Paraguay es una eco­nomía en desarrollo que viene experimen­tando un crecimiento sos­tenido durante las últimas décadas, con algunos tropie­zos, pero manteniéndose en los niveles por encima incluso de algunos países de la región. Su contraparte, la economía subterránea, también viene acompañando esa expansión pese a los muchos intentos para atacar la informalidad y, por sobre todo, lo ilícito.

Solo en 2023, la economía subterránea habría repre­sentado más del 47 % del pro­ducto interno bruto (PIB), o lo que serían unos USD 23.595 millones, cuyo porcentaje se viene incrementando espe­cialmente después de la pan­demia, ya que en 2022 ocupó 46 % y por encima del 44,3 % en 2021. Además de la percepción internacional de un buen clima de negocios, el país también se sigue situando en los rankings del crimen organizado.

Es lo que se expuso durante la presentación de un informe sobre la Economía Subterrá­nea en Paraguay, organizado por Prodesarrollo y la consul­tora Mentu, una muestra que refleja la realidad de las activi­dades económicas que se lle­van a cabo fuera de la regula­ción gubernamental y sin el pago de impuestos correspon­dientes. Las mismas pueden ser legales o ilegales.

Una de las interrogantes a estos datos expuestos es por qué la economía subterránea sigue creciendo, si el país se encuentra en una senda de expansión conforme a los índices locales como a las pro­yecciones internacionales.

Los representantes de las ins­tituciones a cargo del estudio indicaron que se encontra­ron varios hallazgos a través de una encuesta realizada sobre la percepción del con­trabando.

El sondeo, que se realizó en Asunción, Luque, Fernando de la Mora, San Lorenzo y Lambaré, reveló principal­mente que un bajo porcen­taje ve al contrabando como una actividad negativa para la sociedad, lo cual también puede ocurrir en otras activi­dades como el tráfico de dro­gas o armas. Se encontró que 1 de cada 5 encuestados com­pran de puestos informales o directamente traídos de Clorinda.

La actividad ilegal no es per­cibida como algo malo, gran parte de los productos ingre­sados vía contrabando fueron de la canasta básica, la falta de control sigue primando y especialmente la diferencia de precios aparecen entre los factores principales del ten­diente crecimiento de la eco­nomía subterránea.

Otro atenuante en la econo­mía subterránea es la usura, por la facilidad y exposición de esta práctica a la que recu­rren muchos trabajadores quizás informales, pero que están en una actividad lícita como la venta alimentos o un trabajador independiente.

A la vez, la economía subte­rránea se ve reflejada por los bajos niveles de ingreso en el país, ya que solo 6 de cada 10 paraguayos del sector for­mal ganan más que el salario mínimo, pero en el campo informal son 7 de 10 trabaja­dores que ganan menos que el sueldo mínimo.

Como parte de las conclusio­nes, los especialistas señala­ron que la formalización no es solo una cuestión de pape­les, por lo que la consigna debe ser cómo llegar a que todos los trabajadores accedan al menos al salario mínimo. La crisis social no se trata solo de la brecha de la pobreza, sino también de seguridad.

El objetivo de compartir estos hallazgos es poner en evidencia estas realidades de modo de convocar a una acción conjunta tanto a sec­tor privado como público, al tiempo de exponer que efec­tivamente se puede hablar de algunos avances en for­malización, como la estruc­tura impositiva del Resimple, los registros automáticos, en inclusión financiera y otros. Aunque eso solo apunta al segmento pequeño, mien­tras que el contrabando per­mea incluso clases sociales sin distinción.

La presentación del informe estuvo a cargo del economista Jorge Garicoche, parte del equipo técnico de Prodesa­rrollo, junto con Hugo Royg y Carla Linares. A la vez, plan­tearon posibles soluciones el director ejecutivo, Sebas­tián Acha, y el presidente de la organización, Ángel Almada.