Un grupo de gremios y asociaciones de los distintos sectores de la producción, la industria, el comercio y los servicios emitió un comunicado para transmitir a las autoridades y a la ciudadanía el rechazo contundente al proyecto de ley “Que amplía el artículo 142 de invasión de inmueble ajeno del Código Penal modi­ficado por Ley 3440/2008”. El mismo fue presentado por el senador Pedro Santa­cruz, quien argumentó que la iniciativa busca evitar que la Fiscalía y la Policía “nego­cien” con los desalojos.

Los distintos grupos empre­sariales consideran que de aprobarse dicha propuesta, se estaría violando abierta­mente los principios y normas que sustentan la República. “Los paraguayos que gene­ramos empleo y aportamos para el desarrollo económico y social deseamos trabajar con seguridad y garantías, y no ser perturbados por ambiciones sectoriales o radicales que pretenden sustituir el Estado de derecho por la anarquía”, expresa el documento .

Advierten a la vez que la vio­lación de los derechos esta­blecidos en los principios democráticos, plasmados en la Constitución Nacional, sig­nificará el debilitamiento de la inversión, que constituye el sostén de la economía nacional.

Es así que sin seguridad jurí­dica no habrá inversión, y sin inversión no habrá empleo formal ni ingresos dignos para los paraguayos, por lo que condenan iniciativas como la entablada, ya que abierta­mente incita a la ruptura de las garantías del Estado de derecho, sostienen. Dicha propuesta solo debilitaría los principios y garantías cons­titucionales, promoviendo la destrucción del empleo for­mal y de toda la producción nacional, sentencian.

Por consiguiente, solicitan a los tres poderes del Estado respetar y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República del Paraguay, y que la decisión será vital para superar con éxito la cri­sis afrontada actualmente en materia sanitaria, eco­nómica y social. Suscriben el comunicado la UIP, ARP, Feprinco, Capeco, UGP, Fecoprod y la CNCSP.

En su comunicado, los gre­mios recalcan que la pro­piedad está protegida por la Constitución Nacional, por lo que tildan de “des­cabellada” la iniciativa par­lamentaria que no solo es inadmisible por su clara improcedencia, sino tam­bién es de tinte populista, sostienen. “Atenta contra los derechos y garantías establecidos en el orden constitucional, preten­diendo otorgar legalidad a hechos ilícitos y punibles, como ocupaciones o invasio­nes de propiedades”, agrega la nota. En ese sentido, los grupos empresariales ale­gan que la gobernabilidad y estabilidad política del sis­tema democrático resultan del respeto a las normas, por lo cual alientan a los poderes del Estado a seguir cumpliendo y respetando el mandato legal de inviolabili­dad de toda propiedad.