La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) presentó este miércoles en horas de la mañana una nota dirigida al ministro del Interior, Lorenzo Lezcano. El escrito expresa la preocupación de la organización ante los métodos restrictivos utilizados por la Policía Nacional en lo que respecta a la movilización de pequeños productores campesinos, que hace ya un mes vienen exigiendo al gobierno la condonación de sus deudas.
"Si bien, las movilizaciones generaron caos vehicular en el microcentro de la ciudad capital, se han caracterizado por ser pacíficas, ya que hasta el momento no se registraron enfrentamiento violentos con Policías o civiles, salvo algunas discusiones verbales, hechos que podrían considerarse aislados y que no deslegitiman las reivindicaciones de un sector históricamente marginado de la sociedad paraguaya", señala parte de la nota entregada a Lezcano.
Luego de que representantes del sector campesino hayan anunciado la intensificación de marchas y protestas tras el veto del presidente de la República, Horacio Cartes a la ley que pretende dar una solución a la problemática – y aprobada por ambas cámaras del Congreso Nacional -, la Policía Nacional incurrió en prácticas que desde Codehupy se consideran lesivas al derecho a la protesta social como limitar el horario de marchas y el uso de un elemento simbólico de la lucha campesina por la tierra.
"Por lo tanto, desde la Codehupy pedimos al titular de la cartera del Interior y a las autoridades correspondientes que garanticen el libre y pleno ejercicio del derecho a manifestación de los campesinos y campesinas reunidos en la ciudad de Asunción, evitando los hechos mencionados anteriormente", menciona otra parte del documento.
Esta organización reafirma que el veto del primer mandatario al subsidio a los agricultores, pone en serio riesgo la soberanía alimentaria de nuestro país y espera que el gobierno articule una alternativa viable que se constituya en una solución de fondo a un problema social de larga data en el Paraguay y como tal merece ser debatido a profundidad.
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Filizzola marcha contra impunidad, pero lleva una década de chicanas
- Por Juan Carlos Lezcano
El senador opositor Rafael Filizzola fue uno de los rostros de la supuesta marcha contra la impunidad y las injusticias que se inició el fin de semana en Caacupé. El legislador lleva más de una década sin responder ante la justicia por los hechos de corrupción por los que fue acusado.
Rafael Filizzola, exsenador y exministro del Interior de Paraguay, fue una de las figuras públicas que participó el lunes en una marcha contra la impunidad y la injusticia que se prevé continuar en distintos puntos del país. Las movilizaciones se iniciaron el fin de semana en Caacupé con un confuso objetivo si es por el acceso a la justicia o una medida de presión para el retorno de la expulsada Kattya González al Senado.
A simple vista, esta acción podría parecer un compromiso genuino con la causa ciudadana de exigir transparencia y rendición de cuentas en un país donde la corrupción y la falta de justicia son problemas estructurales. Sin embargo, la participación de Filizzola en este evento resulta, cuando menos, irónica, considerando las circunstancias que rodean su historial judicial y las estrategias que ha empleado en sus procesos legales.
Filizzola enfrentó varias causas judiciales relacionadas con su gestión como ministro del Interior entre 2008 y 2012. Entre las más destacadas, figura el caso conocido como las “Comisarías de Oro”, donde se lo acusa de lesión de confianza por la adjudicación irregular de un contrato de más de G. 1.100 millones para la construcción y reparación de celdas en comisarías. Según los fiscales, estas obras no fueron concluidas, se realizaron pagos anticipados indebidos y se generó un perjuicio de más de G. 400 millones al Estado.
A esto se suma el caso de la compra de helicópteros, en el que se lo acusa de irregularidades administrativas durante el proceso de adquisición. Aunque los detalles específicos de esta causa no son tan ampliamente conocidos como los del caso de las comisarías, ambos procesos han estado plagados de retrasos, apelaciones y controversias legales.
Las chicanas judiciales: un arma para evitar la Justicia
Lo que más llama la atención en las causas de Filizzola no son solo las acusaciones en su contra, sino las maniobras legales que han prolongado los procesos por más de una década. El uso de chicanas judiciales —estrategias legales destinadas a dilatar el avance de los casos— ha sido una constante. Incluso, en 2022, un juez declaró la prescripción del caso de las comisarías y sobreseyó definitivamente al exsenador. Sin embargo, la Sala Penal de la Corte Suprema revirtió esta decisión en 2023, indicando que la causa no había prescrito y ordenando que se continúe con el proceso penal.
