El incremento de un 4,7% del Presupuesto General de la Nación (PGN) de la Administración Central, aprobado en el Congreso Nacional para este 2023, frente a lo enviado y planteado por el Poder Ejecutivo, que en términos monetarios serían unos US$ 371 millones más, fue analizado por el Observatorio del Gasto Público de Desarrollo en Democracia (Dende), que señala que de no ser equitativos los aumentos con los ingresos no serán ejecutables.
El informe estuvo a cargo del economista Manuel Alarcón e indica que los mayores incrementos se observan en los ítems bienes de consumo e insumos, bienes de cambio, así como en inversiones. En tanto que las partidas rígidas como salarios y transferencias, que serían aproximadamente US$ 76 millones, se instalaron, como todos los años, para quedarse, dijo.
“Deben analizarse entre los ingresos o capacidad reales de financiamiento, pues de lo contrario, de no contar con los ingresos que puedan equipararse con los aumentos, en la práctica no se ejecutarían”, advirtió.
Los números analizados guardan relación con los gastos previstos para el presente ejercicio fiscal, conforme a la ley 7050, que aprueba el PGN 2023, sancionado por el Congreso Nacional y promulgado por el Poder Ejecutivo.