Los dirigentes gremiales del sector bancario rechazaron la imposición de pagar Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los intereses de préstamos de la Caja Bancaria. Sobre ese punto, el viceministro de Tributación, Óscar Orué, aclaró que esta decisión es una sentencia de la Corte, expedida hace tiempo, donde fijó a la Caja Bancaria como contribuyente del IVA cuando hace préstamos.
El funcionario del Ministerio de Hacienda especificó que, por lo tanto, es una cuestión que escapa ya de la administración actual o del Gobierno, ya que se determinó en el gobierno anterior. “Nosotros inclusive, con la nueva ley, impulsamos la exoneración del IVA para el sector de pensionados y de la Caja Bancaria. En tanto, hay que aclarar aquí que no es el Gobierno el que ahora impulsa estos cobros, sino que fue la misma Corte la que define, y nosotros por ende tenemos que cobrar”, expresó.
Orué agregó que fueron dos acciones judiciales realizadas, una tiene que ver con la acción realizada por la Caja, porque la administración tributaria del gobierno anterior definió que son contribuyentes del IVA, y la segunda es una resolución, donde se determinó el impuesto. “Luego Hacienda apeló a esas dos acciones y una ganó, en donde se define que ellos son contribuyentes del IVA y ahora se está esperando la resolución que dice cuánto dinero tiene que pagar la Caja a Hacienda”, dijo.
Los bancarios manifestaron su absoluto rechazo a la inscripción, resolución mediante y de oficio, de la Caja Bancaria como agente de retención del IVA sobre los intereses de los préstamos, según la interpretación por parte de la SET de la Ley 5061/2013, hoy derogada por la Ley 6380/19, con vigencia desde enero del 2020, donde en su Art. 100, inc. 7, exonera expresamente de impuestos las operaciones de venta de bienes o prestación de servicios (préstamos) realizadas por las entidades de seguridad social, con sus afiliados, y deroga la Ley 5061/2013. Entre las resoluciones arribadas por los gremios afines a la Caja Bancaria resaltan, entre otras, salir a las calles, dialogar con autoridades parlamentarias, asociaciones de bancos, y continuar con otras acciones legales, hasta lograr justicia social en defensa del derecho y respeto a la seguridad social.