Más de 50 gremios asociados a la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) reiteraron ayer, en una conferencia de prensa, su rechazo al proyecto de ley “que establece los valores del costo operativo y precio de referencia del flete de unidad de carga conformados por tractocamión y semirremolque y crea el comité técnico del costo operativo del flete” y condenan la injerencia política en cuestiones privadas.
La convocatoria fue en la sede de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), donde su presidente, Enrique Duarte, señaló que no están en contra del derecho a manifestarse, pero sí de la manera en que se realiza, a la falta de respeto de los derechos de terceros, pues no es el camino. “Condenamos la injerencia política por encima de las actividades privadas. Los sectores privados siempre hemos trabajado en la metodología de la negociación para llegar a acuerdos”, expresó.
Alfredo Fast, de la Federación de Cooperativas de la Producción (Fecoprod), señaló que hay un perjuicio grande al sector porque están siendo retenidos con productos y materias primas de que deben llegar a destinos considerados sensibles. “Están siendo retenidos productos alimenticios para animales, productos básicos de la canasta familiar que deben llegar a los mercados locales y otros sectores. El Estado está totalmente ausente y no podemos continuar de esta forma”, expresó.
Pedro Galli, titular de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), dijo que 80 gremios ya se adhirieron en contra del proyecto de ley que pretende fijar el precio del flete. “Será un camino a un destino negro, en países vecinos se ve que los ciudadanos sufren las consecuencias de las decisiones adoptadas por sus autoridades”, comparó. Dijo que el sector empresarial está unido porque pretenden atacar el sistema del corazón económico, es jugar con fuego porque se sabe que uno de los pilares del desarrollo del país es la estabilidad económica. Advirtió que si se avanza en la fijación de precios mediante leyes, se conducirá a una inminente inflación de 2 dígitos y al fracaso del Gobierno actual.
Instó a llegar a una solución mediante el diálogo y no pretender hacerlo vía ley escuchando solo a una de las partes. “Es un tema del ámbito privado, una negociación entre las partes”, subrayó. Mostró su indignación por el polémico audio filtrado del senador luguista Sixto Pereira, quien actúa como líder y arenga a una de las partes para seguir con la medida de presión para conseguir sus pretensiones, cuando en realidad su función debe ser buscar el bienestar de toda la ciudadanía.
IMPACTO
Las movilizaciones y cierres de rutas realizadas por grupos y organizaciones que demandan la sanción de una ley que fije el costo operativo y precio del servicio del flete, tienen un impacto muy grave sobre las cadenas productivas, industriales y comerciales del país poniendo en riesgo a toda la cadena de suministro de bienes de consumo.
La Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) se ve en la necesidad de instar a las autoridades nacionales a hacer cumplir irrestrictamente las disposiciones constitucionales y las leyes vigentes que garantizan la libre circulación de personas y el transporte de bienes, señaló el gremio, a través de un comunicado. “Todo ciudadano tiene el derecho constitucionalmente garantizado a manifestarse pacíficamente y con fines lícitos, pero este derecho debe ser ejercido preservando, y sin afectar derechos de terceros, el orden público y el bien común”, enfatizó.