(Capítulo 2. Primera parte)

• Gustavo Leite
• Ex ministro de Industria y Comercio

En el mes de agosto del año 2023 se cumplen cincuenta años de la entrada en vigor del Tratado de Itaipú. En el Anexo C del mismo, se prevé que este será revisado luego de transcurridos cincuenta años de vigencia del Tratado. El Anexo C es el que establece las Bases Financieras y de Prestación de los Servicios de Electricidad de la Itaipú.

La fórmula utilizada para la determinación del Costo Unitario del Servicio de Electricidad (tarifa) deja bien en claro que la Itaipú como emprendimiento no busca la obtención de lucros ni tampoco permite pérdidas. Definido el costo del servicio para un año determinado, se determina la cantidad de potencia que Itaipú pondrá a disposición para su contratación; luego, a través de una simple operación aritmética, se obtiene la tarifa en términos de potencia para el año de referencia.

Actualmente, en la estructura del costo, lo que hace al Servicio de la Deuda (amortización más intereses) se sitúa por arriba de 2.000 millones de dólares anuales, alrededor del 63% de todo el costo anual de Itaipú.

En los primeros meses del año 2023, o incluso en los últimos del 2022, se terminará de pagar la deuda que Itaipú tiene con Eletrobras. Esto significa que desaparecerá el componente mayor en la estructura actual del costo.

El elemento diferenciador en la perspectiva actual sobre Itaipú es que financieramente estará libre de deudas para fines del 2022. Eso quiere decir que una central hidroeléctrica de un valor de reposición de más de 70 mil millones de US$, irrepetible hoy por temas ambientales, tendrá un costo anual muy por debajo de los actuales.

La posibilidad cierta de que el Anexo C será revisado coincidentemente con el momento en que la deuda va a ser cero es lo que ha despertado un inusitado interés en toda la ciudadanía. Como muy pocas veces ha ocurrido en nuestro país, un tema acapara la atención de tantas personas, y todas, de alguna manera, buscan información a los efectos de tomar una posición. Hasta la actualidad se han escuchado concretamente dos posiciones.

La primera es que se mantengan los niveles de ingresos actuales en Itaipú, y ese monto de dinero destinado al pago de la deuda, al desaparecer esta, sea dividido igualitariamente entre los socios del emprendimiento, esto significaría ingresos adicionales del entorno de 1.000 millones de dólares al año para el país.

La segunda es que, por aplicación de los criterios actuales, ingresos = egresos, la tarifa disminuya por efecto de la desaparición de la deuda en un porcentaje prácticamente igual al que ocupaba el servicio de la deuda en la estructura de costo, o sea, en un 63% aproximadamente.

Cualquier opción que no sea la segunda dará lugar a intensas negociaciones para llegar a un acuerdo.

Nuestra propuesta para las negociaciones del Anexo C consiste en la venta anticipada de los flujos futuros al mismo precio que el actual para ambas partes, en la moneda de referencia (US$). Dependiendo del plazo de la operación, Paraguay y Brasil podrían disponer inmediatamente de fondos importantes para cada Tesoro. Un fideicomiso administrado por una serie de entidades de alta credibilidad internacional puede aportar seguridad al concepto.

Con los fondos correspondientes a Paraguay proponemos establecer un fondo soberano paraguayo, blindado, que solo pueda invertir en infraestructura física, sea en obras viales, ferroviarias, puertos, escuelas, colegios, universidades, hospitales y centros médicos, generación de energía, líneas de transmisión de alta tensión, o en recompra de deudas del tesoro.

Se extirparía así del presupuesto nacional todo lo que sea infraestructura por los próximos 10 años; el monto actual de servicio de la deuda externa puede inmediatamente pasar a educación y salud, y se eliminaría el odioso y criticado déficit fiscal anual recurrente.

Consultas preliminares apuntan a que cada parte puede obtener 30.000 millones de US$ para sus respectivos tesoros. Esta suma bien invertida nos convertiría en la potencia indiscutible de Sudamérica, en 10 años.

El 50% de la energía de Itaipú es de Paraguay y ello está previsto ya en el Tratado, de manera que dicho elemento no es negociable. Es decir, Paraguay deberá ejercer su derecho de ir retirando cada año más energía hasta utilizar el 100% de su parte.

En la próxima entrega desarrollaremos el concepto del Fondo Soberano Blindado, sus alcances y los sectores y obras emblemáticas que proponemos; además de la inusual dinamización que supondrá para nuestra economía, en el momento crucial post Covid-19.

Agradezco al Ing. Ángel Recalde por su invalorable contribución para el desarrollo de este capítulo.