Las entidades finan­cieras nucleadas en la Asociación de Ban­cos del Paraguay (Asoban) lamentan el veto del Poder Ejecutivo a la vigencia del Art. 103 de la Ley de Servicios de Confianza, que condena a los ciudadanos a la inseguri­dad y limita la digitalización segura de los servicios finan­cieros públicos y privados. “Ratificamos nuestro com­promiso con la seguridad de nuestros usuarios y clientes, por lo que seguiremos apli­cando procesos que asegu­ren la plena verificación de la identidad de los usuarios de servicios financieros con un alto nivel de seguridad”, señaló el gremio, tras quedar sancionado el proyecto de ley por Diputados.

Los argumentos esgrimidos con relación a la muerte del giro, al alto costo de la veri­ficación de la identidad y a la complicación del usuario para la verificación de su identidad, se han basado en mentiras que se han instalado para evitar la aplicación del Art. 103, sos­tiene. “La falta de un están­dar alto en la verificación de la identidad expone a los ciu­dadanos a la inseguridad y a la delincuencia y bloquea la posibilidad de interoperar con aquellas plataformas que no aplican estos estándares con la consecuente limitación de los servicios financieros a los usuarios”, advierte.

El argumento principal del Banco Central de que esto afectará la inclusión finan­ciera no tiene sustento, lo cual ha quedado demostrado con los pagos digitales del programa Pytyvõ. Los giros a través de las billeteras elec­trónicas le cuestan al usuario hasta un 5% por cada vez que el dinero pasa de un usuario a otro, desde la Asociación de Bancos creen que los servi­cios deben ser sustentables en el tiempo, pero lejos están estos giros para ser califica­dos de producto social. “Los bancos asociados a la Asoban esperamos que el Banco Cen­tral reglamente la verificación de la identidad en un están­dar alto para las operaciones financieras y esperamos lo haga cuidando el ecosistema financiero en su conjunto, y en especial al usuario de ser­vicios financieros”, menciona.

El gremio seguirá insistiendo en una regulación que esta­blezca una seguridad alta en verificación de la identidad para las operaciones finan­cieras.