La fiscala Mercedes Caniza imputó a Carlos Javier Ortola por homicidio doloso. El hombre está acusado de ser responsable de los disparos que causaron la muerte de Teodoro Servín Sánchez, quien al momento del ataque viajaba en un taxi, frente al Hospital de Barrio Obrero, ayer a primeras horas de la mañana.
La jueza que tramitará la causa es María Gricelda Caballero, a quien la fiscala solicita la aplicación de la prisión preventiva para el imputado.
El caso
De acuerdo con los antecedentes, la víctima se encontraba ayer en una discoteca céntrica con su hijo y su sobrino. Allí supuestamente conversó con una persona conocida como "Pachu" Ortola. Luego, a las 7:00, Servín Sánchez abordó un taxi junto a su hijo, con destino a 15 Proyectadas y Paraguarí.
En el trayecto dos hombres a bordo de una motocicleta se acercaron hasta el automóvil y sin mediar palabras dispararon contra Servín quien recibió varios impactos en la cabeza para luego escapar, informó Judiciales.net.
El herido fue auxiliado por el conductor del taxi, quien lo ingresó al Hospital de barrio Obrero después fue trasladado al Hospital del Trauma donde perdió la vida ayer a la noche.
Entre las diligencias realizadas, compareció en sede fiscal el hijo de la víctima y manifestó haber reconocido a los ocupantes de la motocicleta como Carlos Javier Ortola y Antonio Javier Martínez López.
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A 23 años de uno de los crímenes más macabros que definió el feminicidio en Paraguay
Hugo Tomás Ramírez Sosa, de profesión economista y catedrático universitario, tenía un lado oscuro que quedó al descubierto en la noche del sábado 26 de enero de 2002, cuando tomó un cuchillo y mató a su alumna, quien también era su amante… pero no quedó ahí, luego la descuartizó y arrojó sus restos en varios vecindarios de Asunción y Lambaré.
El docente, entonces de 44 años de edad, no había aceptado la ruptura de la relación de parte de la joven misionera Martha Raquel Orué Hirakawa, de 24 años, y cometió uno de los crímenes más macabros de la historia criminal del país. El hombre fue condenado a 21 años de cárcel en Tacumbú, donde se recibió de abogado, al cumplir casi 14 años de pena obtuvo libertad condicional en diciembre de 2016. Hoy vive aislado en una localidad del interior del país y poco se sabe de él.
Las bolsas negras
En la mañana del domingo 27 de enero del 2002, una persona se comunicó vía telefónica con la comisaría de Lambaré para denunciar que había una bolsa negra tirada al costado de un motel, en zona de Colón y Humaitá, de la cual salía sangre. Los uniformados que acudieron a verificar el lugar se encontraron con el torso de una mujer.
Al filo del mediodía, sobre las calles Félix Bogado y 24 Proyectadas, en Asunción, se encontró otra bolsa que tenía la cabeza de una mujer. Sobre las calles Montevideo y Manduvirá encontraron en una similar bolsa dos brazos. Luego, sobre Las Palmas y 11 de setiembre arrojó las dos piernas de la víctima.
La ruptura
La joven le dijo a Ramírez que la relación llegó a su fin, luego de casi un año y medio, debido a sus celos desmedidos que volvieron tormentoso su romance, que seguían manteniendo a escondidas, pese a que cada cual ya tenían parejas formales. Ante esta determinación, el sujeto no estuvo de acuerdo y la amenazaba que, si no estaba con él, “no sería de nadie”.
Aquel fatídico 26 de enero de 2002, Marta, quien vivía en un inquilinato del centro de Asunción, recibió la sorpresiva visita de Hugo, que le dijo que respetaba su decisión y la invitó a cenar a su casa, ya en plan de amigos, en su casa en el barrio Kennedy de Lambaré.
La joven accedió ante la insistencia, sin saber que lo que le esperaba y que el plan para matarla estaba en marcha. En la vivienda de Ramírez todo fue más tranquilo, el docente estaba respetuoso, amable, le ofreció una cena, tomaron algo y, en un momento dado, le dijo a Marta que iba a corregir algunos exámenes y que quería que lo acompañe. La mujer estuvo un buen rato, sentada, mirando a su profesor revisar las pruebas y luego decidió tomar un baño.
Puñaladas por la espalda
El docente ya tenía planeado asesinar a la joven, solo estaba aguardando tener una oportunidad y la encontró justamente cuando Marta estaba en la ducha. Hugo tomó un cuchillo de cortar carne de la cocina y entró al baño, vio a su víctima de espaldas y, sin dudar, la atacó tres veces, luego le dio cinco estocadas más en el pecho.
Con la misma arma con que le había quitado la vida, comenzó a descuartizarle las extremidades, luego le cortó la cabeza. Seguido, distribuyó el cuerpo desmembrado en bolsas de basura, cuerpo para luego comenzar a dejarlas en varios sitios de la ciudad de Asunción.
