El ministro de Hacienda, Óscar Lla­mosas, confirmó que el presidente Mario Abdo Benítez firmó este lunes el decreto reglamentario del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2021. Ase­guró que contempla limita­ciones de gastos superfluos en salarios y nombramien­tos. Tras reunirse con el jefe de Estado en el Palacio de Gobierno, Llamosas aseguró que administrará un presu­puesto similar al del 2020, en el que los aumentos salaria­les se otorgarán solo en casos excepcionales, tales como para trabajadores de la salud.

Óscar Llamosas.

“En general, se mantienen ciertas restricciones rela­cionadas a gastos super­fluos, todo lo relacionado a la contratación de personal, nombramientos y aumentos salariales, todo eso está res­tringido y permitido solo en casos excepcionales, como el caso de salud”, explicó Lla­mosas.

AUMENTOS SOLO POR CONCURSOS PÚBLICOS

Con respecto al criterio que se tendrá en cuenta para con­ceder incrementos salariales, Llamosas afirmó que existe una postura bien definida y todo estará supeditado a la ley que establece que se darán solo por concurso. “Sola­mente se van a autorizar una vez comprobados los concur­sos públicos”, significó, acla­rando que esto será aplicable al Poder Ejecutivo.

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Se exceptúan los poderes Judicial y Legislativo, que incorporaron reasignacio­nes en el momento del trata­miento del proyecto de PGN en el Parlamento Nacional. “Entonces, es por eso que nosotros decimos que el pre­supuesto en líneas generales es administrable. Pero estos pequeños detalles son los que estamos reglamentando den­tro del decreto”, puntualizó.

Por otro lado, el titular de Hacienda recordó que den­tro del presupuesto 2021 exis­ten recursos asignados para el Ministerio de Salud, tanto para la compra de vacunas contra el coronavirus como el sostenimiento de todo el sistema sanitario.

El plan de gastos asciende a 92,2 billones de guaraníes; es decir, US$ 13.010,2 millo­nes. El mismo se encuentra distribuido en un 56,3% para la administración central y 43,7% para las entidades des­centralizadas.

Estos se financian en un 32% con recursos prove­nientes del Tesoro Público (impuestos y otros), 19% con recursos del crédito público y 49% con recursos institu­cionales.

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