El Ministerio de Eco­nomía y Finanzas (MEF) ratificó su compromiso con la transpa­rencia y enfatizó que no apa­ñará hechos de corrupción que involucren a funciona­rios de la institución. Señalan que cuentan con una oficina encargada de recepcionar las denuncias sobre hechos de corrupción.

Al inicio de la conferencia de prensa de la mañana de ayer martes, el viceministro de Administración Finan­ciera, Óscar Lovera, señaló que la convocatoria se da en el marco de la intervención fiscal que se realizó el lunes donde un funcionario de la institución se vio involu­crado en un hecho de corrup­ción. La intervención permi­tió la aprehensión de cuatro personas quienes solicita­ron dinero al intendente de un municipio para obtener recursos.

“Ya había escuchado rumor de que había personas que se aprovechaban de la nece­sidad o de la falta de conoci­miento de cómo funcionaba el sistema de transferencia y se acercaban solicitando pagos para poder agilizar, eso fue denunciado”, dijo. Mediante un acompaña­miento de las autoridades del MEF se realizó una entrega vigilada que terminó en la detención de estas personas.

En ese marco, Lovera men­cionó que el mensaje que bus­can transmitir con este pro­cedimiento es que tendrán cero tolerancia a la corrup­ción y aclaró que no existe ningún pago relacionado a la agilización de los procesos para adquirir las transferen­cias del Estado. “Eso no va a ser tolerado, vamos a perse­guir ese tipo de conducta”, aseveró.

Anunció que de manera a tra­bajar de forma previsible con los beneficiarios de las trans­ferencias del Tesoro los recur­sos solicitados con Fuente 10 van a ser cancelados a más tardar en 8 días después de su habilitación. Añadió que mediante la página web van a detallar las transferencias de manera a transparentar el proceso.

Por otro lado, los recursos que son institucionales o con endeudamiento, van a ser transferidos todos los martes o jueves después del ingreso del pedido. “Esto va a permi­tir que se pueda avanzar en un proceso de gestión transpa­rente para con todos los invo­lucrados en el proceso de ges­tión pública”, recalcó.