Un nuevo estudio del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) recomienda a los gobiernos latinoamericanos el uso de datos y nuevas tecnologías para garantizar la integridad de las compras públicas y evitar casos de corrupción que pueden ser letales para atender la pandemia de la COVID-19.
El coronavirus obligó a los gobiernos a realizar compras urgentes de bienes y servicios como camas, medicinas, adecuación de hospitales y material médico. En estos procesos de compra pública, la existencia de casos de corrupción limitaría la efectividad de los esfuerzos para contener la pandemia e implicaría sobrecostos innecesarios que podrían reducir la asistencia sanitaria a miles de ciudadanos.
Para reducir los riesgos de corrupción asociados al abastecimiento público durante la emergencia de la COVID-19, CAF publicó su estudio “Tecnología para la integridad en tiempos de COVID-19” que muestra cómo las nuevas soluciones digitales, acompañadas de una política de datos abiertos, podrían no solo cambiar el frente de batalla de la lucha contra el coronavirus, sino también dar un salto cualitativo en la adopción de políticas de integridad.
“Los riesgos de corrupción suelen incrementarse en tiempos de crisis, pero si las nuevas tecnologías se complementan con el análisis de los datos para el monitoreo de la pandemia, lograríamos reducir los riesgos. Los datos abiertos son esenciales para una gestión óptima de la crisis sanitaria y los programas de emergencia”, dijo Carlos Santiso, director de la Dirección de Innovación Digital del Estado.
La publicación plantea tres ámbitos en los que el abastecimiento de bienes y servicios puede blindarse contra la corrupción durante la crisis de la COVID-19: el de la rendición de cuentas orientada a resultados, el de la publicidad de la contratación directa de emergencia y el de la digitalización en la agregación de demanda para los gobiernos. Un instrumento conocido en compras y contrataciones tanto para gobiernos como para organismos internacionales es el Acuerdo Marco de Precios (AMP).