Economistas y exper­tos debatieron recien­temente sobre el pro­blema grande y latente que se presenta en el sistema de pen­siones y jubilaciones del país, principalmente dando como ejemplo a la Caja Fiscal. Esta teoría se agudiza aún más con los recientes datos divulgados por el Ministerio de Hacienda, que indica que se presenta un déficit de G. -1,04 billones al cierre de noviembre.

Eso equivale a un -32% debido a la diferencia entre los egresos y aportes, que alcanzaron G. 3,28 billones y G. 2,24 billones, respectivamente, de acuerdo con los datos de la Dirección General de Jubilaciones y Pen­siones (DGJP).

En el sector civil, los maestros históricamente arrastran un déficit que actualmente es de -43%, lo cual equivale a G. -584.776 millones, eroga­ción que se cubre mensual­mente con los aportes de los demás componentes del sec­tor que son empleados públi­cos, magistrados judiciales y docentes universitarios, que mantienen una situación superavitaria. A noviembre de este año presentan 68%, 16% y 19%, respectivamente.

El sector de las Fuerzas Públi­cas, constituido por militares y policías, continúa presen­tando un elevado déficit de -76% y -62%, respectivamente, lo que significa en conjunto G. -850.269 millones al cierre del décimo primer mes del año. El monto deficitario se abona con Recursos del Tesoro, es decir, con los impuestos percibidos por el fisco. De los 67.984 jubi­lados de la Caja Fiscal, al cie­rre de noviembre de este año son 48.979 beneficiarios, entre maestros, policías y militares, los que arrastran pérdidas mensuales, tanto para el sec­tor civil como para el Tesoro Público.

El Informe de Finanzas Públi­cas refiere que en los últimos años se observa un aumento del déficit global de la Caja Fiscal, el cual es explicado por el défi­cit de los sectores Magisterio Nacional y Fuerzas Públicas. En el periodo de 2016 a 2020, el déficit total de estos secto­res fue de US$ 965 millones, de los cuales US$ 671 millo­nes corresponden a las Fuer­zas Públicas y US$ 294 millo­nes al magisterio nacional.

El agravamiento del déficit en los últimos años obliga a des­tinar cada vez mayores recur­sos para cubrir el creciente gasto de sectores cuyas con­tribuciones son insuficientes para solventar las jubilacio­nes y pensiones.