El Home Office del Reino Unido informó este miércoles que la apelación a la orden de extradición presentada por el matrimonio de Marcelo Barone y Elisabel Vázquez, ambos procesados en el país por el robo a la Caja de Jubilados de Itaipú (Cajubi), fue rechazada por la Casa de los Lores, siendo esta la tercera y última instancia.

Este rechazo tiene lugar tras la expedición en diciembre de 2016 de la jueza inglesa Emma Arbuthnot a favor de la extradición, por lo cual las instancias para evitar el proceso en nuestro país quedaron agotadas.

En contacto con La Nación, el Director Jurídico de Itaipú, Luís Breuer, confirmó que queda totalmente expedita la vía para que la pareja sea extraditada a nuestro país, por lo que ahora queda implementar el proceso para su deportación, hecho que de acuerdo a la ley inglesa de extradiciones debe darse antes del 21 de noviembre próximo, fecha tras la cual los procesados podrían pedir su liberación si el trámite no se concreta.

Según Breuer, la mayor parte del proceso a partir de ahora queda en manos de la Interpol, por lo que queda aguardar la comunicación a la Embajada Paraguaya en Londres y a la Unidad de Extradición de la Policía Federal del Reino Unido por parte del Home Office sobre la preparación para la deportación del matrimonio.

Para el Director jurídico de Itaipú, la posibilidad de que surjan inconvenientes durante el proceso que pudiesen facilitar que Barone y Vázquez sean liberados, como está expresamente aclarada en la ley inglesa, es prácticamente inexistente, ya que todos los obstáculos legales fueron superados y el proceso concluido, por lo que ahora queda en manos de la Interpol la concreción del traslado.

El matrimonio está sindicado de ser cómplice del vaciamiento de la Cajubi por parte de sus ex directivos. Los fiscales intervinientes sostienen que ambos recibieron unos US$ 35 millones de la entidad para adquirir propiedades en EEUU, hecho que nunca fue concretado. También crearon la empresa de fachada Euroinvest WorldWide Inc, a la que fueron destinados los fondos de la Cajubi. La expectativa de pena a la que se exponen sería de 10 años de cárcel.