Casi el 25 % de la población económicamente activa en Paraguay aporta al sistema de pensiones, según el economista César Paredes. Enfatizó que nuestro país requiere de una institución que se encargue de analizar y controlar cómo se usan los recursos de las cajas fiscales y pensiones.
Explicó que se puede crear una superintendencia a través de un proyecto de ley, que se encargue de aconsejar sobre posibles inversiones y a su vez, orientar y controlar los recursos que provienen de los impuestos y los aportes de la previsional. “Necesitamos una superintendencia que se ocupe permanentemente y en forma global de analizar todos los riesgos relacionados a los sistemas de jubilaciones del país. Hoy cada entidad tiene su propio análisis, su propia manera de ver las cosas”, dijo.
Afirmó que existen estándares internacionales para regirse a la hora de realizar análisis respecto al manejo de las cajas, así como los bancos se rigen por las leyes de Basilea. “Sin embargo, este sector que es tan sensible, no tiene ningún tipo de control desde el punto de vista técnico. Se habló de una superintendencia de pensiones años atrás y fue rechazado por el Congreso”, indicó. Acotó que según la información que maneja hay nuevamente intenciones de crear la institución por parte del BCP. Aseguró que esto tendrá un impacto positivo para la ciudadanía, en especial para los aportantes del IPS, ya que les generará confianza para su futura jubilación.
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Con nuevos lineamientos buscan que compras públicas sean más eficientes y oportunas
En el marco de la jornada de socialización de la Ley de Suministros y Contrataciones Públicas, el viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Oscar Lovera, explicó los lineamientos que buscan establecer para que el proceso de compras públicas sea mucho más eficiente y oportuno.
El viceministro participó como expositor en la nueva jornada de socialización de los lineamientos y reglas generales para el funcionamiento de los Comités de Suministro Público en el marco de la Ley N° 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Públicas”, realizada en el MEF por técnicos de la Dirección General del Sistema Nacional de Suministro Público. La misma estuvo dirigida a servidores públicos de todas las instituciones públicas vinculadas al proceso de contrataciones públicas.
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”Esto es una innovación que trae la Ley de Suministro Público, donde básicamente estamos cambiando el esquema de visión que se tenía en el proceso de compras públicas. Estamos rompiendo un proceso, una cadena que parte de la identificación desde la planificación, donde identificamos los bienes y servicios que permitirán a las instituciones cumplir con sus objetivos misionales”, resaltó.
Por su parte, la gerente de Gestión Financiera del Estado, Teodora Recalde, resaltó la importancia de la Ley de Suministro y Contrataciones Públicas e indicó que es una herramienta que ayudará a ubicar al Paraguay en la vanguardia de lo que es un modelo de sistema de administración financiera enfocada a la gestión pública.
”La intención es que el Presupuesto se haga de forma oportuna y que llegue a la ciudadanía. Esto no es solo para el servidor público, sino para todo público de este país bello y rico, pero tenemos que hacer esta gestión y a partir de eso estamos en condiciones para seguir avanzando entre todos”, manifestó.
Es de resaltar que en la víspera se desarrollaron dos encuentros de socialización en el Ministerio de Economía con diferentes grupos de servidores públicos de los tres Poderes del Estado.
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Analizar los costos de nuestra mediterraneidad
- Por Laura Ramos
- Socia del Club de Ejecutivos del Paraguay
En setiembre de 2022 Argentina dispuso, unilateralmente, el cobro de un peaje en la hidrovía Paraguay-Paraná, haciéndose efectivo a partir de enero de 2023. Esta disposición generó protestas de Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia, países afectados por la transgresión del acuerdo firmado entre todos para la navegación de este paso fluvial.
Luego de esta medida, el Gobierno argentino tuvo varias fricciones con su par paraguayo, ya que embargaron y retuvieron buques de bandera paraguaya en el mes de julio de 2023 para luego volver a hacerlo con otra embarcación en setiembre del mismo año. Ante estas acciones, el Gobierno paraguayo respondió retirando el total de la energía que le corresponde de la Entidad Binacional Yacyretá, ocasionando un déficit de energía en el vecino país, así como también realizando el reclamo del pago de la deuda de la binacional de unos 150 millones de dólares. También el Gobierno nacional acudió al Tribunal Permanente de Apelaciones del Mercosur, para poder encontrar una solución al conflicto. Otra medida de nuestro país fue emitir un veto a la Argentina ante el FMI, generando aún más presión sobre la cuestión.
Luego de todo este conflicto generado entre dos países vecinos, y con un cambio de gobierno en Argentina de por medio, esta semana se llevó a cabo finalmente un consenso de fijar una metodología de cobro del peaje. Lo que el Gobierno de Paraguay sostiene es que no se niega que el mantenimiento de la hidrovía no tenga que ser retribuido, lo que no excluye que la implementación de cobros deba realizarse por consenso cumpliendo con el tratado firmado por los cinco países partes. Esto también implica que asimismo el dragado que se realiza en los tramos dentro del territorio paraguayo también generará cobros que se deberán implementar.
Y la pregunta clave es ¿cómo afectarán estos costos adicionales a un país mediterráneo, donde su única conexión al mar es a través de los ríos de manera fluvial o con un mayor costo aún siendo terrestre? Justamente, razón por la cual, los países sin litoral marítimo tienen derecho a tratos preferenciales. Debemos adicionar a nuestros costos de importación que ya no son competitivos por los sobrecostos que ya tenemos incorporados, de los cuales muchos han quedado obsoletos en el tiempo por no tener actualmente una retribución de servicio, pero que se siguen cobrando igual, otro cobro más en la lista.
