Tres integrantes de una familia fueron condenados a 8, 6 y 5 años de cárcel por abuso sexual en niños y proxenetismo. Las víctimas son tres menores de 7, 10 y 11 años de edad.
El juicio oral y público concluyó en Ciudad del Este, cuyo caso fue llevado adelante por el fiscal Alfredo Ramos Manzur, según informe del Ministerio Público.
Los sentenciados por abuso sexual en niños son el padrastro de los pequeños, quien recibió 8 años de pena, y el abuelo, condenado a 6; en tanto que la tía fue sentenciada a 5 por proxenetismo.
La madre y el tío de los niños también fueron procesados, pero hasta el momento se encuentran prófugos. La denuncia fue hecha por el padre biológico de las víctimas, en abril del 2013.
El Tribunal de Sentencia estuvo conformado por los jueces Milciades Ovelar, Efrén Giménez y Herminio Montiel.
Según demostró la Fiscalía, los niños fueron sometidos sexualmente en forma sistemática por lo que sufrieron cseveras alteraciones en sus conductas, de acuerdo a los sicólogos que les asistieron.
El fiscal indicó en su acusación que las víctimas relataron que sus familiares organizaban orgías y eran obligados a participar y observar lo que sucedía en ellas.
Una de las víctimas incluso era obligada a prostituirse y su propio abuelo se encargaba de cobrarles a los ocasionales clientes.
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Trump recibe condena “simbólica” por el caso “Stormy Daniels”
Donald Trump fue condenado este viernes por el caso de la exactriz de cine porno Stormy Daniels en una sentencia simbólica, aunque histórica que no implica cárcel ni multa, pero que convierte al presidente electo en el primer delincuente convicto en llegar a la Casa Blanca. “Este tribunal ha determinado que la única sentencia legal que permite la entrada de una sentencia condenatoria sin invadir el cargo más alto de la tierra, es un descargo incondicional”, dijo el juez del Tribunal de Distrito de Manhattan Juan Merchan en una audiencia a la que Trump asistió virtualmente.
Esta condena poco usual mantiene la culpabilidad, pero no implica condena a cárcel, multa o libertad condicional. El republicano de 78 años, que regresará a la Casa Blanca el próximo 20 de enero, fue declarado culpable en mayo pasado por un jurado popular de 34 cargos de falsificación contable para esconder el pago de 130.000 dólares en la recta final de las elecciones de 2016 a la exactriz de cine porno Stormy Daniels, con la que habría mantenido una fugaz relación extramatrimonial diez años antes, haciéndolo pasar como gastos legales.
El presidente electo tildó el proceso penal de “vergüenza para el sistema” judicial. El juicio se hizo “para dañar mi reputación para que perdiera las elecciones y obviamente eso no funcionó”, dijo el magnate por videoconferencia desde Florida junto a uno de sus abogados.
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Trump sufrió el jueves por la noche un último revés después de que la conservadora Corte Suprema rechazó por estrecho margen -cinco votos frente a cuatro- un recurso de urgencia para impedir in extremis el anuncio de la sentencia, en el único de los cuatro frentes judiciales que tenía abiertos que lo ha sentado en el banquillo.
Los abogados de Trump han tratado por todos los medios legales de que el futuro 47º presidente de Estados Unidos no fuera sentenciado y el caso fuera sobreseído invocando el fallo favorable de la Corte Suprema, que en julio pasado decretó la inmunidad presidencial por actos oficiales.
La defensa de Trump alegaba que la inmunidad judicial concedida a un presidente en ejercicio debería extenderse a un presidente electo y así “evitar una grave injusticia y daño a la institución de la presidencia y las operaciones del gobierno federal”.
El fiscal del caso Joshua Steinglass, recordó en la audiencia que el veredicto del jurado fue “unánime y decisivo y debe ser respetado” y acusó al ex y futuro presidente de “participar en una campaña coordinada para socavar” el proceso que ha causado un daño duradero a la percepción pública del sistema de justicia penal”.
La revelación de una conversación telefónica de Trump en los últimos días con el magistrado conservador del tribunal supremo Samuel Alito, que votó a favor de la suspensión el jueves por la noche, había suscitado los temores sobre su supuesta influencia sobre la máxima autoridad judicial del país, en la que seis de los nueves jueces son conservadores, la mitad nombrados por el propio expresidente.
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“No oficial”
El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, recordó en un escrito dirigido a los magistrados de dicha corte, divulgado el jueves que cuando Trump fue “acusado, juzgado y condenado por una conducta que él admite que es totalmente no oficial” era un ciudadano privado. El jueves, la jueza de la Corte de Apelaciones del estado de Nueva York, Jenny Rivera, denegó otro recurso de la defensa del magnate para evitar la sentencia.
Dos días antes, otra jueza de una instancia menor de la Corte de Apelaciones de Manhattan había rechazado otro recurso de la defensa de Trump en el que argumentaban que debería posponerse la sentencia mientras apelaba la condena. La sentencia de Trump había sido pospuesta en varias ocasiones desde julio, a raíz de la decisión de la Corte Suprema. En septiembre, Merchan la volvió a retrasar para evitar interferencias con la campaña presidencial.
Tras su elección a principios de noviembre, una audiencia prevista para el 26 de noviembre se retrasó mientras el presidente electo y los fiscales de Manhattan discutían sobre cómo proceder ante la situación inédita de su reelección. La semana pasada Merchan la programó de nuevo para este viernes, 10 días antes de la toma de posesión de Trump.
