La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) dio a conocer ayer un nuevo caso de posi­ble evasión multimillonaria de un esquema detectado a través de la tecnología, que se traduce en unos US$ 25 millones, que serían unos G. 170.000 millones. Es lo que transmitieron las autorida­des de la SET durante una conferencia de prensa en la que revelaron la investiga­ción denominada Operativo Facturación 2.0, teniendo en cuenta que el año anterior ya se dio una situación similar.

Esta vez el esquema involu­cra a 17 municipalidades y una gobernación, que hicie­ron figurar unas 1.600 factu­ras falsas durante un período de tres años, específicamente durante el 2018, 2019 y 2020.

“Este esquema es diferente al que habíamos detectado en Facturación 1, por eso no hici­mos allanamientos porque ya teníamos toda la documen­tación al momento de hacer la solicitud, tenemos todo trazado y es una gestión tri­butaria, y seguro estaremos remitiendo un informe a la Seprelad”, expresó el titular de la SET, Óscar Orué.

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Serían varios municipios de distintos departamentos, pero recién una vez que se presente la denuncia oficial ante el Ministerio Público se podrá acceder a la informa­ción completa de las institu­ciones involucradas, explicó. Lo que sí pudieron responder es que existen personas físicas involucradas sin su consenti­miento; es decir, se utilizaron sus nombres como supuestos proveedores a estas munici­palidades y a la gobernación, por lo que se trata de facturas falsas en concepto de obras “fantasma”.

Agregaron que el esquema fue detectado mediante el uso de la herramienta Big Data, logrando identificar así a 17 proveedores falsos y que, desde el próximo 2022, las municipalidades debe­rán informar sus compras. El viceministro remarcó que en el caso de la gobernación, se hicieron obras, pero en la documentación no existe com­pra de un solo ladrillo, incluso.

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