La viceministra de Capital Humano y Gestión Organizacional, Andrea Picaso, habló en una entrevista televisiva sobre la importancia del proyecto de ley de servicio civil y las modificaciones realizadas al mismo. Explicó que esta norma definirá los criterios y principios a seguir por las organizaciones del Estado, contribuyendo a mejorar la calidad de los bienes y servicios públicos, al tiempo que reafirmó que el activo más valioso de las instituciones es su capital humano.
En entrevista en el canal NPY, indicó que las modificaciones presentadas a la norma establecen los principios rectores a seguir por todas las instituciones públicas. Explicó que la autoridad encargada de aplicarlos debe respetar la autonomía constitucional, dificultando la posibilidad de que las instituciones tomen acciones en contra.
“El activo más importante de las instituciones es su capital humano, ya que son quienes diseñan e implementan los planes públicos. Esto es lo que llega a la gente y lo que queremos para la ciudadanía son bienes y servicios públicos de calidad”, afirmó. Dijo que el nuevo gobierno estuvo trabajando en un marco de reformas, destacando la creación del Ministerio de Economía y Finanzas. Este absorbió la ex-Secretaría Técnica de Planificación y la Secretaría de la Función Pública, ahora integrada en el Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional.
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Ley “antipollada” reflotará seguro obligatorio
El diputado Hugo Meza celebró la media sanción por unanimidad otorgada al proyecto que plantea la creación de un fondo nacional para accidentados y víctimas de siniestros viales, más conocido como “ley antipollada”. El documento deberá ser remitido próximamente a la Cámara de Senadores para su tratamiento en plenaria.
“Fue una sanción por unanimidad, le hemos dado un gran empuje a un proyecto de ley que será temporal porque la solución definitiva es avanzar y reflotar la ley del seguro obligatorio (Soat) que fue derogada por su inaplicabilidad en ese momento. Esta propuesta consiste en crear un fondo nacional que pueda dar cobertura a los ciudadanos que van hoy a tres instituciones y no encuentran respuestas, como la Diben, Senadis y el Hospital de Trauma”, indicó al programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Meza sostuvo que la iniciativa apunta a recaudar de manera anual un total de G. 100 mil millones anuales que serán remitidos a una cuenta blindada creada por el Ministerio de Economía. “La plata será sacada de 3 fuentes, la primera será un cobro simbólico de G. 10.000 en el momento de sacar o gestionar los registros en las municipalidades, estamos hablando de casi tres millones doscientos mil conductores que se encuentran registrados. La segunda fuente es el direccionamiento del 10 % que se paga para la importación de motos”, refirió.
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Proyecto de ley anticorrupción nace ante nulos resultados de la Senac, señalan
El Gobierno presentó una iniciativa legislativa denominada Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción, que representa un paso, de los muchos que se tiene que dar, hacia el combate a la corrupción, según indicó Roberto Moreno, asesor jurídico de la Presidencia de la República.
“Tenemos una institución que durante años no sirvió para nada (Secretaría Nacional Anticorrupción), más que para alguna que otra persecución política o mediática, pero resultados no trajo ninguno. Entonces sale este proyecto que pone como autoridad nacional en la materia a la Contraloría, fortaleciéndola y dando un voto de confianza a esta institución”, expresó Moreno.
En conversación con el programa “Arriba hoy” de canal GEN-Universo 970 AM/Nación Media, explicó que el hecho de que sea el propio presidente el que designe al ministro anticorrupción, representaba una problemática, puesto que este secretario era quien debía investigar al mandatario o a sus colegas ministros.
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En la iniciativa presentada el lunes 2 de septiembre, está contemplada que sea la Contraloría General de la República la autoridad rectora de esta ley. “El Poder Ejecutivo le da ese poder a un órgano extrapoder que tiene autonomía e independencia como es la Contraloría, confiando en un proceso de institucionalización”, manifestó.
La Contraloría será la encargada de aplicar las eventuales sanciones a las instituciones que no se ajusten a los estándares o que no modernicen sus códigos de ética y de conflictos de intereses. Las sanciones deberían generar un incentivo para el cumplimiento de las normativas, indicó Moreno, quien reconoció que la corrupción está muy arraigada a la cultura del país.
“Esto no quiere decir que si se sanciona esta ley ya no habrá corrupción en Paraguay, una sola ley no cambiará siglos de cultura que tenemos, pero sí es un paso decisivo y serio. Esto implica el inicio de un proceso de crear un ecosistema favorable a la transparencia y a la lucha contra la corrupción, que debe ser cultural no solamente legal”, remarcó Moreno.
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Justicia ordena que médicos cirujanos de Pediatría presten servicio en IPS
La Dirección Jurídica del Instituto de Previsión Social promovió una acción de amparo judicial, en el que obtuvo una medida cautelar para que los médicos cirujanos del área de Pediatría no interrumpan los servicios de cirugía de urgencia en el citado centro asistencia. La resolución fue firmada por la jueza penal de Garantía de Turno de Asunción, Clara Ruiz Díaz.
