicado de la Cancillería ya anunció que haríamos reservas aclarando que la interpretación se hará estrictamente según la Constitución Nacional y nuestras leyes vigentes”, escribió Castiglioni.
De acuerdo a Castiglioni, la adopción por parte del Paraguay del pacto mundial sobre la migración no representa ningún cambio en la política migratoria ni imposición por parte de las Naciones Unidas u otro organismo.
Paraguay se sumará a los países que quieren la promoción de reglas claras a las migraciones y la protección de los derechos humanos de quienes se ven obligados por distintas circunstancias a abandonar su tierra. Tradicionalmente nuestro país ha sido emisor de migrantes.
Según el informe de la Cancillería, actualmente más de un millón de compatriotas residen en el exterior; agregando que por tanto, la obligación moral del gobierno es apoyar posiciones en la arena internacional que sean propicias para el bienestar de los connacionales, con el fin de evitar que sean sometidos a tratos denigrantes o a situaciones de irrespeto a sus derechos fundamentales.