La Dirección General del Tesoro Público, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informó que las solicitudes de trans­ferencias de recursos corres­pondientes a la deuda flotante 2024 (con ingresos al 6 de enero de 2025), por un valor total de G. 751.982.230.777, se empezaron a procesar para la serie de pago en transcurso del pasado 8 de enero y conti­nuará hasta el día viernes 17 de enero de 2025.

A través de la Fuente 10, recursos del Tesoro, el pago previsto será de G. 434.077 millones; con Fuente 20, recursos del crédito público, G. 206.502 millones, y Fuente 30, recursos institucionales G. 111.401 millones. El Minis­terio de Economía informó al respecto que las solicitudes de transferencias de recur­sos con ingreso del 7 al 14 de enero serán incorporadas al calendario de pago para su cancelación.

En la extensa lista aparecen conceptos de pagos como productos alimenticios, medicamentos, inversiones, combustibles y lubrican­tes, servicios básicos, entre otros, de diversas entidades públicas como los ministe­rios de Salud, Educación, Obras Públicas, Agricultura, Defensa Pública, Universi­dad Nacional de Asunción, Cámara de Diputados, Diben, Contraloría, Dinavisa, Pre­sidencia y Justicia Electoral. Puede verse en este enlace: https://www.mef.gov.py/consulta-ciudadana/calen­dario-de-pagos/pago-a-pro­veedores.

La deuda flotante son compro­misos asumidos por las dife­rentes instituciones públicas que no podrán ser cancelados al 31 de diciembre y se trasla­darán al siguiente ejercicio, para su pago a más tardar el 28 de febrero.

Desde la cartera económica resaltan el compromiso del Gobierno con la transparen­cia en los procesos pagos de la actual administración, tras cancelar sus compromisos correspondientes al ejercicio anterior y de esta forma otor­gar previsibilidad financiera a los proveedores y acreedores del Estado.

Economista, no obstante, opinó que no se debe descuidar las finanzas públicas.

La Dirección General del Tesoro Público informó que las solicitudes de transferen­cias de recursos correspon­dientes a la deuda flotante 2024 por un valor total de G. 751.982 millones. Sobre si estos compromisos asumidos por el Estado a corto plazo podrían afectar la estabilidad de las finanzas públicas, el economista Wildo González afirmó que cuando la demora en el pago de las deudas toma más tiempo del previsto, esto puede generar proble­mas en el flujo financiero de las empresas proveedoras o contratistas del Estado, pero no compromete la estabilidad económica del país. “Esto más bien termina siendo un tema de gestión pública, no de acciones que comprome­tan la estabilidad del país. El no pago a tiempo puede com­prometer los planes futuros de expansión e inversión del proveedor o contratista; esto, en caso de ser recurrente o de una magnitud considera­ble, puede afectar la inversión agregada y, por ende, dismi­nuir el dinamismo de la eco­nomía en los sectores en los que operan estas empresas”, precisó.

Indicó que esto, adicional­mente, puede generar un incremento en la incertidum­bre económica, y enfatizó que es bien conocido el efecto negativo y fuerte que esto tiene en el desempeño del cre­cimiento económico de una economía. “Su impacto nega­tivo, muchas veces intenso, en el mercado laboral”, enfocó. Con respecto a cómo el Gobierno debe mejorar para evitar incumplir estos com­promisos y, en el peor escena­rio, incrementar la deuda en el futuro, dijo que principal­mente depende de una buena planificación financiera en la gestión pública, especial­mente en la elaboración de presupuestos plurianuales. Expuso que estas acciones, ya tomadas por gobiernos pasa­dos y por este, se encaminan a una política fiscal estable y predecible que no represente riesgo para la actividad eco­nómica ni comprometa los recursos destinados a diver­sos sectores: programas sociales, inversión pública y pago a proveedores y con­tratistas.