El domingo 1 de enero entró en vigencia el cobro del peaje de US$ 1,47 por tonelada a las embarcaciones en uno de los tramos de la hidrovía Paraná-Paraguay, administrado por Argentina. Desde la Cámara Paraguaya de Terminales y Puertos Privados (Caterppa) consideran que la imposición no está amparada dentro de las condiciones del Tratado de la Hidrovía; por ello, solicitan que la Cancillería paraguaya proponga acciones más firmes, señalando que se está tratando este tema dentro de los canales diplomáticos habituales.
Ricardo dos Santos, titular del gremio, dijo a La Nación/ Nación Media que pese a que la implementación está en curso, las autoridades decidieron no activar el comité de solución de controversias y realizar el diálogo dentro de la cargada agenda diplomática con el vecino país donde existen otros asuntos más o menos prioritarios. “Mucho más que enfocarnos en Argentina, nos encantaría que la Cancillería sea más firme sobre cuál es la respuesta paraguaya. Le invito a la comunidad económica, a los colegas industriales a pedir a la cartera y al Gobierno nacional una acción más firme ante esto. Están tardando muchísimo y con muchas pocas probabilidades de éxito”, expresó. Añadió que es una pena que no se esté actuando con mayor convicción ante la imposición.
Afirmó que el negocio del sistema naviero-portuario depende de la competitividad de la economía paraguaya y si esta apenas puede sobrellevar las dificultades de la mediterraneidad, ahora con un sobrecosto adicional de al menos US$ 40 millones anuales la situación se complicará aún más. “Todos están muy preocupados, entiendo que los transportistas todavía no han recibido facturas de este nuevo peaje, supongo que en los próximos 15 o 20 días empezaremos a ver las facturas”, sostuvo, agregando que obviamente tendrá que ser transmitido a la carga y el sobrecosto afectará a los productores, importadores y exportadores, quienes a su vez lo transmitirán a los consumidores paraguayos. Acotó que a esta coyuntura se suma la bajante histórica del río Paraguay.
