Una funcionaria de la Municipalidad de Ciudad del Este y su entorno familiar aparecen ligados una empresa beneficiada con millonarios contratos por la administración de Miguel Prieto. La firma inició como un club nocturno, pero terminó convertida en una constructora mimada por la comuna esteña.

• Por Juan Carlos Lezcano

Lumma Magdalena Silva Battochi no solo es funcionaria de la Municipalidad de Ciudad del Este, sino que ella y una her­manastra aparecen ligadas a una empresa constructora mimada por la administra­ción de Miguel Prieto.

Silva Battochi aparece con participación en la firma SCDE Sociedad Anónima, antes denominada Golden Rouge SA. De acuerdo con documentos que constan en la Abogacía del Tesoro, la fun­cionaria municipal se sumó al cuadro accionario de la firma en marzo de 2021.

En 2021, la empresa todavía figuraba con la denominación Golden Rouge SA, un cono­cido club nocturno en el este del país.

Según consta en la web de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Silva Battochi ingresó en 2021 a la Munici­palidad de Ciudad del Este como contratada. Su sueldo era de G. 3 millones y sufrió un ligero aumento desde enero pasado, cuando empezó a percibir G. 3.350.000.

Es decir, Silva Battochi ingresó a la comuna en la misma época en la que se convirtió en accionista de la empresa.

La funcionaria municipal es una de las señaladas en la denuncia presentada días atrás por supuesta asocia­ción criminal y lesión de confianza. El caso apunta también al intendente de Ciudad del Este y jefe de Lumma Silva Battochi, Miguel Prieto, por las millo­narias adjudicaciones de contratos a la empresa ligada a esta última.

Un punto que no deja de ser llamativo es que, según actas asamblearias de la sociedad, Lumma Silva Battochi aportó G. 320 millones como capital para ser accionista de la firma. Esto es cien veces el sueldo que percibe como funciona­ria comunal.

La accionaria mayorita­ria es Lilian Gregoria Gra­ciela Benítez Villalba, quien declara acciones por G. 680 millones.

Actas posteriores revelan que Lilian Graciela Benítez seguía apareciendo como accionista con G. 680 millones, pero en lugar de Lumma Silva Batto­chi comenzó a figurar Samara Clarisse Aguirre Benítez.

Samara registró acciones por G. 320 millones, el mismo monto declarado por la fun­cionaria comunal.

De acuerdo con publicaciones en las redes sociales de Silva Battochi y Aguirre Bení­tez, ambas mantienen una estrecha relación. De hecho, se declaran “amor de her­manas” en posteos realiza­dos sobre fechas especiales para ambas.

De acuerdo con la denuncia presentada ante el Ministe­rio Público y a documentos a los que tuvo acceso LN, la firma que se encuentra en la mira se trata de SCDE Sociedad Anónima, empresa mimada de la administra­ción Prieto y a la que adju­dicó contratos por G. 10.706 millones para refacciones en escuelas, obras viales en menos de dos años. Los fon­dos provienen del Fonacide.

SCDE opera con el RUC número 80105163-0, de acuerdo con los datos que figuran en el portal de la Dirección Nacional de Con­trataciones Públicas (DNCP).

La firma fue constituida el 30 de julio de 2018 ante la escri­bana Rogelia Zarza Lima. En ese entonces, el nombre de la empresa era Golden Rouge Sociedad Anónima y decla­raba entre sus actividades el “servicio de bebidas”.

Golden Rouge es un club nocturno que inicialmente tenía su local en la zona de la Supercarretera que une Ciu­dad del Este con Hernanda­rias, pero que tiempo des­pués debió mudarse a una nueva sede.

El 9 de julio de 2021, Lilian Benítez Villalba acudió como presidenta del directorio de la firma a solicitar el cambio de denominación y también de las actividades declaradas por la empresa.

Como actividades secun­darias declararon “cons­trucción de edificios, otras instalaciones de construc­ción, comercio al por mayor de materiales de construc­ción”. Llamativamente, dejaron entre las activida­des secundarias una en par­ticular: “actividades vincu­ladas al servicio de bebidas”.

Entre los accionistas de la asamblea del cambio de deno­minación figuraban, siempre según el acta notarial, Lilian Gregoria Graciela Benítez y Lumma Magdalena Silva Bat­tochi, quien como menciona­mos líneas arriba es la funcio­naria denunciada.

Como representantes de la firma contratista aparecen Samara Aguirre y Lilian Gra­ciela Benítez.

Aguirre tiene fotografías en redes sociales en las que apa­rece en cumpleaños infanti­les compartiendo junto al intendente Prieto y a la con­cejal Valeria Romero, una de las personas de confianza del jefe comunal.

Por su parte, Lumma Silva Battochi está casada con Juan Quiroga, quien es director de la Secretaría de la Vivienda de la comuna esteña.

• Ciudad del Este. Agencia regional.

El gobernador de Alto Paraná, César “Landy” Torres, dio la bienvenida a una empresa argentina que instalará una aceitera en Hernandarias. Fue en la mañana de ayer en una reunión en sede del gobierno regional donde el grupo de directivos estuvo encabezado por el empresario Hernán Falcón, dueño de la empresa Allocco del vecino país, dedi­cada a la producción de equi­pamiento para aceiteras.

Esto fue informado por el secretario de Industria y Comercio de la Goberna­ción de Alto Paraná, Este­ban Wiens, quien participó de la reunión. La empresa se llama Aceitera Alto Paraná SA y cuenta con un inmue­ble de cinco hectáreas en Hernandarias, donde será construida la planta. Está ubicado a 400 metros del futuro Corredor Metropo­litano del Este.

