Desde la Cámara Paraguaya de la Construcción explicaron que la proyección a la baja del crecimiento económico para el sector por parte del Banco Central del Paraguay (BCP) es la confirmación de una situación que vienen advirtiendo desde el año pasado, por lo cual reiteraron la necesidad de contar con medidas crediticias transitorias para enfrentar la coyuntura venidera. Alegaron que es “injusto” hacer cargar a las empresas con la responsabilidad del atraso del Estado en el pago de su deuda.
En contacto con La Nación/Nación Media, el Ing. Guillermo Mas, titular del gremio, manifestó que desde hace un año se viene realizando el pedido similar al que en su momento se tomó con la producción y se reiteró este mismo año, aludiendo factores exógenos. “En el caso de las empresas constructoras que trabajan con el Estado, estamos hablando de un factor ajeno a la voluntad y a la administración de esas empresas, que hoy está castigando a todo el sector”, comentó.
La deuda de más de USD 300 millones que acumuló el Estado con la construcción estresó toda la cadena de pagos, desde bancos hasta proveedores, afectando seriamente la calificación de las empresas ante los bancos, que son su primera línea de defensa e impidiéndoles acceder a créditos para seguir financiándose en consecuencia. “Entendemos que dentro de las facultades normativas que tiene el Banco Central del Paraguay se encuentra la atribución de otorgar estas medidas transitorias, que en el caso de la construcción se justifican plenamente”, subrayó el representante del sector a La Nación/Nación Media.
Este rubro experimentaría una retracción de 2,6 %, frente al crecimiento de 0,5 % proyectado a finales del año anterior en el reporte de la banca matriz. En torno a ello, alegaron que los resultados del principio de año obligaron a hacer este ajuste y se debería a menores inversiones por parte del sector público al igual que el sector privado. Así también, sostuvieron que a través de este resultado se refleja el problema que existe respecto a los costos de financiamiento que están sufriendo las empresas del sector, además de un stock de deuda que, si bien tiene carácter público, afecta a las industrias privadas.