El Ministerio de Hacienda maneja propuestas para la viabilidad de la aplicación del subsidio a los comerciantes fronterizos, entre las que se destacan: habilitar un periodo de catastro donde el comer­ciante pueda registrarse bajo declaración jurada, apli­car criterios de focalización y el prorrateo de los recur­sos disponibles, atendiendo la cantidad de beneficiarios alcanzados, manifestó hoy la viceministra de Economía, Carmen Marín, en comuni­cación con medios radiales.

La viceministra Marín fun­damentó que la ley, así como se presenta, no es aplicable ya que se habla de otorgar, por una parte, un subsidio de G. 3.000.000 a comercian­tes en general, es decir, no se establece ningún criterio de focalización para que el sub­sidio llegue a aquellos traba­jadores realmente afectados en sus ingresos.

Explicó que otro elemento que tampoco se tiene en cuenta es el entorno de con­vivencia que, por ejemplo, en el programa Pytyvõ fue declarado por las perso­nas que querían acceder al beneficio. “Nosotros quere­mos repetir la experiencia exitosa que tuvimos con el programa Pytyvõ 2.0 y creo que es importante habili­tar un periodo de catastro donde el comerciante pueda registrarse bajo declaración jurada”, mencionó. Precisó además que, en otro apar­tado del proyecto de ley, se manifiesta que el Ministerio de Hacienda coordinará con las gobernaciones y munici­pios para establecer una lista, lo que tampoco permite un periodo de catastro para que cada persona pueda registrar sus datos en una página y así realizar la verificación.

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El costo es también otro aspecto para considerar ya que según las estimaciones realizadas alcanzará entre unos US$ 50 a 60 millones, pero la ley dice que se desti­narán hasta US$ 10 millones. “Entonces cómo hacemos para elegir a quién pagar”. Comentó, por otra parte, que la reunión que mantuvie­ron con los gremios fue bas­tante positiva, ya que acor­daron justamente presentar la próxima semana una pro­puesta alternativa.

La viceministra Carmen Marín reiteró que la ley tiene muchos puntos que dificulta­rán su implementación y que el objetivo principal de la ins­titución es que se aplique un programa que pueda cumplir efectivamente con los objeti­vos del Gobierno nacional, de priorizar a los sectores más afectados por las medidas de restricción aplicadas como consecuencia de la pandemia.

EVALÚAN SUGERIR EL VETO

El Viceministerio de Administración Financiera evalúa alternati­vas a la polémica ley aprobada por el Congreso para subsidiar a comerciantes y trabajadores en situación de informalidad de la zona fronteriza con la Argentina, quienes siguen afectados por la pandemia del covid-19, que mantiene cerradas las fronteras con el vecino país.

Si bien no se descarta el veto del Ejecutivo, desde esta dependencia del Ministerio de Hacienda se analiza proponer un proyecto alternativo o intermedio, considerando la falta de fuente de financiamiento y el criterio poco claro del universo de personas a ser beneficiadas con la ayuda estatal, que contempla el pago de G. 3.000.000 mensuales para comerciantes y G. 500.000 tam­bién mensuales para trabajadores. Ambos por el lapso de un tri­mestre.

Este es el análisis que el viceministro de Administración Financiera, Marco Elizeche, compartió con canal GEN ayer. Rati­ficó que el paquete aprobado por los parlamentarios no tiene res­paldo financiero propio, al prever solo US$ 10 millones, pero en la práctica los desembolsos serían más exorbitantes.

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