El abogado Tarek Tuma, defensor del exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, reafirmó que el caso Metrobús no puede atribuirse a su cliente, ya que la paralización de las obras se dio durante la administración de Mario Abdo Benítez y el entonces ministro de Obras, Arnoldo Wiens.

Tuma destacó que las obras del proyecto estaban respaldadas por el BID durante la administración de su cliente y que todos los actos del ministro Ramón Jiménez Gaona (su cliente) contaron con el aval de los organismos supervisores. “La decisión de detener y desmantelar la obra fue unilateral y carece de fundamento. Jiménez Gaona entregó el proyecto en un avance del 18 % sin objeciones, y bajo su gestión todo estuvo convalidado por el BID y otros entes competentes”, afirmó.

El abogado José González Maldonado, director jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS) lamentó que la fiscalía haya pedido desestimar la denuncia contra Vicente Bataglia, expresidente de la previsional. El mismo fue denunciado por la Contraloría General por un supuesto desfalco de más de un billón de guaraníes entre 2022 y 2023.

González Maldonado explicó que el IPS contrató un equipo auditor que puso a la luz hallazgos importantes que fueron puestos a conocimiento de los fiscales que investigan la causa. “Esas auditorías los pusimos a disposición del Ministerio Público, pero que evidentemente no tuvieron en cuenta”, lamentó el abogado.

Para este viernes, la Dirección de Meteorología prevé una jornada con mucha humedad, cálida, con cielo mayormente nublado, vientos variables. Es alta la posibilidad de que se presenten lluvias con ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del territorio nacional.

En algunas áreas como en el Chaco, el cielo estará nublado y existe alta probabilidad de tormentas y lluvias. Se anuncian temperaturas máximas de entre 28 °C y 32 °C, dependiendo de la región. El sábado será un día cálido a caluroso, persistirá el clima inestable en gran parte del país, con posibilidad de lluvias con tormentas eléctricas.

El senador Dionisio Amarilla, presidente de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) contra el lavado de activos, posteo un tuit en la red social X, donde manifiesta que la presentación ayer de los abogados del Banco Atlas no despejó dudas. El legislador sostiene que los representantes de la entidad bancaria no aclararon algunos puntos importantes sobre las operaciones financieras que se le cuestionan.

Según Amarilla, los representantes legales del banco no lograron demostrar de manera contundente las diligencias realizadas para verificar la solvencia de Gilberto Suárez, presunto testaferro del conocido narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”. Suárez figura como firmante de un importante crédito en representación de BionBras Brasil, situación que, para la CBI, requiere una justificación detallada sobre las acciones emprendidas por el banco para evaluar la legitimidad de la operación.

Racing Club de Argentina clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2024 al imponerse al Corinthians brasileño por 2-1, en el partido desquite de las semifinales que se jugó anoche en el estadio Presidente Perón en Buenos Aires.

En un partido vibrante, Yuri Alberto (6) puso en ventaja al conjunto paulista, pero el colombiano Juan Fernando Quintero (35, de penal, y 39), figura de la noche, dio vuelta la cuenta para el equipo argentino. El paraguayo Ángel Romero disputó el lance desde los 68′ en filas del elenco paulista. En la final a jugarse el 23 de noviembre en el estadio la Nueva Olla de Cerro Porteño, en Asunción.

La responsabilidad de cualquier daño patrimonial en la causa Metrobús debe analizarse en torno a las decisiones de la administración que truncó la obra en octubre de 2018, refirió el abogado Tarek Tuma. “El Ministerio de Obras Públicas, ya a cargo del siguiente ministro (Arnoldo Wiens), decidió no seguir con la obra, entiendo que esto no estaba justificado de ninguna manera”, puntualizó sobre el proyecto adjudicado en 2016 y que debía culminar a fines de 2018, cuatro meses después de asumir el gobierno de Mario Abdo Benítez.

“Cada funcionario público, en este caso ministro debe responder por lo que hizo durante su gestión, el exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona no tiene por qué responder por lo que pasó en una administración posterior, no se le puede atribuir no haber concluido la obra ya que durante su mandato se realizó parte de la obra que se pudo realizar” sostuvo Tuma, respecto al extitular del MOPC, que culminó su mandato en agosto de 2018 por el cambio de gobierno.

Señaló que su cliente entregó la obra vial al gobierno del expresidente Mario Abdo Benítez con un avance del 18 % y sin ningún tipo de cuestionamientos. “Todos sus actos fueron convalidados por el Tribunal de Cuentas, que es el encargado de juzgar la ejecución de los gastos de los administradores”, refirió el representante legal, este viernes, al programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Agregó que cada acto realizado en torno a la obra durante la administración de Jiménez Gaona fue convalidado incluso por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Respecto al estado actual de la causa judicial que enfrenta su defendido, Tuma manifestó que se está a la espera de la audiencia preliminar. Alegó que al haber cumplido todas las normativas durante su administración y al haber sido la obra interrumpida por decisiones posteriores, no corresponde imputarle ninguna responsabilidad en el conflicto actual.

Las afirmaciones de Tuma surgen tras las afirmaciones del procurador general de la República, Marco Aurelio González, que aseguró que el proyecto no debió haber sido detenido y que las acciones posteriores provocaron el conflicto con la empresa portuguesa Mota-Engil, responsable de las obras del Metrobús, la cual había demandado al Estado paraguayo y en diciembre de 2023 se sentenció a una condena por USD 16 millones.

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A través de gestiones de la Procuraduría General de la República y la asesoría jurídica de la Presidencia, se logró evitar el pago de USD 16 millones al consorcio Mota Engil por la obra del metrobús. El procurador, Marco Aurelio González, resaltó este importante ahorro para el Estado y además enfatizó en que quedó demostrado que el daño principal fue la demolición de la obra que se había hecho hasta ese momento.

