La presidenta de la Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay (AICP), Patricia Niela, refutó la respuesta que brindó el ministro de Industria y Comercio, Luis Castiglioni, con relación a la derogación de una resolución en 2022. La normativa consistía en que las empresas textiles que precisaban exportar, debía contar con una visación del gremio, a lo que el titular del MIC llamó como “inconstitucional”.
“Si no hay una ley que diga que es un tributo que se tenga que pagar, no es inconstitucional, porque es un visado con el que nosotros garantizamos que la producción es paraguaya. El MIC no nos llamó a consultar siquiera de qué manera podría afectar esa derogación”, expresó.
Niela aseveró que el impacto al sector textil es enorme, porque lo que se está haciendo al eliminar la Resolución n.° 234 que ya data de 1991 y estuvieron trabajando por más de 30 años de esa forma, es que se está generando la triangulación de prendas, afectando no solo a la industria nacional, sino también al comercio y la imagen país.
Con la triangulación de prendas, lo que está pasando es que algunos empresarios al parecer negocian con sus pares de países vecinos, que importan de China cantidades de gran volumen, que lo hacen ingresar por Paraguay, se le cambian las etiquetas y de esa forma no pagan los altos impuestos al reenviarse entre países del Mercosur por los convenios comerciales.
“Un importador de Brasil que quiere traer dos millones de unidades de cierta prenda de China, tiene que pagar 38 a 40 % de arancel porque ellos tienen impuestos altos, pero al entrar acá, es menor, y eso hacen algunas empresas, que reexportan los productos de otro origen como producción nacional”, explicó.
El daño, además del económico para el sector, es también a la competitividad, pues muchos de los compradores también se contactaron con la AICP, preocupados por la situación de que se está perdiendo la garantía sobre la calidad país en el rubro. Aseveró a la vez, que lo que hacían como AICP es justamente eso, garantizar la producción nacional, porque como gremio del rubro contaban con todos los registros de la capacidad operativa de las industrias y empresas textiles que producen, y al saltar un pedido de visación de grandes volúmenes que no coincidían con la capacidad de producción.