La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) dio a conocer ayer un nuevo caso de posible evasión multimillonaria de un esquema detectado a través de la tecnología, que se traduce en unos US$ 25 millones, que serían unos G. 170.000 millones. Es lo que transmitieron las autoridades de la SET durante una conferencia de prensa en la que revelaron la investigación denominada Operativo Facturación 2.0, teniendo en cuenta que el año anterior ya se dio una situación similar.
Esta vez el esquema involucra a 17 municipalidades y una gobernación, que hicieron figurar unas 1.600 facturas falsas durante un período de tres años, específicamente durante el 2018, 2019 y 2020.
“Este esquema es diferente al que habíamos detectado en Facturación 1, por eso no hicimos allanamientos porque ya teníamos toda la documentación al momento de hacer la solicitud, tenemos todo trazado y es una gestión tributaria, y seguro estaremos remitiendo un informe a la Seprelad”, expresó el titular de la SET, Óscar Orué.
Serían varios municipios de distintos departamentos, pero recién una vez que se presente la denuncia oficial ante el Ministerio Público se podrá acceder a la información completa de las instituciones involucradas, explicó. Lo que sí pudieron responder es que existen personas físicas involucradas sin su consentimiento; es decir, se utilizaron sus nombres como supuestos proveedores a estas municipalidades y a la gobernación, por lo que se trata de facturas falsas en concepto de obras “fantasma”.
Agregaron que el esquema fue detectado mediante el uso de la herramienta Big Data, logrando identificar así a 17 proveedores falsos y que, desde el próximo 2022, las municipalidades deberán informar sus compras. El viceministro remarcó que en el caso de la gobernación, se hicieron obras, pero en la documentación no existe compra de un solo ladrillo, incluso.