Justamente por esta desventaja, los países mediterráneos demandan disminuir estos costos adicionales de importar productos con más cargas económicas que los países vecinos. Ello, porque nos resta productividad también a la hora de industrializar, ya que gran parte de los componentes para la maquila o distintas industrias son de origen internacional.
Por otro lado, debemos reconocer que mantener la hidrovía genera un gasto específico y se debe recuperar, por lo que sería un buen momento para analizar los gastos o trabas paraarancelarias que acarrea el tener un producto en las góndolas del país, ya que todos los costos que agreguemos a la cadena logística serán directamente trasladados al precio final del consumidor. Y esto se traduce a mayores precios o menores opciones para el consumidor en el caso que quede fuera de rango de precio. Igual ocurre con los componentes importados para la industria. Pues traslada a un mayor costo de producción y, por ende, pérdida de eficiencia de la industria local versus la competencia internacional.
Por todo lo señalado sería conveniente aprovechar el momento de análisis de los costos de la hidrovía para hacer un análisis total de los sobrecostos generados en los distintos entes públicos para que un producto llegue al país mediterráneo a un costo competitivo internacionalmente.
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Con Catastro eficiente mejorará recaudación
Para que se pueda consolidar una recaudación positiva de los impuestos inmobiliarios, se debe apostar por una mejoría en el Servicio Nacional de Catastro (SNC), según manifestó el economista Manuel Ferreira y refirió que los municipios en sí tienen una institucionalidad crítica en materia impositiva. “El Catastro funciona a medias, entonces al sistema de recaudación no lo manejan los municipios. Hay municipios que tienen una institucionalidad crítica. La gran mayoría tiene un área para recaudar, pero ni saben quiénes son los propietarios de esas áreas”, señaló Ferreira a la 1080 AM.
Dijo que la capacidad de recaudación es muy pobre, siendo que existen intendencias grandes que tienen gran capacidad de recaudación, pero que el problema se dirige a Catastro. “Yo creo que esto no va a mejorar para nada las finanzas del sistema municipal si no se hace algo al respecto”, apuntó. Sobre los cambios que deben ocurrir mencionó que apostar por la tecnología es crucial, incluso que las transferencias en concepto de royalties y que se envíe dinero por otras vías causan que se agigante la pereza fiscal en los municipios.
“Se tiene que hacer una inversión tecnológica a nivel nacional que permita a los municipios generar una mayor recaudación. Este tema de los royalties y compensaciones por Fonacide o las entidades binacionales en realidad lo que genera es una gran pereza fiscal. Porque es plata que se recibe sin que se tenga que hacer una gestión para cobrar”, cuestionó. Catastro implementó semanas atrás sobre la nueva implementación en la entidad de realizar pagos con depósitos bancarios.
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Ahora con urgencia exigen que funcione la Superintendencia de Jubilaciones
Luego de ser demonizada en su momento por la oposición y por ciertos grupos sindicales la iniciativa del Poder Ejecutivo de crear una supervisión en las cajas de jubilaciones y pensiones, ocurre que ahora aquellos que tiraban palos a la rueda sin argumento alguno claman con urgencia que la nueva Superintendencia intervenga las diversas cajas que se encuentran con serios inconvenientes, como por ejemplo la del Personal Municipal.
En efecto, la Caja de Jubilados y Pensionados del Personal Municipal hace más de diez años que viene con problemas de sostenibilidad financiera, siendo apenas la punta del iceberg de un sistema jubilatorio que merece un tratamiento racional en atención a que miles de personas se encuentran directa e indirectamente relacionadas con el cobro de sus haberes.
El desequilibrio existente entre la cantidad de aportantes con la de jubilados así como la mala administración, las más de las veces dolosas, hacen imposible el pago de los jubilados y pensionados que, por cierto, no tienen otra salida que una pronta y efectiva intervención por medio de la ley recientemente aprobada por el Congreso a iniciativa del Ejecutivo nacional.
Ese fue, entre otros motivos, lo que llevó al presidente Santiago Peña a elevar a consideración del Congreso su proyecto de ley, pues la situación ameritaba una decisión coherente con su programa de gobierno, así como el cumplimiento de lo que preceptúa nuestra ley fundamental.
Es de tomarse en cuenta que a la fecha la nueva ley se halla en proceso de consolidación. En efecto, el Consejo de Seguridad Social deberá conformarse próximamente con los representantes de todos los sectores por medio de elecciones. Por cierto, una de las iniciativas que en su momento el Ejecutivo nacional expuso en su proyecto de ley consistía en la necesidad de que los miembros del Consejo de Seguridad Social se encuentren representados los sectores involucrados de manera a que las decisiones se lleven a cabo con la más absoluta legitimidad y transparencia.
Cuando el proyecto del Ejecutivo fue presentado, los ahora muy presurosos en acudir a la ley que tanto trataron de impedir sea tratada y aprobada en nada les interesaba la suerte de las familias involucradas. Como suele ocurrir, se autodenominan demócratas, una expresión de boca para afuera que no se compadece de sus intenciones obstruccionistas en vez de opositores.
Es de recordarse que la iniciativa presidencial fue un acontecimiento histórico para los intereses de la ciudadanía honesta y trabajadora, además de una ley que por mucho tiempo fue postergada en nuestro país aún cuando nuestra Constitución Nacional en su artículo 95 estableció en el año 1992 sobre la necesidad de contar con un ente de supervisión establecido por la ley.