El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández, dijo que, con la reglamentación de la Ley de Suministros y Compras Públicas y las propuestas introducidas, se mejorará el gasto público. Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) frecuentemente citado indica que en Paraguay se malgasta en recursos públicos por año entre USD 1.200 a 1.500 millones, un 3% de su producto interno bruto (PIB).
El ministro aclaró que no se trata de hechos de corrupción en sí, sino muchas veces de ineficiencia en la administración de los recursos. Es por ello que con la reglamentación de la ley de licitaciones se incluyen medidas como: licitaciones a nivel del Estado, a través de las compras conjuntas. “Muchas veces tener diseminadas a las instituciones para compra de equipos es una cuestión de ineficiencia en las compras públicas”, dijo en entrevista con la 1020 AM.
La reglamentación de la Ley n.° 7.201/22 fue presentada en el mes de agosto. Junto a las compras conjuntas, fomentando la colaboración entre entidades públicas para las licitaciones de equipos y servicios y reducir costos, se introducen medidas para agilizar los procesos.
Es así que se reducen los plazos de protestas y recursos de reconsideración, al igual que la eliminación del requisito de consorciamiento previo a una licitación, en donde las empresas que presenten ofertas conjuntas podrán conformar el consorcio después de ser adjudicadas.
IMPULSO A REFORMAS
El ministro del MEF señaló que la actual administración de Gobierno está decidida a implementar las reformas necesarias, no sólo presentar proyectos de ley. Bajo este objetivo, desde agosto de 2023 se llevaron a cabo la creación del propio ministerio, fusionando a las secretarías de la Función Pública y la Técnica de Planificación, la creación de la Dirección de Ingresos Tributarios.
Más recientemente, se aprobaron proyectos de larga data como la reforma del servicio civil y la función pública, con disposiciones generales para todos los poderes del Estado, respetando que cada uno es responsable de su aplicación, y disposiciones particulares para el Ejecutivo como la reducción del número de cargos de confianza, la estabilidad laboral para contratados y la creación del Sistema de Directivos Públicos.