La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al Estado paraguayo la apertura del caso 14.786 Rubén Villalba y otros, presentado en el 2014. El jueves, la CIDH confirmó la aprobación del informe de admisibilidad, de esta forma prosigue el caso en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos examinó la petición de referencia y aprobó sobre admisibilidad (...), de conformidad con el artículo 46 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos”, reza parte de la nota remitida al Estado paraguayo.

La CIDH fijó un plazo de cuatro meses, prorrogable si fuese necesario hasta un máximo de seis meses, contados a partir de la fecha de transmisión de la presente comunicación, para que se presenten sus observaciones adicionales de fondo. Esto forma parte del procedimiento establecido en la Convención de DDHH adoptada por Paraguay.

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El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos tiene un sistema de peticiones y casos. Cuando una petición es admisible, la Comisión analizará los alegatos de las partes y las pruebas presentadas. En esta etapa, la Comisión puede pedir mayor información, pruebas y documentos al Estado y a la parte peticionaria, y, de ser necesario, puede convocar una audiencia o reunión de trabajo.

Asimismo, se contempla una solución amistosa que depende de la voluntad de las partes, y consiste en negociaciones destinadas a resolver el asunto sin la necesidad de completar el proceso contradictorio, y que se da bajo la supervisión de la Comisión. De no ser posible llegar a una solución amistosa, la Comisión continuará analizando los alegatos de las partes y decidirá sobre el caso, determinando si el Estado es o no responsable por las violaciones alegadas.

En el caso de ser responsabilizado, la CIDH emitirá un informe sobre el fondo que incluirá recomendaciones al Estado que pueden estar dirigidas a: hacer cesar los actos violatorios de los derechos humanos; esclarecer los hechos y llevar a cabo una investigación oficial y sanción; reparar los daños ocasionados; introducir cambios al ordenamiento legal y/o requerir la adopción de otras medidas o acciones estatales.

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“Después de haber leído el fallo, vemos que se trata de un nefasto antecedente y bastante peligroso para el quehacer jurídico. Apeligra todo el sistema”, dijo el fiscal Nelson Ruiz, uno de los representantes del Ministerio Público en el llamado “caso Curuguaty”. Fue durante una entrevista en el programa “Cara o Cruz”, emitido por Unicanal.

Actualmente al frente de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Ruiz añadió que fue “sorpresivo y llamativo” el fallo de la Corte Suprema de Justicia que, el pasado 26 de julio, anuló la condena de once personas por la llamada “masacre de Curuguaty” (15 de junio de 2012).

Estas once personas habían sido condenadas por los delitos de homicidio doloso, lesión grave, asociación criminal, coacción grave e invasión de inmueble.

En dichas circunstancias se había registrado un enfrentamiento entre los invasores de un inmueble y el personal personal interviniente para el desalojo. Este enfrentamiento terminó con seis uniformados y once agricultores muertos a balazos.

En julio del 2016, un tribunal de sentencia determinó en juicio la reprochabilidad de los acusados y los condenó a penas de prisión que variaban de cuatro a treinta años.

El 26 de julio último, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a un recurso de casación y revocó la condena a los 11 campesinos sentenciados por el caso Curuguaty.

“No podemos quedarnos callados ante esto. Fue sorpresivo y llamativo. En el pronunciamiento del Ministerio Público decidimos emprender las acciones para la rectificación del fallo”, añadió el fiscal Ruiz.

“Apeligra todo el normal desarrollo del proceso, todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia. Estamos dispuestos a ser auditados en nuestra labor, absolutamente, y tenemos confianza”, agregó.

Recordó que el caso Curuguaty fue seguido muy de cerca en todo momento, fue controlado por el más alto nivel del Ministerio Público-

“Ahora, ante este fallo que adolece de muchos vicios. la primera que propició un comunicado fue Sandra Quiñonez (Fiscal General del Estado)”, agregó Ruiz.

En otro momento de su intervención, el representante de la Fiscalía reiteró que el tribunal que revocó la sentencia no tiene la potestad de revalorar las pruebas.

“Es grave porque en la decisión, en la parte resolutiva, se deja constancia de que la resolución es por la anulación de ambas sentencias y la absolución de los 11 acusados. Se trata de un fallo desordenado, en cuanto a forma, porque no se respetó el orden de emisión de votos, entre otros aspectos”, ponderó.

“Con este fallo se va a generar un marco de impunidad. Y lo peor de todo es que se pretende justificar en una supuesta falencia del Ministerio Público”, advirtió finalmente Ruiz.

“Como primera medida luego de analizar con el equipo del Ministerio Público, se presentó una recusación contra los miembros de la CSJ”, señaló la fiscal Liliana Alacaraz. Fue durante una conferencia de prensa brindada por los fiscales al respecto de la anulación de condena en el caso Curuguaty.

“Se incurrió en el error donde la Corte hizo valoración de pruebas como si fuera un Tribunal de Primera Instancia”, agregó la Fiscal Liliana Alcaraz al referirse a la manera en que se tomó la decisión.

Para el fiscal Nelson Ruiz, la parte resolutiva se contradice con el considerando de la resolución. “Si hubiera una deliberación como dispone el código procesal. Creemos que no desarrollarían el considerando que desarrollaron”, agregó.

Los agentes del Ministerio Público habían difundido en horas de la mañana un comunicado en el que manifestaban su desacuerdo con la nulidad del caso. “Acá ocurrieron hechos graves que son de público conocimiento. Se ha desarrollado el juicio conforme a derecho y presentado pruebas suficientes”, declaró antes de adelantar que aún están analizando otras acciones a tomar.

Hoy, fueron puestos en libertad los campesinos recluidos en Tacumbú por la masacre que se produjo en Marina kue. Organizaciones sociales celebraron la anulación de la condena. El proceso se inició 6 años atrás y el caso derivó en el juicio político de Fernando Lugo, quien ejercía la Presidencia de la República cuando se realizó el desalojo que terminó con un saldo de diecisiete muertos: 11 campesinos y 6 policías.

“Aquí la responsabilidad es del Estado porque no provee al servicio de Justicia, funcionarios que estén a la altura de la circunstancia”, mencionó a la 970 AM el Dr. Arnaldo Martínez Prieto sobre la resolución del Caso Curuguaty.

“Ayer estuvimos tan presionados por el tiempo y en el movimiento se cometió este error en el considerando”, señaló sobre el documento que hace efectiva la anulación y que es cuestionado. “Se va a individualizar en los párrafos de la página y aclarar que no corresponde. Es un procedimiento normal”, destacó.

“Las circunstancias que existan tres cadáveres y que haya cinco personas con arma en la mano en la misma escena no significa implícitamente que sean los culpables”, remarcó.

El miembro del Tribunal de Apelación Civil y Comercial aclaró que los procesos concluidos o clausurados ya no pueden ser reabiertos salvo que exista un factor favorable al afectado.

“Nosotros somos tribunal de derecho y no de conciencia. No podemos estar solucionando lo que otros hicieron a través de su trabajo”, afirmó.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia hizo lugar al recurso de casación y revocó la condena de los campesinos sentenciados por la masacre en Curuguaty. Los jueces Cristóbal Sánchez, Emiliano Rolón Fernández y Arnaldo Martínez Prieto votaron por la nulidad de la sentencia.