El estudio y aprobación del Presupuesto General de la Nación (PGN) en años electorales como los que se tendrán en lo que resta de este año y en los próximos 2 años generan una mirada de alerta ante la necesidad de mantener el déficit fiscal controlable, atendiendo a que, si bien los efectos de la pandemia en la economía se están atenuando, aún seguirán por un tiempo. “El Presupuesto General de la Nación, un análisis de la ley anual más importante del país” fue el tema del debate desarrollado por Desarrollo en Democracia (Dende), del cual participaron el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas; el ex ministro de Hacienda y analista económico César Barreto y la analista Ella Duarte Aranda. Coincidieron en la necesidad de que el Congreso respete los topes de gastos previstos por Hacienda y, principalmente, no caiga en la tentación de otorgar subas salariales u otro tipo de concesiones prebendarias, o ceder a pedidos de reivindicación social que podrían poner en riesgo las cuentas fiscales de forma permanente.
Barreto resaltó la necesidad de que se vuelva a un endeudamiento con menor costo para el Estado, tomando préstamos de organismos multilaterales y mermando la emisión de bonos en el mercado internacional, y así bajar el nivel de deuda y que se pueda hacer frente a nuevos shocks que pudieran darse en el futuro, tanto a nivel sanitario como climático. “El tema de Itaipú es gravitante en lo que nos pueda pasar en la próxima década. Si tenemos más recursos o no de Itaipú hace la gran diferencia respecto a que podamos hacer más inversiones en servicios públicos en la próxima década”, destacó. Resaltó la necesidad de acelerar el proceso de convergencia hacia el tope del déficit fiscal del 1,5% del PIB establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). Indicó que Hacienda presentó un proyecto de Presupuesto 2022 “de transición” razonable, por lo cual insistió en la necesidad de que el Parlamento respete los montos establecidos, pues si priman criterios político-electorales puede ser complicado. Resaltó que hay avances en materia de presupuesto por resultados, pero recién dentro de 10 a 15 años se notarán los cambios importantes.
El ministro Óscar Llamosas manifestó que después de la pandemia es imposible creer que todo volverá a la normalidad, y aunque muchos sectores creen que como la situación sanitaria está controlada, empiezan a surgir nuevamente demandas que, si bien podrían ser razonables, lo cierto es que la situación fiscal no está para atenderlas. “El pedido que le hacemos al Congreso es que respete los topes para que tengamos un presupuesto medianamente ejecutable y finalmente no generen falsas expectativas”, apuntó. Indicó que desde la cartera se viene planteando una agenda importante en materia de leyes que pueden ayudar a mejorar la eficiencia del gasto público, como el proyecto de ley de servicio civil, ley de compras públicas y otra de fortalecimiento fiscal que implica una reforma a la LRF en este período de transición, con un tope a la deuda de 40% máximo dadas ciertas situaciones.
Ella Duarte indicó la necesidad de que se mire a mediano plazo en una verdadera reforma del gasto público y que el Estado genere capacidad de ahorro, enfocando la inversión no solo en obras de infraestructura, sino también en atender a la clase media y a la formación de capital humano. Además, señaló la necesidad de mirar los ingresos tributarios, sin generar estrés en los aportantes.