A continuación, llamó a su sobrino, que vivía cerca de su casa, y le pidió prestado su automóvil. Tras el macabro recorrido para deshacerse de las bolsas, Hugo volvió a su casa, limpió como pudo la escena del crimen, lavó el baño, el cuchillo y pensó en una buena coartada por si la policía llegaba a él. Entonces, llamó a su novia, con la que pasó el resto de la noche en su departamento, pero ese domingo volvió al sitio del crimen.
Rastros de sangre
Ramírez fue detenido esa misma mañana en que se encontraron los restos de Martha, a partir del testimonio de una amiga de la víctima, a la que contó la pesadilla que implicaba esta relación. El olfato de la policía sospechaba que la coartada de Ramírez no se ajustaba a los hechos, por lo que volvieron a su casa con una orden judicial. Convencido de que borró toda evidencia, el docente dejó que ingresaran los expertos de Criminalística. La primera evidencia que encontraron fueron las bolsas negras muy similares a las que contenían los restos de la estudiante, pero eso no era contundente.
En el baño con luminol (un compuesto químico que resalta la sangre bajo una luz violeta), los investigadores encontraron gran cantidad de pequeñas partículas de sangre que fueron tomadas y analizadas. Luego se revisó el automóvil que estaba estacionado en la propiedad del profesor y en la cajuela encontraron manchas que parecían sangre, también había cabellos y un anillo, que más tarde la familia Orué reconocería como propiedad de Martha. Con todos estos elementos se detuvo a Hugo Ramírez como principal sospechoso del crimen.
Los resultados de las pruebas de ADN confirmaron que toda la sangre encontrada en el baño y el vehículo eran de la joven estudiante. Hugo Ramírez fue imputado por el horrendo homicidio. El proceso judicial fue breve, ya que todas las pruebas demostraban que el docente era el único autor del hecho: el 10 de diciembre de 2002 fue condenado a 21 años de cárcel.
Libertad condicional y Ley 5777
El martes 27 de diciembre de 2016, Hugo Ramírez quedó en libertad, tras cumplir las dos terceras partes de su condena y por buen comportamiento. El profesor Ramírez, abandonó la cárcel con el rostro serio sin querer hablar con los medios de prensa que lo esperaban en la calle. Finalmente, accedió a responder un par de preguntas: “Ya pedí disculpas por mi error, fueron 14 años de encierro y en mi foja de servicio está todo lo que hice. Nunca tuvo incidentes dentro del penal…”.
Coincidentemente, ese mismo día, el 27 de diciembre de 2016, era promulgada la Ley n.º 5777 “de protección integral a las mujeres, contra toda forma de violencia”, cuyo borrador se redactó en el 2008, y que incorporó el feminicidio como una de las formas más extremas de violencia contra las mujeres, donde, por lo general, el victimario tenía o había tenido una relación o vínculo (esposo, pareja, novio, expareja, etcétera) con la víctima.
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Imputan al agente de tránsito que agredió a motociclista en Ñemby
La fiscal Lourdes Bobadilla imputó al agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) José Ramón Fleitas Gómez, quien habría agredido a un motociclista durante un procedimiento realizado en la ciudad de Ñemby, el sábado 25 de enero. Se evaluó el testimonio de la víctima y el video que se viralizó en redes sociales.
“En la fecha, él ha prestado declaración indagatoria . Asimismo ayer (dominco) tras haber tenido conocimiento a través de las fuerzas policiales del suceso y también tuve acceso al video en el cual se observó la conducta desplegada por este funcionario municipal”, señaló la agente fiscal a C9N.
Tras ser detenido por la Policía, el inspector municipal fue llevado a la Fiscalía donde fue imputado, luego de hacer su declaración. “El dio la versión de los hechos acontecidos. Independientemente de esta versión, la conducta desplegada está siendo analizada bajo el artículo 307 que nos revela un tipo penal que es la lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas”, refirió Bobadilla.
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Capacitar a los agentes de tránsito
Según la abogada Bobadilla, el agente debió tener un autocontrol y “poder gestionar mejor la ira”. “No es la primera vez que estamos viendo este tipo de hechos en funcionarios que deben tener un cierto control. Y por más de que haya existido una reacción anterior, analizarlo de otra manera”, expresó, e insistió en la necesidad de prestar una mayor capacitación al personal municipal que tiene un contacto directo con la ciudadanía.
“Independientemente de existir la infracción por haber ingresado de contramano, es otra la gestión que debió haberse realizado. Y ese es el motivo por el cual el Ministerio Público analizó esa conducta tras los testimonios que se tomaron de la víctima y lo visualizado en el video. Y, por ese motivo, hemos formulado una imputación contra este personal municipal”, confirmó.
