La Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro), en conjunto con otros gremios, se pronunció ante la preocupante labor de las instituciones estatales involucradas en el combate a actividades de contrabando o defraudación, considerando que nuevamente se agravaron en forma considerable.
Desde el gremio indican que la pandemia del covid-19 dejó a la economía paraguaya sumida en una crisis en la que las desigualdades se volvieron más pronunciadas, como también expuso los efectos de la informalidad sobre la economía local al obligar al Estado Paraguayo a inscribir a personas en situación de informalidad y presupuestar recursos genuinos y externos para el pago de diversos subsidios.
En ese sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advirtió que la dinámica del crecimiento en el 2021 probablemente no logrará compensar la caída observada en la actividad económica del 2020 ni tampoco revertir los aumentos en la pobreza y desigualdad. Por lo que el gremio considera que es importante impulsar acciones para la recuperación económica, a fin de continuar mitigando los efectos sociales, productivos y económicos negativos de la pandemia.
“Ahora bien, para la recuperación económica real, cualquier acción que no contemple un combate firme al contrabando por parte de todos los organismos involucrados, resultará, a corto plazo, en un terminante fracaso”, anuncia el posicionamiento en uno de sus fragmentos.
En el texto insisten en que para los gremios y empresas que dan trabajo formal, el combate a la informalidad es vital para la seguridad jurídica y el éxito de las políticas de recuperación económica, como así también para trabajar el modelo de país que impulsa el desarrollo que queremos para el Paraguay en los próximos años. “La industria nacional es el motor de la tan anhelada reactivación económica que necesita el Paraguay. Es imperativo hacer cumplir las reglas de producción, almacenamiento y comercialización, informar sobre los peligros para la salud de las personas y sembrar conciencia sobre cómo afecta a la industria y la economía nacional”, señaló Sandra Noguera, gerente general de la Cámara, a Hoy.com.
LA INFORMALIDAD
En Paraguay el consumo promedio nacional es de 7.500 toneladas de aceite y grasas vegetales por mes, mientras que los datos recabados sobre la industria nacional y las importaciones registradas dan cuenta de que existiría un faltante de unas 2.100 toneladas, que serían de origen dudoso, acaparando el 28,10% del total de las ventas, afectando nuevamente la competitividad y ventas de los aceites de origen nacional. Estas 2.100 toneladas de origen dudoso equivalen a más de 49 millones de dólares que se comercializan de manera informal.
Si este intercambio pagara impuestos estarían contribuyendo unos 4,51 millones de dólares para las arcas del Estado solo en lo que respecta al IVA, pero sin duda, el mayor perjuicio del contrabando es el de poner en riesgo los puestos laborales en las industrias aceiteras nacionales de cientos de trabajadores paraguayos.