El presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Paul Sarubbi, se refirió a la deuda que mantiene el Estado con el sector por varias obras públicas que se llevan adelante y que ya asciende a los US$ 380 millones sin lograr pago alguno hasta el momento. Aseguró que disminuyeron las inversiones, lo que podría ocasionar que el país se estanque, durante la presidencia de Mario Abdo, quien se jacta de las obras de su gobierno. Destacó que desde el gobierno de Horacio Cartes el nivel de inversión fue aumentando, llegando a los niveles que se precisan para lograr un desarrollo en infraestructura acorde a estándares mundiales. Pero indicó que para el 2022 las licitaciones fueron disminuyendo, lo que ve con preocupación debido a que asegura que podría ocasionar un estancamiento para el país.

En comunicación con La Nación/Nación Media, Sarubbi aseguró que, según informes, para que un país pueda crecer, se debe invertir en infraestructura un equivalente al menos el 3% del producto interno bruto (PIB), lo que para Paraguay representaría unos US$ 1.200 millones, que se debe mantener todos los años a fin de garantizar el movimiento. Indicó que hoy el Estado tiene problemas financieros bastante graves que, a su criterio, se dieron por la falta de crecimiento económico generado por diferentes factores. Acotó que se están habiendo inconvenientes con el pago de los contratos que se comprometió el Gobierno y que representa una gran dificultad para al menos 80 firmas de construcción que ejecutan las obras públicas.

“Todas las empresas, para poder hacer todas las obras, estoy hablando de 70 a 80 empresas, invirtieron mucho en equipos y contrataron muchísima gente, y todo eso a través de deudas. Siempre se sacan créditos de los bancos y eso se va pagando a medida que se va haciendo la obra. Al no pagarse las obras, las empresas están en una situación catastrófica financieramente porque no tienen cómo pagar por los equipos, no tienen cómo pagar el salario de la gente”, expresó Sarubbi.

Detalló que eso genera un inconveniente enorme para la industria de la construcción, que logró crecer paulatinamente debido a que a través de eso se están perdiendo espacios de trabajo y las obras se van ralentizando. Reiteró que el sector privado tomó un riesgo enorme para la compra de equipos y la contratación de personales a fin de poder cumplir con las exigencias de inversión. Indicó que la deuda del Estado con el sector privado sigue estando alrededor de los US$ 380 millones y no se pudo honrar hasta el momento ninguna parte de ella pese a los reiterados pedidos que se vienen realizando. “Hoy el Estado tiene que cumplir con esa deuda porque o sino le va a fundir a todas las empresas constructoras, no a todas, pero sí a unas cuantas”, apuntó. Mencionó que se experimenta un crecimiento del desempleo que pudo haberse dado por dos motivos: la ralentización de las obras y la disminución de las mismas. Explicó que al menos 37.000 personas perdieron su empleo, según el informe del último trimestre, por lo que pide que se mantenga la inversión para que todos los empleados en el sector mantengan sus trabajos.

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