Una nueva estruc­tura puede llevar a las empresas a hacer autodenuncia, cooperar y remediar, lo que hace al tra­bajo del fiscal más efectivo en contra del lavado de activos, resaltó la profesora Jennifer Arlen, de la Universidad de Nueva York (EEUU), direc­tora del Programa de Cum­plimiento Corporativo del Centro de Derecho. Fue ayer en el marco de la conferencia internacional “Prevención de lavado de activos: Nue­vas tendencias en responsa­bilidad de la empresa”, orga­nizada por el Instituto del Banco Central del Paraguay (BCP).

Enfatizó que en cuanto a la cooperación no se debe malinterpretar como un acuerdo con el fiscal, del cual, a través del delito, se pueda tomar beneficio, como una sanción menor, lo que hace al delito más barato para las empresas, pues eso desa­lienta. “Las empresas tienen que buscar la forma del por­qué pudo pasar el acto ilícito, ver qué estuvo mal con el pro­grama de cumplimiento para subsanar los errores. Solo va a funcionar si las empresas piensan en colaborar correc­tamente con la Justicia, ya que arriesga una enorme responsabilidad. Para eso los países necesitan adoptar un régimen amplio de respon­sabilidad penal empresarial, diciendo que las empresas son responsables con todo el delito provocado por cual­quier funcionario, ya sea alto o bajo mando, si se cometió dentro de su empleo. Esto porque la empresa recibe todos los beneficios del ilí­cito, con o sin programa de cumplimiento”, dijo.

Reiteró que las empresas deben creer que el delito sale caro, para motivar a adop­tar un programa de cumpli­miento diseñado a evitar las conductas indebidas. “Nece­sitamos un régimen de res­ponsabilidad penal amplio, y que las empresas tengan miedo de las consecuen­cias para que estén motiva­das a denunciar y cooperar. Las empresas deben preocu­parse de que si no se entre­gan, los fiscales pueden atra­parlas, sin autodenuncias. Con esto es importante dar un financiamiento adecuado a los fiscales, a la Policía o a la institución, que haga la inves­tigación de delitos corporati­vos. Otro punto importante es crear un equipo de fisca­les experto, ya que requiere de habilidades especializadas en flujo de efectivos, contabi­lidad”, señaló.

Es una muy buena idea incluir un programa de informantes, haciendo que las denuncias sean anónimas, sin que se enteren dentro de la empresa, así como también adoptar leyes que protejan contra los despidos, si es que la com­pañía sospecha de su traba­jador, impidiendo castigos. “También es muy buena idea de adoptar leyes que provean recompensas a los informan­tes, ya que siempre hay un daño en sus carreras, incluso si hizo un favor grande a su país”, agregó.

La profesora Jennifer Arlen, del Centro de Derecho, Economía y Organización de la Universidad de Nueva York, contó que una aplicación óptima de la ley por parte de las empresas debe ser prioridad. El objetivo será inducir a las compañías a prevenir los delitos empresariales, donde la implicación en las empresas no pueden beneficiarse materialmente de ningún delito; y la nor­mativa obligue a devolver los beneficios. Otro fin será en que las empresas deben querer ayudar a detectar conductas indebidas y proporcionar información material y precisa al Gobierno. Para eso deben enfrentarse a una amenaza importante de responsabi­lidad si no informan y cooperan.