Los profesionales de la salud, en cumplimiento de un comunicado de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica, tomaron una medida de fuerza para reivindicar sus derechos relacionados con la carga horaria, de 12 horas, conforme a la Ley 3137 “Que establece la significación salarial y la carga horaria de los profesionales médicos que prestan servicios dentro del Sistema Nacional de Salud”.
Esta ley dispone con claridad que la implementación será gradual, sin embargo, los médicos pretenden, a través de una medida de fuerza de “brazos caídos”, acceder inmediatamente a este derecho.
El pedido de IPS resalta que la disposición del Círculo de Médicos y la negativa misma de los profesionales de la salud de cubrir los turnos en horario extraordinario atenta contra el derecho a la salud y la vida de niños y adolescentes, en violación de la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes vigentes, sobre todo contra el principio fundamental de “interés superior del niño y el adolescente”.
Asimismo fueron denunciados casos concretos de niños que, por patologías diversas, tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente con anestesistas y cirujanos para adultos.
La resolución judicial ordena como medida de urgencia que los médicos Juan José Escauriza Ortiz, Carlos Esteban del Puerto Flores, Néstor Waldemar Argüello Duarte, Carla Fabiola Espínola Gómez, Claudia Patricia Díaz Lugo, Matsumura Kiichiro, Enrique Domingo Taboada Benítez, Mónica Beatriz Martínez Saldívar y Liliana Machuca Vargas, médicos cirujanos del servicio de Pediatría del Hospital Central del IPS de y de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica, presten atención médica en los horarios y turnos establecidos por la Dirección Médica del Hospital Central y la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica a los asegurados, niños y adolescentes, que requieran cirugías pediátricas en horario extraordinario y garanticen el libre ejercicio profesional a los médicos que deseen cubrir esos turnos, para salvaguardar la salud y la vida de los niños que requieran atención medica quirúrgica de urgencia.
En caso de que los mismos no quieran acatar la presente resolución judicial, se podría remitir los antecedentes al Ministerio Público por desacato a una orden judicial y los médicos podrían ser imputados.
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Exjueza Tania Irún recurre a chicanas para evitar ser juzgada por prevaricato
La exjueza en lo Civil y Comercial Tania Irún recurre a chicanas para evitar estar sentada en el banquillo de los acusados debido a que apeló la resolución del juez Yoan Paul López que elevó a juicio oral el caso. Con la presentación hecha por la defensa de Irún, la misma pretende eludir que sea juzgada por el hecho punible de prevaricato por haber entregado presuntamente 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en zona de seguridad fronteriza a empresas que serían de maletín.
Irún fue acusada por el Ministerio Público por el delito de prevaricato y se pidió que la misma enfrente un juicio oral y público. Se realizó la audiencia preliminar en la que el juez López resolvió que la exmagistrada sea juzgada como una procesada común y corriente.
En julio pasado, la fiscal Adjunta Soledad Machuca acusó y pidió juicio oral y público para la exjueza en lo Civil Tania Irún, procesada por el delito de prevaricato. Machuca fue contundente al señalar que la exjueza obligó de forma irregular a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial y en consecuencia habría intimado a la parte demandada, a otorgar la escritura pública traslativa de dominio de los inmuebles ubicados en el Departamento de Alto Paraguay consistentes en 310.000 hectáreas, aproximadamente, a favor de las firmas, presumiblemente de maletín.
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También señala la acusación que “como bien podrá advertirse la entonces magistrada Irún al referirse al cumplimiento de lo previsto en la Ley especial N°2532/05 (que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), tan sólo se habría limitado a hacer mención a lo referente al cumplimiento del artículo 2° de la ley, en lo que respecta a la nacionalidad de las personas actoras; afirmando que las mismas no serían oriundas de los países limítrofes, sin embargo en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”, refiere el escrito de la acusación del Ministerio Público.
Asimismo, la acusación refiere que “lo más grave es que en la sentencia no habría ninguna referencia o mención a las circunstancias establecidas en el Art. 4° de la misma ley que establece como requisito legal para aquellos que pretendan ser propietarios, copropietarios o usufructuarios de inmuebles rurales en zona de seguridad fronteriza, que las acciones sean nominativas y no endosables”.
Del mismo modo, la Fiscalía sostiene que “no existirían en el expediente civil constancias; informaciones o verificaciones de dichas circunstancias realizadas por parte de la magistrada Tania Irún al momento de dictar sentencia definitiva, en incumpliendo a la Ley 2532/05, ley especial, por la cual ordenó la transferencia de dominio de los inmuebles ubicados en el Alto Paraguay, a las empresas de maletín”, dice la acusación de la Fiscalía.
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