Luis Villamayor, asesor jurídico de la Asociación de Operadores de Petropar, anunció que solicitarán al Congreso Nacional el trámite de un juicio político en contra de la Fiscal General del Estado Sandra Quiñonez por -supuestamente- encubrir a Patricia Samudio, titular de la estatal petrolera.

En contacto con la 970 AM, Villamayor explicó que la Fiscalía General Adjunta, a cargo de Soledad Machuca, aún no designó a agentes investigadores para atender la denuncia en contra de Samudio que fue presentada hace más de un mes.

“Hace más de un mes presentamos denuncia formal, además de otra que fue presentada al día siguiente”, dijo.

Villamayor denunció también que Néstor Coronel, un funcionario administrativo sin atribuciones jurisdiccionales de la Fiscalía, solicitó un informe a la Contraloría General República consultando si existió o no daño patrimonial en la gestión de Samudio.

“Eso es algo absurdo e irregular. Vamos a presentar denuncia, pero ya no ante una Fiscalía que hace oídos sordos a todo lo que es Petropar, pediremos Juicio Político para Sandra Quiñonez por mal desempeño y abierto encubrimiento de delitos graves que tienen que ver con un daño patrimonial y por intereses difusos que afectan a toda la población”, aseveró.

El asesor jurídico dijo además que la ciudadanía sigue pagando combustible más caro, lo que refleja el interés vinculado a otros emblemas privados.

“¿Cómo van a pedir un informe a la Contraloría? A la misma entidad que hace un año atrás había informado que todas las finanzas de Justo Pastor Cárdenas, extitular del Indert, estaban en orden. Hoy él está imputado y no puede justificar millones de su patrimonio personal”, expresó.

Por último, dijo que la cuestión de Samudio no tiene nada que ver con la Contraloría, siendo que se trata de una transgresión de una Ley (depositar dinero público en la banca privada). “Para cuestiones financieras, la Fiscalía de Delitos Económicos tiene expertos a patada”, sentenció.

Las diferentes anoma­lías que envuelven a la administración de Patricia Samudio como pre­sidenta de Petropar, en apenas dos meses de asumir al cargo, se volvieron insostenibles.

El abogado Luis Villamayor pre­sentó el 18 de octubre una denuncia con­tra Samudio ante el Minis­terio Público por tráfico de influencias, transferencia irregular de fondos públicos a bancos privados, enrique­cimiento ilícito, revelación de secretos de servicio, entre otros.

“A tan solo días de asumir al cargo ordenó irregular­mente la transferencia de los fondos de la empresa estatal, mediante una simple nota con fecha 4 de setiembre del 2018, de US$ 43 millones del Banco Nacional de Fomento (BNF) a bancos privados, contraria­mente a lo que establece la ley vigente y el decreto presi­dencial. Una de las entidades financieras más beneficiadas por Samudio es el GNB-PGY, donde se desembolsaron US$ 20 millones. Casualmente, con esta entidad bancaria opera la empresa Triqueta SA, cuyo principal accionista es el señor José Costa Perdomo, actual esposo de la presidenta de Petropar, y en donde esta empresa familiar debe unos G. 2.000 millones”, relata la denuncia contra la cuestio­nada presidenta.

Otra de las decisiones muy cuestionadas de Patricia Samudio hace referencia a que habiendo tiempo sufi­ciente para la compra de gas licuado de petróleo (GLP) directamente de un proveedor argentino, la presidenta deci­dió comprar de una empresa importadora local, totalmente contrario a los intereses de la institución y lógicamente favo­rable para la empresa Corpo­ración Petrolera SA (Copesa), cuyo presidente es Pedro Balotta, de quien se adquirió 4.000 toneladas de GLP por valor de US$ 3,5 millones. Esta operación representa US$ 100 la tonelada más caro, que final­mente recaerá sobre el consu­midor final.