El Consejo de Presidentes de Gremios de Jubilados y Pensionados Bancarios del Paraguay y varios gremios de afiliados activos de la Caja Bancaria salieron al paso de lo que consideran “una sucia campaña orquestada por un reducido grupo de afiliados contra las autoridades de la entidad previsional, con el propósito de instalar un caos institucional de cara a las autoridades del país y la opinión pública nacional, denunciando por distintos medios el supuesto ‘vaciamiento’ de la Caja Bancaria”.
José Colucci, titular del organismo que aglutina a 20 gremios de afiliados activos y jubilados bancarios, dijo que el fin que persigue este grupo disconforme es el de “crear un clima de nervios y desinformación, cuyo siguiente paso es la desestabilización de la institución y así desembocar en la intervención de la Caja Bancaria, cuya consecuencia apunta a separar a los miembros del Consejo de Administración electos en democrática votación, por una gran mayoría de afiliados, para el período 2020-2023. Esta es la agenda que siguen al pie de la letra los mencionados contestatarios. De ahí nuestra posición en favor de la no intervención de la Caja Bancaria”.
Menciona que “una acusación presentada por el Ministerio Público contra directivos de la Caja en diciembre del 2020 contiene inconsistencias que tratan de incorporar como ‘hechos punibles’ las observaciones de algunos entes contralores por supuestas faltas administrativas, aún no resueltas en el Tribunal de Cuentas. El escrito de dicha acusación es contrario a disposiciones contenidas en el Código Penal paraguayo, y tiene eco en gritos de un minúsculo grupo de agoreros de la desgracia, actos que en el sistema bancario calificarían como terrorismo financiero. Se menciona, por ejemplo, que el perjuicio patrimonial ocasionado por los administradores es de 2 billones 623.098 millones, suma superior en 650 mil millones más del patrimonio total de la Caja Bancaria. (Un absurdo). En el estado de derecho prima la ley, el tiempo es el mejor amigo de la verdad”, expresó.
La Caja Bancaria está bajo el control de diversos órganos oficiales, como la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Seguros, Síndico de la Contraloría General de la República, la Auditoría Externa Anual, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el Ministerio de Hacienda, Secretaría de la Función Pública, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Auditoría del Poder Ejecutivo.
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