Además, en abril de 2024, la restitución de sus fueros por parte de la Cámara de Senadores generó indignación en amplios sectores de la sociedad. Esto permitió a Filizzola evitar ser llamado a juicio, al menos temporalmente, y provocó que el fiscal general del Estado presentara una acción de inconstitucionalidad contra dicha decisión.
En setiembre de 2024, las causas judiciales contra Filizzola han superado los diez años sin una resolución definitiva, y se encuentran pendientes de decisiones judiciales y posibles acciones legales adicionales
La ironía de la Marcha Contra la Impunidad
La participación de Filizzola en una marcha contra la impunidad no solo resulta contradictoria, sino también un ejemplo del doble discurso que tanto daño hace al sistema político y judicial de Paraguay. Mientras que públicamente se posiciona como un defensor de la justicia, en la práctica ha utilizado todos los recursos a su alcance para evitar enfrentarla plenamente.
La lucha contra la impunidad y la injusticia requiere de un compromiso real y coherente, no solo en palabras o apariciones públicas, sino también en los actos individuales. Resulta cuestionable cómo alguien que ha utilizado chicanas para prolongar procesos judiciales y que ha sido beneficiado por decisiones políticas que obstaculizan la justicia puede erigirse como un referente en una causa tan noble.
La participación de Rafael Filizzola en esta marcha pone en evidencia una desconexión entre el discurso público y la realidad de quienes deberían rendir cuentas ante la justicia. Esto no solo socava la credibilidad de quienes lideran estas causas, sino que también afecta la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la posibilidad de construir un Paraguay verdaderamente justo.
Si Filizzola realmente desea luchar contra la impunidad, debería comenzar por dar el ejemplo, enfrentando de manera transparente y sin obstrucciones los procesos judiciales en su contra. Solo entonces, su participación en marchas como esta tendría el peso moral y ético que la causa exige.
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Intensifican bloqueos en Bolivia para evitar probable arresto de Evo Morales
Campesinos seguidores del expresidente Evo Morales intensificaron este martes los bloqueos de carreteras de Bolivia para evitar el probable arresto de su líder, investigado por el presunto abuso de una menor durante su mandato en 2015. Con piedras, desmonte y tierra, los manifestantes cortaron el tráfico en las vías que conectan Cochabamba, en el centro del país, con las ciudades de La Paz, Sucre (sur) y Santa Cruz (este), según la estatal Autoridad Boliviana de Carreteras (ABC).
La ABC reportó el martes dos nuevas rutas bloqueadas, que se suman a las tres del lunes. En Parotani, un poblado que conecta Cochabamba con La Paz, se registraron por segundo día choques entre civiles afines a Morales y la Policía, sin reportarse heridos. Los civiles usaron piedras, petardos e hicieron fogatas y la policía respondió con gases lacrimógenos, según imágenes de la televisora Unitel.
Las protestas para proteger a Morales se iniciaron el lunes, jornada que se saldó con al menos seis detenidos. Al frente de los bloqueos está el Pacto de Unidad, una junta de organizaciones afines al exmandatario de 64 años, que se moviliza “para resguardar la libertad, integridad y (evitar) el secuestro” de Morales, según anunció en un manifiesto. El gobierno llamó a Morales a dialogar el lunes, pero sin éxito.
Morales, el primer indígena que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, está siendo investigado por los delitos penales de “estupro, trata y tráfico de personas”. El jueves incumplió una citación de la fiscalía del departamento Tarija para declarar, con lo que la autoridad podría ordenar su aprehensión. Convertido en opositor del gobierno de su exministro Luis Arce, el expresidente tilda el caso como una “mentira más” que ya investigó y archivó la justicia en 2020.
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Cambia la cúpula policial
El presidente de Bolivia, Luis Arce, cambió este lunes a la cúpula policial en medio de la tensión política por las marchas y bloqueos que seguidores del exmandatario Evo Morales llevan a cabo para evitar su eventual captura. Arce posesionó al general Augusto Russo como comandante general de la policía, y a Guillermo Chacón como subcomandante. También fueron anunciados los nuevos jefes de los nueve departamentos del país.
Durante el evento, el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, enfatizó que la policía “tiene la misión constitucional” de “defender al pueblo de toda amenaza que pueda atentar contra su integridad”. El alto mando debía haber juramentado a comienzos de año, pero las pugnas en el Congreso entre los aliados de Arce y de Morales retrasaron los ascensos a generales. Ambos políticos libran una feroz disputa por la candidatura presidencial del oficialismo para las elecciones de 2025. La tensión ha ido escalando.