“Finalmente si hablamos de un daño, lo que yo veo es que se pagó el dinero por una obra que fue demolida y para mi la demolición es el perjuicio que existe sobre las arcas del Estado. Los responsables son las personas que destruyeron todo lo que se edificó, que son el ministro y el presidente anterior”, expresó en referencia a Mario Abdo y Arnoldo Wiens.

En conversación con “Buena Tarde”, programa emitido por Unicanal, González resaltó que lo determinado por el Tribunal es que se podía rescindir el contrato, pero lo que se critica es el discurso político que dieron, argumentando que hubo incumplimientos, que realmente no existieron, y por eso hoy el Estado está obligado a devolver a la firma USD 2.600.000.

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“Creemos que se trataba de un revanchismo político porque iba a significar una obra de envergadura que iba a significar el legado de un gobierno que ellos querían deslegitimar. Vendieron una historia falsa para terminar la obra del Metrobús que iba a incorporarle a Asunción un mecanismo de transporte de vanguardia que necesita la ciudad y de todo eso se le privó, de hecho todo lo construido fue demolido”, aseveró.

Según explicó el procurador, lo que permitió este importante ahorro a las arcas del Estado es que se determinó que este conflicto debía ser resuelto de acuerdo a la legislación paraguaya, esto pese a que los árbitros eran de nacionalidad argentina, brasileña y mexicana. Por esta razón se descartaron tasas usurarias, además de que se evaluaron los daños y consecuencias, lo que decantó en una reducción importante del monto fijado inicialmente que era de USD 19 millones.

“Nosotros estamos defendiendo jurídicamente la posición del Estado paraguayo y hemos podido ahorrar casi USD 16 millones de lo que se pretendía ejecutar, ahora lo que tiene que ver con la responsabilidad penal de si hay lesión de confianza o no, eso corresponde al Ministerio Público y ahí nosotros tenemos nuestra opinión, pero respetamos la labor que a ellos les corresponde”, aseveró.

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La suspensión del proyecto metrobús, una de las grandes obras promovidas durante el gobierno de Horacio Cartes que iba a beneficiar a miles de usuarios del transporte público, terminó generando graves consecuencias para el Estado paraguayo. La suspensión, decidida de manera insólita por la administración de Mario Abdo Benítez, no solo tuvo un perjuicio serio para el transporte urbano del área metropolitana de Asunción, sino que terminó exponiendo al país a una demanda multimillonaria. Los artífices de este enorme daño fueron Mario Abdo Benítez y su ministro de Obras Arnoldo Wiens, quienes en lugar de gestionar y optimizar el proyecto, de llevarlo adelante –dada la importancia del servicio– optaron por una cancelación abrupta, motivados por un revanchismo político inaudito.

La consecuencia inmediata fue una demanda de la constructora portuguesa Mota Engil, encargada del proyecto, que reclamó –como era lógico– ante tribunales internacionales una compensación millonaria por la suspensión. La demanda prosperó y el Estado paraguayo fue condenado en un laudo arbitral a pagar alrededor de 19 millones de dólares, considerando los intereses. Esto es una carga financiera significativa para el país, derivada de una gestión cuestionable de los fondos y proyectos de infraestructura.

La intervención de la Procuraduría General de la República del Gobierno actual, encabezada por Marco Aurelio González, ha sido crucial para frenar esta enorme sangría de fondos. Gracias a su recurso, un tribunal de cuentas revirtió el fallo inicial, reduciendo restrictivamente la condena y permitiendo al Estado paraguayo ahorrar unos 16 millones de dólares. Este logro representa un importante respiro para el país y refleja el esfuerzo por proteger los recursos públicos.

La decisión de suspender el metrobús y no explorar opciones viables para continuar con el proyecto mostró una evidente falta de visión y de que la motivación se basaba en el revanchismo y en discontinuar políticas y programas que habían comenzado en el mandato anterior. La urgencia de dar soluciones para ofrecer un transporte para Asunción y área metropolitana fue reemplazada por la maliciosa decisión de cancelar la obra, en un proceso que hoy a todas luces fue una irresponsabilidad.

La Procuraduría General no solo salvaguardó el interés económico del país, sino que expuso las consecuencias de decisiones mal fundamentadas en proyectos de alto impacto. Este caso ilustra cómo la gestión de Abdo no solo privó a la ciudadanía de un sistema de transporte digno, sino que también puso en riesgo los fondos públicos, que finalmente serían dirigidos al pago de la sanción impuesta por el laudo arbitral. Pago que, afortunadamente y por acción de la actual administración de gobierno se evitará una grave sangría.

La derivación del caso metrobús refuerza la necesidad de que los proyectos de infraestructura no se vean como puntos de fricción política, sino como verdaderos compromisos con el desarrollo, donde la necesidad de satisfacer las grandes demandas ciudadanas, sean satisfechas y no relegadas por el simple hecho de haber sido propuestos por un gobierno contrario.

El resultado dado por la Justicia, que consideró que el laudo arbitral ni siquiera consideró las leyes paraguayas, también pone en evidencia la importancia de valorar en su real dimensión y el impacto que pueden tener la decisión de cancelar o suspender obras, sobre todo cuando estas involucran a empresas internacionales y comprometen el patrimonio del país.

Con la procuraduría alcanzado un logro de carácter histórica, y evitar que el Paraguay pague más de 16 millones de dólares, queda claro que es posible resguardar los intereses nacionales, aunque se trate de corregir errores de gobiernos anteriores que pusieron en riesgo estos mismos intereses por represalias políticas.