El proyecto de inversión es de 12 a 15 millones de dóla­res, a ser ejecutado por eta­pas en su producción, hasta llegar al refinado y embote­llado del aceite. Emplearía a un mínimo de 60 trabaja­dores directos e indirecta­mente necesitará de cien­tos de productores, según Wiens.

El grupo que se reunió con el gobernador, además de Her­nán Falcón, estuvo confor­mado por la representante legal de la empresa en Para­guay, Claudia Mendoza, y por Franco Berastegui, encar­gado de desarrollar la planta aceitera en Alto Paraná. Se trata de un ingeniero indus­trial, dueño de una aceitera de Argentina, según dijo Men­doza, a La Nación/Nación Media.

La empresa pretende selec­cionar jóvenes para enviar­los a capacitarse en Argen­tina, para luego trabajar en la industria aceitera. Como parte de este trabajo, el grupo visitó también una universi­dad privada de la zona que cuenta con la carrera de inge­niería industrial.

Mendoza informó que el empresario se reunió ayer con el intendente de Her­nandarias, Nelson Cano, y se habló sobre la posibili­dad de empedrar la calle de acceso a la futura planta, ya que hoy es camino de tierra todavía. “Prácticamente solo ese sería el problema, pero hubo compromiso para resol­ver eso”, dijo.

Allocco es una empresa de provisión de equipos para la industria aceitera, según fue presentada a las autoridades. Tiene más de 50 años y ocupa una posición de liderazgo en desarrollos de ingeniería para el procesamiento de semillas oleaginosas y una consolidada presencia en la región.

• Quito, Ecuador. AFP.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró la emergencia en el sector eléc­trico y pidió la renuncia de la ministra de Energía, tras el inicio de cortes programados a causa de la sequía en el país. “He declarado emergencia en el sector eléctrico, he pedido la renuncia de la ministra de Energía (Andrea Arrobo)”, escribió Noboa en su cuenta de la red social X.

La noche del lunes el minis­terio anunció “racionamien­tos temporales” debido a la sequía y pidió a la población “disminuir el consumo de energía en esta semana crí­tica”. Ese mismo día, Colom­bia informó que dejó de exportar energía a Ecuador como medida para lidiar con la grave sequía asociada al fenómeno El Niño que tiene los embalses de ese país por debajo del 30% de su capa­cidad.

El martes hubo recortes de hasta tres horas. La suspen­sión del servicio se realizó de acuerdo a los cronogramas establecidos por las empre­sas que proveen electricidad. Sin embargo, el mandata­rio apuntó que “los proble­mas del sector energético en Ecuador en los últimos años no se deben a la falta de propuestas técnicas, sino a la incapacidad de ejecución y firmeza para combatir la corrupción enquistada” en las empresas eléctricas.

Tras el anuncio del ministe­rio, Noboa dio una instruc­ción distinta sobre los recor­tes y aseguró que en abril se cobrará solo 50 % de la pla­nilla de luz de los hogares. “Nosotros no vamos a dar más apagones esta semana”, señaló el gobernante desde Guayaquil (suroeste) donde entregó becas de estudio e hizo campaña a favor de la consulta popular que se cele­brará este domingo.

Desde el Banco Central del Paraguay (BCP) informaron sobre la firma del convenio entre seis instituciones del país como parte del avance para la transparencia y la supervisión de los contratos públicos en el país. Mediante ese documento, se conforma la Red Nacional de Supervisión de Contratos Públicos.

Las entidades participantes son el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), la Contraloría General de la República (CGR), la Procuraduría General de la República (PGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Superintendencia de Seguros, dependiente del Banco Central del Paraguay (BCP).

Indicaron que este convenio representa un compromiso conjunto para mejorar la supervisión y la transparencia en la contratación pública, un aspecto crucial para el buen gobierno y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Cada entidad aportará su experiencia y competencia específica para fortalecer la red y asegurar que los contratos públicos se gestionen de manera justa, transparente y eficiente.

Además de renovar los compromisos del convenio marco de cooperación, pretende incluir nuevos actores, promover la cooperación técnica, establecer canales de comunicación y líneas de acción para compartir conocimientos e información e identificar y adoptar mejores prácticas para la transparencia en la ejecución de contratos públicos.

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El MEF es responsable de la planificación y coordinación de una política de desarrollo económico sostenible. Según la Ley N.° 7021/2022, también actúa como la autoridad principal del Sistema Nacional de Suministro Público, estableciendo políticas y normas en este ámbito.

Por su parte, el rol de la AGPE es contribuir al buen manejo de los recursos públicos del Poder Ejecutivo a través de auditorías y supervisión.

La CGR tiene como misión actuar como un organismo constitucional de control gubernamental, fiscalizando y protegiendo el patrimonio público en beneficio de la sociedad.

En tanto, la PGR tiene el deber constitucional y legal de representar y defender los intereses patrimoniales de la República, además tiene la atribución de conformar la Red Nacional de Supervisión de Contratos Públicos.

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En lo que respecta a la DNCP, ésta se encarga de regular, transparentar y optimizar el Sistema de Contrataciones Públicas, apoyando a todos los actores involucrados y orientando la gestión hacia la excelencia.

Mientras, la Superintendencia de Seguros es un órgano de control autónomo para las entidades de seguros y reaseguros, dependiente del Banco Central del Paraguay (BCP) y tiene la responsabilidad de regular, supervisar y sancionar el mercado asegurador.

Las partes han acordado suscribir el presente convenio marco de cooperación a los efectos de consolidar los trabajos para la Red Nacional de Supervisión de Contratos Públicos, para la promoción de la transparencia e integridad.

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