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Morales, que a mediados de septiembre lideró una masiva protesta contra el gobierno de su exministro, se enfrenta una probable orden de aprehensión por parte de la fiscalía, que lo investiga por el supuesto abuso de una menor con quien habría tenido una hija en 2016. Si el ministerio público finalmente ordena la detención de Morales, es la policía la que debe cumplir la medida.
Este lunes decenas de simpatizantes de Morales bloquearon importantes vías en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba -donde el expresidente pasa la mayor parte del tiempo- para “resguardar la libertad, integridad y (evitar) el secuestro” de su líder, según un manifiesto público. Los campesinos advirtieron que bloquearán toda Bolivia en el marco de su protesta indefinida.
Fuente: AFP.
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Grupo de oenegés pide a Peña vetar la ley de control
El Grupo Impulsor de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) pidió al presidente Santiago Peña vetar el proyecto de ley de control a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) sancionado el pasado miércoles por el Congreso Nacional.
Los representantes del OSC señalan que el proyecto atenta al derecho a la participación, la libertad de asociación y manifestación, así como a la libertad de expresión.
Al mismo tiempo de pedir el veto del proyecto, los representantes de las oenegés pidieron también al Poder Ejecutivo instalar una mesa de trabajo entre todos los sectores para discutir la normativa. Igualmente aclararon que ya existen leyes que regulan y transparentan la gestión de las Organizaciones No Gubernamentales.
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Dante Leguizamón, secretario Ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), manifestó que la pretendida normativa “ataca directamente las bases constitucionales del país, recordemos que nuestro país está constituido como una democracia participativa y pluralista”, según manifestó.
Por su parte, Marta Ferrara, de la Organización Semillas para la Democracia, dijo que la modificación que introdujo la Cámara de Diputados hace diferencias entre las organizaciones que estarán sujetas a la ley y otras que no, violando así el principio de la no discriminación. “Esta ley ya en su intención discrimina, algunos van a ser investigados y otros no”, indicó.
Ferrara cuestionó que sectores que están siendo investigados por lavado de dinero y están vinculados al crimen organizado van a quedar exentos de la aplicación de la normativa. En este sentido haciendo alusión a los clubes deportivos y a las iglesias, entre otros.
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Evo Morales continuará marcha contra el presidente Luis Arce
El expresidente Evo Morales continuará la marcha por los Andes de Bolivia, en contra de su exheredero político Luis Arce, pese a que había anunciado su salida de la protesta, informó ayer miércoles un dirigente campesino.
Ponciano Santos, líder de un sindicato de campesinos afín a Morales, dijo que “nuestro comandante Evo Morales Ayma (...) va a continuar en esta marcha hasta llegar a la sede de gobierno”, La Paz, el próximo lunes. Dirigentes campesinos, indígenas y obreros evaluaron que es importante que Morales encabece la caminata que comenzó el martes en el poblado de Caracollo, 190 km al sur de La Paz.
Los marchistas llegaron ayer miércoles a Lahuachaca, a 140 km de la sede de gobierno. Ahí se reunieron para evaluar la decisión de Morales. El líder aymara había comunicado su salida para evitar que el gobierno la vincule con fines personales. Varios ministros han señalado que Morales busca promover un golpe de estado contra Arce y que también tiene móviles electorales.
El expresidente indicó más temprano que “como dice (el gobierno que) es marcha de Evo, yo decidí retirarme de la marcha”. Hasta ayer miércoles, la caminata agrupaba a unas 10.000 personas, según el mismo exgobernante.
Crisis económica
El exmandatario Morales (2006-1019) ratificó que la protesta es contra la crisis económica y por la falta de dólares y combustibles. El gobierno, en cambio, asegura que es para exigir que los poderes Judicial y Electoral que acepten su candidatura para las elecciones presidenciales de agosto de 2025.
El poder Ejecutivo insiste en que Morales no puede ir a la reelección, por haber tenido dos mandatos consecutivos. Además, en 2016 perdió un referendo para postularse otra vez, aunque igual fue candidato en 2019. La oposición denunció fraude en las urnas y protestas motivaron su dimisión.
Arce y Morales están enfrentados por el liderazgo en el oficialismo y por la postulación a la presidencia, aunque sólo el dirigente cocalero anunció que quiere postularse. El martes se registró un choque en el pequeño pueblo de Vila Vila, a media ruta, donde unos 500 seguidores del presidente Arce instalaron un bloqueo para impedir que la caminata continuara.
El gobierno dijo que los choques entre seguidores de Arce y Morales dejaron al menos 26 heridos. Asimismo, indígenas afines a Morales instalaron desde el lunes siete bloqueos de caminos en los Andes, en una ruta que comunica La Paz con el Lago Titicaca que comparten Bolivia y Perú.
Fuente: AFP