El presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym), Raúl Valdez, explicó que corresponde que la resolución del peaje en la hidrovía Paraguay-Paraná impuesta por el Ministerio de Transporte de Argentina sea derogada. El sector apoya plenamente el trabajo que se encuentra realizando el Gobierno para destrabar el cobro de la tarifa que a la fecha suma unos USD 11 millones en facturas, según señaló.
“Nosotros buscamos que esa resolución se derogue porque consideramos que es ilegal porque se está atropellando un tratado internacional que está por encima de las leyes de los países”, indicó. Si no se logra esta acción la opción es suspender el cobro y allí comenzar a debatir de manera integral entre los cinco países que conforman el acuerdo de la hidrovía y no solamente desde un sector.
Valdez sostuvo que la noticia del compromiso de suspensión les pareció alentadora y que entienden que del otro lado puedan existir interlocutores que no estén alineados con la misma visión. “Apoyamos plenamente el trabajo que está haciendo nuestro Gobierno, entendemos la complejidad en la que se está llevando a cabo todo esto y creemos que tenemos las herramientas y a las personas idóneas para llevar esto adelante y subsanarlo”, remarcó.
Recordó que lo que ocurrió esta semana es una muestra de lo que viene pasando desde el inicio, pues el conflicto ya comenzó de “contramano” meses atrás cuando las facturas a las embarcaciones llegaron tras una visita que hizo el ex presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a su par argentino Alberto Fernández. “Como reacción a esa visita esa misma tarde llegó la primera factura por el cobro del peaje”, añadió a la 780 AM sobre el actuar errático de las autoridades argentinas.
Hasta el momento, la mayoría de los dueños de embarcaciones siguen buscando formas y medios jurídicos para evitar el cobro de USD 1,47 por tonelada al ingresar en la vía navegable pese a las presiones, abonando en forma de carta de protesta como un eventual documento en caso de que se logre un fallo a favor de los reclamos. Los daños económicos llegarían incluso a un gasto directo de USD 50 millones anuales y el costo para cada embarcación parada en un solo día asciende a unos USD 40.000.