El viceministro de Tri­butación, Óscar Orué, se refirió al pedido de los camioneros sobre la reduc­ción en el precio de los com­bustibles por un monto de G. 1.000 por litro y lo calificó como inviable. Indicó que esa posibilidad solo podría darse en el caso de que el Gobierno invierta dinero, debido a que el valor es bastante alto.

La situación sobre el precio de los combustibles sigue siendo un gran problema para el sec­tor de transporte debido al nuevo aumento que se había registrado esta semana. Los camioneros habían anun­ciado nuevas movilizaciones a fin de encontrar una solu­ción, al menos para todo el sector que trabaja en el tras­lado. Pese a que se logró una medida desde Petropar, que consiste en el acceso a tarje­tas de descuentos por valor de G. 400 por cada litro, desde los gremios expresaron su disconformidad con este monto por lo que informa­ron sobre nuevas medidas de fuerzas e insisten en la reduc­ción de G. 1.000.

El viceministro Orué señaló en comunicación con la 780 AM que esa reducción es total­mente inviable debido a que no está en las posibilidades del Gobierno. Hizo referencia al subsidio que se había dado a los combustibles al inicio de año y que mantuvo los precios de Petropar por debajo del sec­tor privado y que generó tam­bién mucha controversia por la injerencia que se hizo sobre el libre comercio. Orué señaló que esa medida solo duró un mes, por lo que refirió que lo mismo podría pasar en este caso.

Orué expresó su conformi­dad con la aprobación con modificaciones del proyecto de ley sobre la deducibili­dad del IVA, que quedó en un 30% para los productos de la canasta básica, porcen­taje consensuado entre el Poder Ejecutivo y la Cámara de Senadores. Señaló que están de acuerdo con el por­centaje, pero aclaró que esta iniciativa no tendría una inci­dencia directa sobre toda la población.

La propuesta legislativa, que modifica los artículos 88 y 89 de la Ley 6.389/2019 “De moderni­zación y simplificación del sistema tributario nacio­nal”, permitirá a los contri­buyentes del IVA presentar facturas de supermercados, tiendas y restaurantes rela­cionadas a la canasta básica y medicamentos en sus decla­raciones ante el fisco, que hasta el momento no son váli­das para dicho efecto.