Los fiscales Hernán Galeano, Clara Ruíz Díaz y Marlene González, solicitaron el sobreseimiento definitivo para el suboficial Arnaldo Báez ante el juez Alcides Corbeta, informó la 780 AM. El uniformado fue procesado por coacción en el caso del ataque a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) que derivó en la muerte del joven dirigente Rodrigo Quintana.
De acuerdo a los agentes, no existen elementos suficientes para llevar al mismo a juicio oral y público, por tanto solicitan el sobreseimiento.
De acuerdo a los antecedentes, Báez ingresó con el suboficial Gustavo Florentín, presunto autor del disparo que costó la vida a Rodrigo Quintana luego de forzar la puerta del local de la agrupación política.
Según los fiscales encargados del caso su conducta no cumple los requisitos del tipo penal de coacción. Se concluyó eso luego de un análisis de las circunstancias fácticas según explican.
De esta manera, el caso del suboficial Báez se encuentra en manos del juez Corbeta, quien deberá fijar una fecha de audiencia preliminar para decidir si se hace lugar al pedido de los fiscales.
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El exsuboficial Florentín fue condenado a 24 años de cárcel por el homicidio de Rodrigo Quintana
Este viernes, el Tribunal de Sentencia condenó al suboficial Gustavo Adolfo Florentín Silva a 24 años de prisión por el homicidio doloso agravado de Rodrigo Quintana, hecho que ocurrió en 31 marzo del 2017 en sede del Partido Liberal Radical Autentico (PLRA). El agente policial es el único procesado y condenado por el asesinato del dirigente liberal.
El tribunal estuvo presidido por Lourdes Garcete e integrado por Manuel Aguirre y Rossana Maldonado, quienes tras analizar todas las evidencias y escuchar a los testigos decidió que suboficial debía ser condenado por matar al joven dirigente. “Florentín disparó el arma, los proyectiles impactaron en la espalda de Rodrigo Quintana”, manifestó la jueza Garcete.
Afirmó que los nueve proyectiles que fueron disparados por el acusado, luego de que forzó y entró en sede del partido, atravesaron varios órganos de la víctima, quien terminó falleciendo en el lugar. Tras realizar los disparos, Quintana cayó al suelo y seguidamente fue pisado por Florentín, quien lo miró detenidamente, pero no lo auxilió y prosiguió su camino hacia el patio.
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“El impacto de estos nueve proyectiles de plomo atravesaron varios órganos incluidos sus pulmones y le ocasionaron una hemorragia que derivó en una muerte agónica por una asfixia por la acumulación de sangre, lo que en medicina se considera neumotórax”, detalló la jueza, durante la lectura final de la sentencia.
Ricardo Estigarribia, abogado del sentenciado, afirmó que con esta condena queda claro que no existen garantías para los agentes policiales y militares, y que no se puede condenar a una persona sin siquiera saber cuál es el arma homicida. “No se analizó la totalidad del contexto de lo que ocurrió”, puntualizó a los medios de comunicación.
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Turba de opositores no siguió protocolo para ingresar al Museo de la Justicia, señalan
La coordinadora del Museo de la Justicia, Rosa Palau, aclaró que el grupo de dirigentes opositores que ocasionó disturbios frente al Poder Judicial, con la finalidad de acceder a la explanada y al Museo de Justicia, no siguió el protocolo establecido para el ingreso, por ende, no contaba con una autorización oficial.
“Ellos no pidieron autorización para ingresar al museo. Habían presentado un nota el pasado 20 de marzo, indicando que querían reunirse y conversar para la entrega del expediente de la causa judicial Rodrigo Quintana y de esa manera dejarlo para su preservación en el museo”, indicó al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Palau señaló que incluso solicitaron a una de las firmantes, de nombre Marlene Orué, acudir previamente hasta el museo con el fin de exponer sus pretensiones y coordinar acciones. “Nosotros no podemos recibir donaciones sin autorización de la Corte Suprema de Justicia. Todo el fondo documental del museo está declarado como patrimonio intangible de la humanidad”, explicó.
Asimismo acotó: “Esto no quita que no queramos en estos 35 años de democracia incorporar otras causas, pero las mismas deben estar finalizadas con sus últimas sentencias, tanto a nivel nacional como a nivel de Corte Interamericana. Pueden ser causas emblemáticas y ser materiales de consultas para los investigadores que visitan el museo. Nosotros no somos archivo”.
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Palau detalló que tras el encuentro con la dirigente opositora se le solicitó remitir una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, argumentando las razones sobre sus pretensiones de querer incorporar el expediente de la causa judicial de Quintana al Museo de Justicia.
Agregó que ayer 31 de marzo, fecha en que acontecieron los incidentes, se marcó un encuentro entre el director del museo, José Agustín Fernández, los padres de Quintana y la dirigente Marlene Orué para las 10:00.
