El Ministerio de Hacienda maneja propuestas para la viabilidad de la aplicación del subsidio a los comerciantes fronterizos, entre las que se destacan: habilitar un periodo de catastro donde el comerciante pueda registrarse bajo declaración jurada, aplicar criterios de focalización y el prorrateo de los recursos disponibles, atendiendo la cantidad de beneficiarios alcanzados, manifestó hoy la viceministra de Economía, Carmen Marín, en comunicación con medios radiales.
La viceministra Marín fundamentó que la ley, así como se presenta, no es aplicable ya que se habla de otorgar, por una parte, un subsidio de G. 3.000.000 a comerciantes en general, es decir, no se establece ningún criterio de focalización para que el subsidio llegue a aquellos trabajadores realmente afectados en sus ingresos.
Explicó que otro elemento que tampoco se tiene en cuenta es el entorno de convivencia que, por ejemplo, en el programa Pytyvõ fue declarado por las personas que querían acceder al beneficio. “Nosotros queremos repetir la experiencia exitosa que tuvimos con el programa Pytyvõ 2.0 y creo que es importante habilitar un periodo de catastro donde el comerciante pueda registrarse bajo declaración jurada”, mencionó. Precisó además que, en otro apartado del proyecto de ley, se manifiesta que el Ministerio de Hacienda coordinará con las gobernaciones y municipios para establecer una lista, lo que tampoco permite un periodo de catastro para que cada persona pueda registrar sus datos en una página y así realizar la verificación.
El costo es también otro aspecto para considerar ya que según las estimaciones realizadas alcanzará entre unos US$ 50 a 60 millones, pero la ley dice que se destinarán hasta US$ 10 millones. “Entonces cómo hacemos para elegir a quién pagar”. Comentó, por otra parte, que la reunión que mantuvieron con los gremios fue bastante positiva, ya que acordaron justamente presentar la próxima semana una propuesta alternativa.
La viceministra Carmen Marín reiteró que la ley tiene muchos puntos que dificultarán su implementación y que el objetivo principal de la institución es que se aplique un programa que pueda cumplir efectivamente con los objetivos del Gobierno nacional, de priorizar a los sectores más afectados por las medidas de restricción aplicadas como consecuencia de la pandemia.
EVALÚAN SUGERIR EL VETO
El Viceministerio de Administración Financiera evalúa alternativas a la polémica ley aprobada por el Congreso para subsidiar a comerciantes y trabajadores en situación de informalidad de la zona fronteriza con la Argentina, quienes siguen afectados por la pandemia del covid-19, que mantiene cerradas las fronteras con el vecino país.
Si bien no se descarta el veto del Ejecutivo, desde esta dependencia del Ministerio de Hacienda se analiza proponer un proyecto alternativo o intermedio, considerando la falta de fuente de financiamiento y el criterio poco claro del universo de personas a ser beneficiadas con la ayuda estatal, que contempla el pago de G. 3.000.000 mensuales para comerciantes y G. 500.000 también mensuales para trabajadores. Ambos por el lapso de un trimestre.
Este es el análisis que el viceministro de Administración Financiera, Marco Elizeche, compartió con canal GEN ayer. Ratificó que el paquete aprobado por los parlamentarios no tiene respaldo financiero propio, al prever solo US$ 10 millones, pero en la práctica los desembolsos serían más exorbitantes.