El director ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), Hugo Pastore, se refirió acerca de las regulaciones de la Unión Europea (UE) señalando su complejidad de aplicación para el país. Indicó que con las mismas se pierde el foco del productor que debe producir eficientemente, a bajo costo y con productos de calidad.
“El cumplimiento se hace, porque son cumplimientos de las normativas nacionales, pero llegar al detalle de tener que contar con el certificado de 11 instituciones y que el productor tenga que estar recorriendo ministerios y oficinas, buscando tener esa información es engorroso”, afirmó. Enfatizó que también se pretende contar con la geolocalización de cada una de las parcelas donde se produce la soja, el ganado o la madera.
Si bien hoy estos aspectos se pueden generar extrapolando a las fincas, la carga de trabajo es grande y la normativa entrará en vigencia el 1 de enero de 2025, es por eso que piden gradualidad en la implementación. “Vos tenés que ir a un perímetro, marcarlo, generar un archivo que iría comparando el año 2024 con el año base y se sigue produciendo”, manifestó a Unicanal.
Pastore añadió que Paraguay puede ofrecer la demostración de que la producción agrícola y de ganado se realiza en áreas libres de deforestación, porque el 99,7 % puede ser demostrado con imágenes satelitales del Infona. Todo esto con referencia al Pacto Verde de la UE y su Reglamento 1115/2023, que plantean exigencias de trazabilidad detallada y diligencias que prohíben la importación de productos que se generan de la pérdida de bosques.
Aseguró que para este mes de marzo se prevé dos visitas de representantes de la UE, tanto del área técnica como ambiental, para desarrollar una agenda y reuniones con instituciones como el Instituto Forestal Nacional (Infona), el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y a través de la Cancillería con el sector privado, entre otros.