“Llegó la hora y ellos no se presentaron. No estábamos enterados que se armó una manifestación al frente. Dijeron que autoricé el ingreso, pero yo no puedo hacerlo. El mecanismo para el ingreso al museo es mediante un agendamiento, se llama por teléfono, se da una dirección electrónica y los visitantes remiten la lista de personas, el horario, fecha y hora”, contó.
Palau siguió argumentando que “esto se hace con el fin de brindar a los visitantes toda la seguridad y comodidad para realizar el recorrido. No estaba agendada la visita para el número de personas (dirigentes opositores), sí para los padres de Rodrigo y de la señorita Marlene”, dijo.
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Incidentes frente al Palacio de Justicia entre dirigentes liberales y policías
Un grupo de dirigentes liberales y referentes de otros sectores políticos que pretendió ingresar hasta la explanada y al museo del Poder Judicial ocasionó una escaramuza, empujones y agresiones debido a que los agentes se opusieron a que se ingrese al recinto judicial, atendiendo a disposiciones de seguridad del Palacio de Justicia. Fue en coincidencia con el octavo aniversario del fallecimiento del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana.
Las personas se autoconvocaron desde las 10 de la mañana en la explanada del Poder Judicial de Sajonia, para realizar una representación teatral como también para hacer entrega del libro titulado 31M, a los responsables del Museo de la Justicia.
Sin embargo, este hecho no se pudo llevar a cabo porque las autoridades policiales informaron a las personas que existe una acordada de la Corte Suprema de Justicia, que prohíbe el acceso a manifestantes hasta la explanada de la sede judicial pero la obra teatral pueden hacerlo frente a la sede judicial.
Entre los que enfrentaron a los agentes del orden están el senador Rafael Filizzola, su esposa Desirée Masi, Luis Alberto Wagner, el diputado Raúl Benítez y el exdiputado Édgar Acosta, entre otros dirigentes.
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Juicio oral
Actualmente, el agente policial Gustavo Florentín está siendo juzgado por un tribunal de sentencia, por el homicidio del dirigente liberal Rodrigo Quintana.
Según la acusación del Ministerio Público, en fecha 1 de abril del 2017, siendo aproximadamente las 00:30, el oficial Gustavo Florentín Silva, junto con otros agentes policiales, ingresaron al Directorio del PLRA, abrieron la puerta de acceso del local de la sede partidaria, ocasión en que varias personas, empezaron a correr por el pasillo del local y fue en ese momento que el acusado, el primero en ingresar a la sede, realizó un disparo con su escopeta calibre 12 cuyo proyectil impactó en la humanidad de Quintana quien falleció en dicho sitio.
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Detienen al policía Gustavo Florentín, quien formaría parte del Clan Rotela
Este miércoles, durante un allanamiento que se desarrolló en la ciudad de Areguá se logró la detención del suboficial Gustavo Florentín Silva, involucrado en varios asaltos y que contaba con orden de detención. El fiscal que lleva el caso indicó que el hombre se encuentra fuera de servicio de la fuerza policial y que formaría parte del clan Rotela.
Florentín Silva habría sido el uniformado que acabó con la vida del dirigente juvenil Rodrigo Quintana, dentro de la sede del PLRA.
El operativo se realizó con acompañamiento de la Policía Nacional y fue encabezado por el fiscal Marcos Amarilla, tras una denuncia de que en la vivienda se estaban comercializando estupefacientes. Durante el procedimiento se logró incautar cinco armas largas, drogas y dinero en efectivo. Además, se logró detener a dos personas, un hombre y una mujer.
“Encontramos en la casa muchas armas de fuego de grueso calibre, fusiles, escopetas, pistolas y municiones. Encontramos también marihuana y cocaína en pasta base, estos ya estaban listos para la venta. Fueron detenidos Gustavo Florentín Silva y María Monserrat Gaona”, explicó en fiscal, en entrevista con 1080 AM.
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Resaltó que el hombre está en calidad de retiro de la policía y que actualmente estaría formando parte de un grupo criminal. “Florentín soporta un proceso judicial y tiene una orden de captura por asalto en la zona de Areguá. El formaría parte de un grupo criminal, en este caso sería al clan Rotela”, aseguró.
Agregó que durante el allanamiento el hombre recibió con un arma de fuego en mano a los efectivos policiales de las fuerzas tácticas que realizaron la intervención. “A este caso estaría ligada otras personas que están siendo buscadas. Todos formarían parte de este clan que mantiene en zozobra a varias ciudades a nivel país”, puntualizó.
El agente detenido tiene una orden de detención por un asalto y robo ocurrido el 11 de diciembre de 2024 en la zona de Areguá. El mismo estuvo asignado en una comisaría de la Cordillera, pero había abandonado su puesto policial, por lo que se comunicó dicha situación ante el departamento de Talento Humano de la Policía Nacional.
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