El economista José Luis Rodríguez Tornaco mantuvo una reunión con un grupo de representantes de pequeñas constructoras del interior del país que le presentaron una serie de denuncias por falta de cobros. Pese a que el dinero para el pago se encontraba disponible desde el Ministerio de Hacienda, de acuerdo a las averiguaciones del especialista, los desembolsos no se realizaban por una decisión unilateral de una funcionaria del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Se trata de Josefina Adriana Romero Serrati, quien se desempeña como jefa de gabinete del MOPC, pero además es la ordenadora de gastos y la presidenta del Comité de Evaluación del ministerio. Las pequeñas constructoras que no están recibiendo su pago correspondiente son subcontratadas por empresas más grandes, que asumieron compromisos financieros derivados en una rebaja en su calificación de cumplimiento crediticio ante los bancos tras la falta de pagos. “Resulta que Josefina es la que define cualquier tipo de pagos y cuando consulté al respecto al viceministro de Administración Financiera, quien al final firma los cheques, me dice que lamentablemente no depende de él porque la señora pone el orden en el cual deben ser pagadas las deudas”, contó el economista en el programa “El repasador”, emitido por el Trece. Las empresas contratistas han cedido sus cuentas del MOPC a cambio de recibir el pago correspondiente; esas cuentas ya vencieron en julio del 2021, pero Obras Públicas no pagó porque tenía que haber realizado el desembolso directamente a los bancos. Sin embargo, debido a esa transacción no realizada, las entidades bancarias terminan reclamando a las empresas una cuenta que no les pertenece, pero han descontado.
“Siempre tuvieron razón los compatriotas que se quejaron por la falta de pagos porque, al final, no se trataba de una falta de plata como se alegaba, sino de un criterio existente por parte de esta funcionaria del MOPC para no pagar o realizar el desembolso a quien ella decida. Funge como ordenadora de gastos, maneja el programa de PNUD con más de US$ 12 millones y encima determina también quién va a ganar una licitación como presidenta del Consejo de Adjudicaciones”, afirmó el economista.
Rodríguez Tornaco apuntó a la necesidad de aplicar un sistema ecuánime de pago, más aún teniendo en cuenta que el mismo problema de desembolso arbitrario se produce también en el Instituto de Previsión Social (IPS), ante lo cual actualmente un juez ordena a la previsional que informe cuál es el criterio utilizado para pagar a las personas.
Actualmente, el MOPC adeuda cerca de US$ 260 millones al sector tras un pago efectuado a empresas contratistas el año anterior por las obras que se realizaron durante el 2022. Hay que mencionar que la deuda superaba los US$ 300 millones que, a su vez, incidió en la pérdida de mano de obra para un sector que moviliza a unas 300.000 personas.