Según el reporte policial, el hecho se registró cuando el conductor de plataformas, que aparentemente desconocía la zona, cometió una infracción, pero, ante sus reclamos, el PMT decidió golpearlo. La agresión fue respondida por el conductor que le lanzó su casco para defenderse.
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Imputan a tres personas por abigeato, reducción y violación de la ley de armas
Desde el Ministerio Público informaron que la agente fiscal Norma Paredes, de la Unidad Especializada contra el Narcotráfico de la ciudad de Villa Hayes, imputó a Leonardo Castel Vera, Guido Rafael Rodas Vargas y Jorge Manuel Vargas, por la supuesta comisión de los ilícitos de abigeato, reducción y violación la ley de armas.
El ilícito habría comenzado hace dos días, cuando el 22 de enero, al costado del río Pilcomayo, en el establecimiento denominado “Lengua”, a 200 metros del Puesto de Control Pariri, de José Falcón, uniformados de la Comisaría Sexta realizaron control rutinario sobre la Ruta 12 Py.
El acta refiere que durante la verificación, Luisa Isabel Ortiz Cardozo, quien circulaba en motocicleta, fue inspeccionada y se halló que trasladaba carne vacuna de dudosa procedencia, por lo que fue llevada hasta a la comisaría para el procedimiento de rigor. Luego, los intervinientes ubicaron a Guido Rafael Rodas Vargas, Leonardo Castel Vera y Jorge Manuel Vargas, con varios tipos de carne colgados de los árboles. Además, se pudo visualizar armas blancas.
Procedimiento
El informe de la Fiscalía narra que: “Dichos hombres fueron detenidos y se incautaron dos motocicletas; una escopeta calibre 12, procedencia española, de la marca EIBAR, con una vainilla servida; un rifle de la marca Marlin, calibre 22, con ocho proyectiles sin percutir; así como también un animal silvestre faenado que se trataría en un puma; 57,18 kilos de carne vacuna ; 5 machetillos; 3 cuchillos; un hacha; 2 limas; ropas varias con rastros de sangre; 3 mochilas de color negro; 3 aparatos celulares de las marcas LG, propiedad de Leonardo Castel; REDMI, perteneciente a Luisa Ortiz, y otro Samsung A13, a nombre de Jorge Vargas y una canoa de 6 metros de largo”.
El informe también indica que en prosecución de la investigación, este viernes se recibió la denuncia del señor Wilson Saldívar, capataz de la Estancia “María Sonia” sobre un supuesto hecho punible de abigeato, sobre faenamiento clandestino, consistente en un animal vacuno de clasificación vaquilla de la raza braford, propiedad de la firma ganadera Don Atilio S.A.; el hecho ocurrió presumiblemente el 18 de enero de 2025, en el interior del potrero denominado “Pangola Sur” de dicha estancia.
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Fiscalía imputa a tres policías por coacción grave
La fiscal Fátima Girala imputó a tres agentes de la Policía Nacional del Departamento de Investigaciones por presunta coacción grave. Los oficiales investigados son el oficial primero Juan David Ginés Rodas, el suboficial inspector Derlis Joel Torres Cardozo y el suboficial ayudante Alexander Javier Benítez Galeano.
La agente fiscal solicitó medidas alternativas a la prisión preventiva para los imputados, como la prohibición de salir del país, comparecencias periódicas ante el juez y la prohibición de comunicarse con las víctimas.
El incidente tuvo lugar el viernes 10 de enero de 2025, alrededor de las 19:00, en las calles 23 Proyectadas y Nuestra Señora de la Asunción en la ciudad de Asunción. Los agentes interceptaron un automóvil en el que viajaba David Jacobo Platón, quien iba acompañado de Adriana Isabel Cáceres y de dos menores de edad. El hombre se encontraba dirigiéndose a su hogar.
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Según la denuncia, los policías utilizaron tácticas agresivas, como golpes y amenazas para intentar detener el vehículo. Incluso, uno de los agentes habría desenfundado su arma de fuego luego de que el padre de la víctima saliera de la casa.
Según se observa en las cámaras, fue el agente Benítez Galeano el cual sacó el arma y gracias a declaraciones de testigos se sabe que en medio del acto trató de convencer a sus compañeros de solicitar la suma de 20 millones de guaraníes. La situación se intensificó hasta que los familiares de las víctimas intervinieron y amenazaron con llamar al 911, lo que provocó que los agentes abandonaran el lugar.
Esta imputación está sustentada en base a el acta de denuncia n.º 75/25 de la Comisaría 4.ª de Asunción, declaraciones testimoniales de víctimas y testigos, grabaciones de cámaras de circuito cerrado y documentos remitidos por el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional y la Dirección General de Asuntos Internos.
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