El sector camionero recurrió en los últi­mos tiempos a medi­das de fuerza como las movi­lizaciones, consideradas necesarias por el segmento para reivindicar la activi­dad que desarrolla y solici­tar al Gobierno acciones para mitigar el impacto del enca­recimiento de precio de los combustibles. Pero quiénes son realmente los camione­ros, a qué se dedican o cuál es la función que realizan y cuántas personas dependen de la actividad fue la consulta que se hizo La Nación/Nación Media a una de las figuras más representativas, Darío Toñánez, titular de la Aso­ciación Locos de la Cantera de Tobatí, quien hace 17 años trabaja en el rubro.

Señaló que dicha asociación fue constituida formalmente recién hace 4 años, pero que ya funcionaba como grupo de camioneros desde hace unos 12 años, cuyo nombre quedó establecido desde que unos jovencitos del rubro crearon un grupo de Whatsapp que los unió aún más.

“El nombre se quedó, porque así empezamos solo por un grupo de Whatsapp, empeza­mos a trabajar en grupo, luego fuimos encarando acciones sociales de ayuda a la comu­nidad de Tobatí. Durante la pandemia vimos la posibili­dad de disponer de mascari­llas y oxígeno primero para nuestros asociados, perdi­mos a dos de los nuestros por el covid y así luego también ya asistimos a toda la ciudada­nía”, expresó Toñánez.

A la Asociación Locos de la Cantera de Tobatí pertene­cen al menos 102 camioneros, representan a familias dedi­cadas a transportar la mate­ria prima para fábricas u ole­rías que producen ladrillos, pero en toda la comunidad serían más de 500 hogares con otros gremios trabaja­dores del rubro, dijo. Abarca tanto a ladrilleros como a con­ductores de camiones tumba que extraen la arcilla desde las canteras de Tobatí, ya en zonas campestres donde el único feriado que conocen es cuando llueve, pues el lugar queda imposibilitado al trán­sito por el lodo.

Pero el segmento camionero no compete solo a pobla­dores de dicha comunidad, pues otras ciudades como Itá, Itauguá, Capiatá, Yaguarón, Paraguarí y parte de Central también se dedican a explotar la materia prima para su pos­terior producción de ladrillos en sus respectivas zonas, o la carga y traslado de arena lavada, piedra triturada y afi­nes, por lo que a nivel general este sector abarca a más de 1.000 trabajadores.

Hizo un recuento de los prin­cipales acontecimientos que se dieron en el marco de las manifestaciones por la suba continua de precio de los combustibles, que comen­zaron el 14 de marzo cuando la organización logró aglu­tinar a distintas asociacio­nes como los camioneros tumberos de Itá, otras dos de Tobatí, los tumberos de Central, los ladrilleros de Itauguá y Capiatá, la Asocia­ción de Grúas del Paraguay, Asociación de Transportes Escolares del Paraguay, las plataformas de transporte, mototaxis y deliverys, así como otros ciudadanos auto­convocados. Para el 23 de marzo lograron el subsidio para tales sectores, si bien no estaban del todo de acuerdo, puesto que la petición desde el inicio fue la reducción en el precio del combustible, pero el Parlamento así lo decidió, beneficio temporal del cual hicieron uso 22 días y que luego se cortó.

Fue así que, como grupo, empezaron de nuevo las con­versaciones de ida y venida con Petropar, durante abril y mayo, así como con los parlamentarios buscando la liberación de la declaración jurada que la estatal tenía que exigirles a sus proveedores, lo cual le imposibilitaba poder comprar libremente de otras mejores ofertas. Demuestra que el sector no solo priori­zaba sus intereses particula­res, pues también se ocupó de la lucha para que la empresa estatal accediera a otros proveedores en beneficio de todos, dijo.

Darío Toñánez lamentó que el valor del crudo haya llegado incluso a los US$ 80 el barril, sin embargo en Paraguay no se dio la rebaja, catalogando a las palabras de Lichi y del Gobierno en sí como “men­tiras”, pues decía que por instrucciones del presidente de la República, la estatal no debía generar ganancias en el contexto de crisis, de modo a proporcionar el menor precio posible a la ciudadanía. Pero una vez interpelado, tras las presiones de los camioneros, se vio a la luz que Petropar estaba generando utilidades gigantescas de G. 240.000 millones.

“Una mentira más”, dijo: Recordó que en esa fecha cuando se aprobó la liberación de las declaracio­nes juradas para proveedores de Petropar aceptaron probar el uso de las tarjetas Oikoite; un sistema que iba beneficiar solo al sector de camioneros con el diésel tipo III y a las plataformas con la nafta 93, de modo a alivianar la situación de los trabajadores. Esto, porque el acuerdo consistió en un des­cuento de G. 700 por litro, siendo que los operadores tercerizados estuvieron de acuerdo a ceder de sus ganancias G. 300 y Petropar el restante G. 400, para lo cual tuvieron que registrar todos los camiones, lo cual tardó unos 20 días para estar listo a finales de julio.