Hoy lunes proseguirá el análisis de la situación del cobro del peaje de US$ 1,47 por tonelada de registro neto en el tramo Confluen­cia-Santa Fe, de la hidrovía Paraguay-Paraná. Desde el Centro de Armadores Flu­viales y Marítimos (Cafym) argumentaron que el proce­dimiento no se compadece con el Tratado de la Hidro­vía firmado en 1982.

Juan Carlos Muñoz, miem­bro del directorio de Cafym, explicó que se prepararán los requerimientos jurídicos en contra de la disposición y se buscará llegar a buen puerto en cuanto a la posición ope­rativa. Por ello, se prevé una reunión de trabajo en que se recibirán las referencias técnicas, documentaciones en torno a la tarifa y even­tualmente el equipo deci­dirá si haría falta una cons­tatación in situ. Además, se deberán poner de acuerdo con los demás países sobre los informes.

Asimismo, expresó que existe un tránsito impor­tante de convoyes y buques motores de bandera para­guaya que se moviliza a tra­vés del tramo. “Ahora segui­mos navegando. Es un tema que yo creo que va a llevar su tiempo, pero podemos resol­verlo”, apuntó en comunica­ción con la 920 AM.

Sostuvo que el gremio tiene toda la flota navegando, por lo cual la existencia de alguna obra que se alegue haber hecho o esté comple­tamente desarrollada sería de fácil comprobación. Recordó que Argentina sos­tiene que se realizaron tra­bajos desde el 2010.

Por su parte, el viceminis­tro de Relaciones Exteriores, embajador Enrique Franco, dijo que la medida genera una falta de previsibilidad en la región y no solo a Para­guay. No descartó apelar a una instancia jurídica para reclamar que el cobro de peaje es injusto.

Consideró como un paso positivo haber logrado el apoyo de países veci­nos como Brasil. “En este momento la situación es esa. Fue un gran paso la semana pasada, ya no es solo un reclamo paraguayo, una posi­ción de Brasil, que estába­mos esperando con la nueva administración porque el año pasado estaban en un pro­ceso electoral”, indicó. Tam­bién destacó el respaldo de Uruguay y Bolivia.

Sobre la posibilidad de lle­gar a una instancia jurídica, el vicecanciller respondió que “veríamos después”, dejando entrever como una opción a la que se podría apelar.