En Argentina, el Minis­terio de Transporte estableció que se deberá pagar 1,47 dólares por tonelada de registro neto en el peaje para el tramo norte de la Vía Navegable Troncal (VTN), más conocida como hidrovía Paraná-Paraguay. El Centro de Armadores Fluviales y Marí­timos del Paraguay (Cafym) manifestó su repudio contra esta decisión, en detrimento del tratado de libre navegación, y espera la intervención de las autoridades pertinentes.

La medida, que se oficializará a través del boletín oficial con la publicación de la resolu­ción 625/2022, designa como empresa concesionaria a la Administración General de Puertos (AGP), desde la zona comprendida entre el kilóme­tro 58,4 del río Paraná, tramo exterior de acceso al Puerto de Santa Fe, hasta la altura del kilómetro 1.238 del río Paraná denominado confluen­cia. “El Ministerio de Trans­porte Argentino quiere esta­blecer un peaje para el paso de embarcaciones a la altura de Corrientes hasta Santa Fe. Interpretamos esto como una imposición de ellos, a pesar de que sean aguas internaciona­les”, expresó a la 650 AM el presidente del Cafym, Este­ban dos Santos.

GOLPE PARA EL COMERCIO EXTERIOR

Sobre el motivo de dicha iniciativa, el referente del sec­tor fluvial explicó que desde el vecino país alegan que con el cobro de peaje reali­zarán obras, lo cual tendría que ser al revés; es decir, si fuera el caso, primero debe­rían hacer las obras y luego recuperar la inversión, sos­tuvo. Dicha situación ya no es nueva, pues no es la pri­mera vez que los argentinos quieren cobrar al país por cruzar por dichas aguas de la hidrovía, a más de otras trabas que en muchas oca­siones intentaron imponer, como el ingreso a las embar­caciones paraguayas a verifi­car que los profesionales de la navegación sean aptos.

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Tales mecanismos perjudi­can al sector fluvial, una arista más que importante para la economía del país, debido a que mueve al menos el 75% de su comercio exterior a través de las aguas, para las exportaciones e importaciones de bie­nes pudiendo ocasionar innu­merables pérdidas, se habla de unos US$ 20 millones. Esto, sin mencionar las complica­ciones que ya vienen enfren­tando por la baja de los ríos, en consonancia con la situa­ción de la sequía por el fenó­meno persistente de La Niña, generando sobrecostos por no poder transportar la cantidad de mercadería que demandan las embarcaciones.

Con relación a la nueva inten­ción de Argentina, Dos Santos explicó que existe un acuerdo de navegación firmado en el 92, en el que se establecen dis­tintos mecanismos de cola­boración para la libre nave­gación de los puertos. “Este tratado indica que ningún país puede imponer un aran­cel sin un acuerdo previo”, remarcó el titular del Cafym.

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