Este ha sido el único de los cuatro casos que pendían sobre Trump que lo ha sentado en el banquillo. Los otros tres en los que estaba inculpado, dos de ellos por el supuesto intento revertir el resultado de la elección presidencial de 2020 que perdió frente a Joe Biden y por la conservación de documentos clasificados en su casa, han quedado en suspenso tras su elección.
Fuente: AFP.
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Paraguay rechaza la violencia del gobierno chavista contra líder opositora
El Gobierno de la República del Paraguay emitió un pronunciamiento a través de sus redes sociales, en la que responsabiliza al régimen de Nicolás Maduro por el nuevo atentado en contra de la libertad de expresión de una referente de la oposición en la República Bolivariana de Venezuela.
El pronunciamiento se da luego de conocerse la manera violenta en la que fue detenida la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, mientras encabezaba una manifestación pública en repudio a las intenciones del dictador Nicolás Maduro de juramentar como presidente del país caribeño, este viernes 10 de enero.
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Desde la presidencia de la República del Paraguay expresan que esta nación “condena y repudia el secuestro de la señora María Corina Machado, representante de la oposición venezolana, al término de un acto pacífico de manifestación ciudadana, llevado a cabo esta tarde en Caracas”, expresaron a través de la cuenta oficial en X.
Igualmente, mencionan que, desde el Gobierno de Paraguay, “hacen responsable al régimen dictatorial de Nicolás Maduro por este nuevo atentado en contra de la libertad de expresión de una referente de la oposición, quien habría sido víctima de un inaceptable episodio de violencia política en su país”, continúa el comunicado.
Finalmente señalan que la República del Paraguay “hace un llamado al respeto al derecho de manifestación pacífica en la República Bolivariana de Venezuela”.
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Condenan al exgobernador de Central a 10 años de cárcel por malversación de fondos
El Tribunal de Sentencia, de manera unánime, otorgó 10 años de prisión al exgobernador del departamento Central, Hugo Javier González, por malversación de los recursos económicos destinados a la lucha contra la pandemia del COVID-19. En la causa, también fue condenado con la misma pena su exasesor y exdirector de Gabinete, Miguel Ángel Robles Ibarra.
El tribunal estuvo conformado por Karina Cáceres, Ana Rodríguez y Yolanda Morel, quienes sostienen que González, durante su gestión, cometió lesión de confianza, producción de documentos no auténticos (uso) y asociación criminal en calidad de autor. Mientras que Robles Ibarra incurrió en los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos en calidad de instigador.
En total, ambos malversaron la suma de G. 5.105.600.000. Luego de darse a conocer la condena, tanto González como Robles Ibarra fueron remitidos a la penitenciaría de Tacumbú. También fueron condenados, en la causa, el exdirector de Administración y Finanzas, Javier Marcelo Rojas Giménez, por lesión de confianza en calidad de coautor, a dos años de prisión.
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Mientras que Lourdes Lezcano Decoud, exsecretaria general; Luis Eduardo Allende Araujo, extesorero; y Modesta Valiente, exsecretaria de Administración y Finanzas, recibieron una condena de dos años con suspensión por lesión de confianza en calidad de cómplices.
En el transcurso del juicio quedó comprobado que los fondos económicos que debían ser utilizados por la gobernación de Central para la reactivación económica fueron desviados y, para ocultar el hecho, se adulteraron 14 proyectos de obras para justificar el uso del dinero.
“Entre noviembre del año 2020 y julio del año 2021 Miguel Ángel Robles Ibarra, director general del gabinete de Central ideó y lideró un esquema formado por funcionarios y representantes de CIAP y con constructores para conseguir el desembolso de sumas de dinero por parte del estado entonces así coordinó con todas estas personas todos los trabajos para ocultar el uso de dinero público. Para ello trazó un plan y exhortó a las personas que sigan el delineamiento de ese plan”, refiere parte de la sentencia.
Asimismo, la sentencia argumenta que “la documentación presentada en ambas rendiciones presentaban facturas falsas y mentiras escritas, con el propósito de desviar los recursos a la generación de fuentes de trabajo. El tribunal tiene la certeza absoluta que estas obras no se realizaron con los fondos. todo ese plan operativo provocó al estado paraguayo, a la gobernación, un perjuicio patrimonial”.
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Corte ratificó condena contra exautoridades de la asociación de funcionarios públicos
La sala penal de la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación y quedó firme la condena de 2 años y 6 meses de cárcel para Nélida Huespe de Peralta y Celina Villalba de Lovera, sentenciadas por el delito de lesión de confianza por el uso irregular de G. 1.240.971.000 de la Asociación de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados del Paraguay.
Los ministros de la Corte que firmaron la resolución judicial son Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera, quienes declararon inadmisible y por ende se ratificaron las condenas para las dos personas.
Los altos magistrados mencionaron que “este reclamo debe ser rechazado porque las condenadas en su escrito no explicaron cómo ocurrió el error sobre la violación del principio de la sana crítica, en el sentido de expresar cuál fue el medio probatorio erróneamente valorado y su consecuencia jurídica”, señala parte del fallo de la máxima instancia judicial.
Según la condena, las procesadas, en carácter de presidente y tesorera de la Asociación, habrían librado cheques contra la cuenta corriente y extracciones de dinero de la caja de ahorro en reiteradas ocasiones hasta el respectivo vaciamiento de las cuentas.
En su momento, el caso fue muy chicaneado por la defensa de las dos acusadas, quienes en todo momento pretendieron evitar que se haga justicia.
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