El Fiscal Manuel Doldán, de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General, confirmó que existen más de 150 pedidos de extradición del peligrosos criminales por parte de la República del Brasil. La mayor parte de listado responde a miembros detenidos del Primer Comando Capital y Comando Vermelho.
En contacto con la 800 AM, Doldán refirió que los pedidos de extradición no pueden ser cumplidos por diferentes razones, entre ellas, los canales obligatorios y las dilaciones incidentales en los procesos formales.
“Tenemos muchísimos casos de narcotraficantes. No solo son miembros del PCC y del Comando Vermelho, hay personas de otros grupos que no tienen mucha propaganda”, dijo Doldán.
El agente fiscal explicó que los procesos extradicionales están sometidos a leyes y tratados internacionales que establecen las formas, condiciones y procedimientos. “Salvo que el propio extraditable asuma voluntariamente someterse a un proceso de extradición abreviado”, expresó.
Fiscalía acelera, Poder Judicial dilata
En ese sentido, aseguró que desde el Ministerio Público siempre existió inmediatez para tramitar los pedidos de extradición. No obstante, reconoció que las dilaciones se dan en el Poder Judicial, estamento que finalmente decide sobre las solicitudes.
“A modo de referencia, el proceso de extradición del Sr. Nicolás Leoz lleva 3 años en trámites incidentales. Se sigue transitando el curso procesal”, dijo.
Reiteró que por parte de la Fiscalía siempre existió una actuación inmediata y diligente. “Si teníamos decisión sobre los casos, ya eran todos extraditados”, consideró.
Sobre el congelamiento del requerimiento de extradición de Marcelo “Piloto” en el Poder Judicial, Doldán aseguró desconocer por qué se retuvo innecesariamente el documento por 4 meses.
“Error involuntario”
A su vez, el director de Auditoría de la Corte Suprema de Justicia, Mario Elizeche, señaló al mismo medio radial que Óscar García de Zúñiga, actuario judicial que demoró el trámite de extradición, argumentó que fue “un error involuntario”. El funcionario está sometido a un sumario administrativo desde la máxima instancia judicial.