Desde la Cámara de Diputados impulsan el proyecto de ley “De los servicios de confianza para las transacciones electrónicas, del documento electrónico y los documentos transmisibles electrónicos”, aprobado con modificaciones en Senadores la semana pasada, para las operaciones electrónicas, apoyada por la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban). Desde el sector de Entidades de Medios de Pagos Electrónicos (EMPEs) emitieron sus opiniones, a favor y otros con algunos cuestionamientos.
Alejandra Segalés, gerente general de Wally, mencionó que en cuanto a transacciones del sector respecta y al ser un producto considerado de riesgo bajo por el ente regulador de las mismas, las exigencias de seguridad que correspondan a identificar debidamente a los usuarios por medios electrónicos son viables.
“Por dar un ejemplo, actualmente el registro y posterior uso de la billetera Wally requiere que el usuario descargue la aplicación móvil y autogestione su registro, proveyendo una imagen de la cédula de identidad vigente desde el propio aplicativo y; para mayores límites transaccionales se adiciona una validación biométrica con prueba de vida. Es un mecanismo autogestionado, electrónico, con validaciones automáticas de control por plataforma y accesible para los usuarios a través de un smartphone”, dijo. Agregó que la transparencia en las transacciones y la debida identificación de los clientes que los usan, siempre a consideración del nivel de riesgo del producto en cuestión, es un factor positivo tanto para el usuario final del servicio como para el avance en sí de los productos y servicios financieros, en materia de seguridad y mitigación de diversos riesgos.
“Desde mi perspectiva y desde lo que a nosotros como EMPE respecta, es fundamental priorizar la debida identificación de los usuarios acorde a los niveles de riesgo del producto. Cuando hablamos de productos financieros inclusivos, la inclusión se irá dando en la medida que los usuarios plenamente identificados empiecen a cambiar el efectivo por transacciones electrónicas. Usuarios sin trazabilidad no generarán las condiciones idóneas para que a posteriori puedan acceder a nuevos y más amplios servicios financieros”, agregó.
De igual forma, sería importante proteger los logros que la industria consiguió a la actualidad y seguir promoviendo el uso de los servicios que fomenten el reemplazo del efectivo y generen una verdadera inclusión financiera, mencionó.
CONTROVERSIA
En tanto, Aldo Natalizio, quien representa a Tigo, Claro y Personal, indicó que la única controversia pasa por el artículo 103, que exige un nivel de seguridad alto incluso para las operaciones electrónicas de este tipo. “No sé cuándo vamos a tener las condiciones para que un sistema X que hoy no existe, pueda alcanzar a la persona que hoy recibe un giro de 200.000 guaraníes, con la misma rigurosidad que una persona que recibe una transacción en dólares por la compra de un inmueble”, comentó.