Presentaron propuesta de creación y buscan crear la conformación de un espacio de intercambio de información.

Junto al Ministerio del Interior, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) presentó la propuesta de creación del Sistema de Información de Justicia Penal, con miras a propiciar acuerdos tendientes a registrar y gestionar un sistema de información que satisfaga las exigencias de una política criminal acorde con los principios de una democracia social y participativa.

Por lo que la comisionada Elizabeth Flores Negri, junto a la coordinadora general, María Victoria Heikel y el director de Informática, Ricardo Lesme; socializó la propuesta en una reunión de trabajo con el ministro Juan Ernesto Villamayor, su gabinete y máximas autoridades de otras instituciones públicas, integrantes del Sistema de Justicia Penal.

En la ocasión, la comisionada Flores explicó que con la propuesta se busca crear, a través de una Mesa Interinstitucional, la conformación de un espacio de intercambio de información a partir de criterios de registro y sistematización consensuados en torno a la necesidad de instalar una visión de conjunto que provea de evidencias con relación al funcionamiento del Sistema de Justicia Penal.

Explicó que en la actualidad los registros son inadecuados o insuficientes en los subsistemas de justicia penal (Policía Nacional, Ministerio Público, Ministerio de la Defensa Pública, Poder Judicial, establecimientos de ejecución penitenciaria); se manejan criterios y mecanismos diferentes en cuanto al tratamiento de la misma información en las diversas instituciones, y no existen espacios de integración de los datos producidos por los otros subsistemas.

“Hay una ausencia de información eficiente, confiable y oportuna para la toma de decisiones coyunturales y para el diseño de políticas públicas”, manifestó Elizabeth.

Mencionó que el siguiente paso dará lugar a la instalación de un Observatorio del Sistema de Justicia Penal, con participación de la sociedad civil, con lo que se logrará mejorar colaborativamente la calidad de la información penal disponible, así como fortalecer la participación ciudadana en el debate sobre la efectividad de su sistema formal de resolución de conflictos, desde un enfoque de derechos.