El Ministerio de Trans­porte de Argentina anunció la adopción del peaje de US$ 1,47 por tonelada de Registro Neto de las Embarcaciones en el tramo puerto de Santa Fe-Confluencia de la Hidro­vía Paraguay-Paraná a par­tir del 1 de enero del 2023. En ese contexto, la Federación de la Producción, la Indus­tria y el Comercio (Feprinco) emitió un pronunciamiento en el cual piden que el Gobierno adopte las medi­das necesarias para la rec­tificación inmediata de esta situación.

Así lo expresó el gremio que nuclea a distintos sectores económicos, donde también señalaron que Paraguay está obligado a adoptar “medidas espejo” y que esta imposi­ción representa una viola­ción a las normas de carácter bilateral entre ambos paí­ses, con el cual supondrá un sobrecosto para empresas importadoras y exportado­ras, afectando a todo el costo logístico al comercio local.

“Los gremios representados por la Feprinco pedimos al Gobierno paraguayo que responda con la adopción de medidas espejo, ante esta decisión unilateral por parte del gobierno argentino”, explica parte del comuni­cado. Además, hicieron un llamado al país vecino para que se respeten los acuer­dos suscritos en la materia, velando y garantizando las relaciones, hecho necesario para el buen desempeño del comercio internacional.

Por último, sostuvieron que el Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía, que forma parte de la legislación paraguaya y argentina, esta­blece en sus capítulos I al IV, principios como la Libertad de Navegación, la Igualdad de Tratamiento y la Liber­tad de Tránsito “que están siendo abusivamente vul­nerados con la adopción de esta resolución que regirá el comercio interno de Argen­tina, y también el que invo­lucra a un Estado limítrofe, como es el Paraguay”, sen­tenciaron. El tramo abarca el río Paraná comprendido entre el puerto de Santa Fe (km 584 del río Paraná) y la confluencia con el río Paraguay (km 1.238 del río Paraná).

Tras la imposición argentina del cobro del peaje en el tramo Confluencia-Puerto Santa Fe de la Hidrovía Paraguay-Paraná de US$ 1,47 por tonelada a las embarcaciones, la postura de la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) es que se realice la anulación de la resolución que representa US$ 40 millones al año para los armadores paraguayos. Además que el planteamiento argentino sea estudiado dentro de la comisión del Acuerdo, y que se lleve a cabo la activación del protocolo de controversia. “Nuestra posición es rechazar la resolución. No estamos de acuerdo en que tampoco se solicite la suspen­sión del cobro por 180 días. En todo caso, que los demás países la aprueben para que entre en vigencia; si no es así, rechaza­mos”, dijo Patricio Ortega, director general de la Marina Mer­cante. Comentó que una de las soluciones podría ser la presen­tación de la mediación.

Esta opción se encuentra disponible cuando existe un conflicto afectando el derecho entre uno de los países integrantes. “Den­tro de la comisión hay una comisión ejecutiva, allí se plantea la denuncia de la situación irregular, luego se conforma un tribunal arbitral, se resuelve y se comunica al Aladi (Asociación Latinoa­mericana de Integración)”, comentó. Agrega que como Argen­tina sigue con su pretensión corresponde esta aplicación.